La Junta de Castilla y León debatirá y decidirá sobre la aplicación del pasaporte COVID o certificado de vacunación el próximo jueves, 9 de diciembre, tras conocerse el aval del Tribunal Supremo a la implantación de esta medida en el País Vasco. Además, estudiará si lo extiende más allá de los hospitales y albergues, como había planteado en un inicio.
Así lo trasladó el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que se reunió ayer en la sede de las Cortes, donde se celebró el Pleno. Indicó que en el próximo Consejo de Gobierno, una vez terminado el puente de la Constitución y la Inmaculada, se estudiará la idoneidad de aplicarlo, en función de la evolución de los contagios del COVID-19.
Al respecto, remarcó que se ha producido una variación con la sentencia del Tribunal Supremo que estima el recurso presentado por el Gobierno vasco contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de País Vaco (TSJV), que impedía exigir el certificado COVID digital para acceder a locales de ocio nocturno y restaurantes con capacidad para más de 50 comensales.
Igea explicó que este fallo crea jurisprudencia, por lo que más allá del informe de los servicios jurídicos, recibido hace 48 horas y que incluía recomendaciones y enmiendas para aplicar el pasaporte COVID en Castilla y León. Esto, indicó, además permite ampliar la propuesta, que insistió se debatirá en siete días, con “todas las posibilidades”. En ese sentido, Francisco Igea aseguró que según evolucionen los datos en los próximos días se tomarán o no otras decisiones, ya que no ocultó que el incremento de contagios de este miércoles fue un “poco sorprendente”.
Francisco Igea, confirmó ayer que el caso sospechoso de la nueva variante Ómicron, procedente de Sudáfrica, que estaba en estudio desde el pasado martes en el Hospital Clínico universitario de Valladolid, ha arrojado un resultado negativo, si bien auguró que “no tardaremos en tener casos positivos de esa variante, como ha sucedido con otras a lo largo de la pandemia”. El vicepresidente de la Junta afirmó ayer que en rueda de prensa que “estamos seguros de que será así, lo que nos preocupa es su letalidad y la capacidad que pueda tener de saturar nuestro servicios hospitalarios”.
Los menores esperan la llegada de nuevas vacunas para inyectarse
El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, pidió ayer a los padres que sean reticentes a que se inocule a sus hijos menores de doce años la vacuna contra el COVID “que confíen en la ciencia, en quienes dedican su vida al estudio de la salud pública y a analizar los riesgos y beneficios en la toma de decisiones”. La decisión de inyectar la vacuna ha sido, recordó, “la última que ha adoptado la Agencia Europea del Medicamento”. “Ha sido muy meditada, y está basada en estudios amplios en los que se ha puesto en juego el riesgo-beneficio, que es muy diferente a lo que sucede en el caso de los mayores”, señaló. Según expuso, la Junta de Castilla y León no hará ningún anuncio oficial “por si no se cumplen las previsiones” de que el próximo día 13 llegarán las dosis para esa población diana. La vacunación de los más jóvenes ayudará, a su juicio, a “controlar la epidemia y el riesgo no en lo menores, donde el peligro es menos elevado, sino en el conjunto de la población, como herramienta para evitar la transmisión del virus”. “Pido a los padres que sean responsables con sus decisiones, que velen por el interés de sus hijos y del conjunto de la comunidad”, completó.
