El sector V de la Cañada Real, situado en Rivas Vaciamadrid, se ha quedado otra vez sin electricidad en plena ola de frío al superarse la potencia máxima que permite UFD, la empresa distribuidora del grupo Naturgy, un uso monotorizado a través de reconectadores automáticos instalados tanto en este sector como en el VI para detectar sobretensiones.

Los vecinos de este sector, que lograron organizarse para tener luz controlando mucho el consumo, temían quedarse sin suministro cuando todos conectasen las estufas y radiadores ante la ola de frío, algo que se ha producido este miércoles. "Sabemos que los reconectadores tienen mucha más capacidad de la que demandan. Llega el invierno y se incrementa el consumo un 50% y la línea se viene abajo", ha denunciado el presidente de la Asociación de Vecinos del sector V, Ángel García Sánchez.

Este vecino se queja de que con la instalación de estos reconectadores automáticos se está "intentando monitorizar el consumo" cuando en este sector de la Cañada no se da el problema de plantaciones de marihuana. "Nos preguntamos si estos aparatos que hacen que se corte el suministro son necesarios por normativa y por qué solo están instalados en los sectores V y VI", ha criticado.

Por su parte, fuentes de Naturgy han explicado a EP que "en ningún momento" han cortado ni limitado la potencia en el sector V de la Cañada, sino que lo que ocurre es que "saltan las protecciones de la red al haber un consumo sobredimensionado". Además, han recordado que no tienen "ni un cliente legal" en este sector.

El sector VI sigue por ahora sin suministro eléctrico y afronta un nuevo invierno. Mientras tanto, la batalla judicial sigue en los tribunales y los realojos se producen a cuenta gotas. El pasado 27 de octubre, los vecinos del sector VI presentaron una solicitud de contratos a UFD. En su respuesta, la compañía precisa que UFD está "en disposición de atender todas las peticiones de conexión a su red de distribución que vayan acompañadas de la documentación que exige la legislación".

En este sentido, la compañía asegura que está "plenamente implicada en colaborar en la resolución del problema, siempre dentro de sus limitadas competencias y del estricto cumplimiento de la legalidad vigente".

Proceso judicial

En el ámbito judicial, el juez que investiga los cortes de suministro de luz designó a finales de verano un perito judicial independiente para la realización de un informe que contrastara la versión aportada por la compañía eléctrica Naturgy.

El proceso penal enfrenta a más de 4.000 afectados por la falta de suministro eléctrico contra Naturgy y la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional vincula los cortes al conflicto relacionado con los cultivos de marihuana. En el sector V el servicio se restableció en enero tras la desconexión de varios puntos sospechosos de alojar plantaciones de marihuana.

Desde Cáritas Madrid piden al Ayuntamiento de la capital y a la Comunidad de Madrid que, además de pensar en el realojo de las familias, mientras tanto, adopten "medidas de emergencia", como proporcionarles catalíticas de butano, leña, pequeños generadores, que pongan lanzaderas a Rivas Vaciamadrid para que acudan a lavanderías o que les subvencionen el lavado de la ropa. El director de Cáritas diocesana de Madrid, Luis Hernández Vozmediano, calcula que con unos 500.000 euros se podrían paliar estas necesidades inmediatas de los vecinos de la Cañada Real. Además, estiman que colocar placas solares podría ascender a 6 millones de euros.

Y aunque hasta ahora han sido las ONG las que han proporcionado la leña o las estufas, piden a las administraciones local y autonómica que asuman su responsabilidad.

Realojar a las familias

El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana firmado en 2017, fruto del acuerdo de todas las fuerzas políticas presentes en la Asamblea de Madrid, marca una hoja de ruta para la solución de este enclave chabolista --con medidas como realojos o renaturalizaciones-- y en él están presentes tanto la Delegación del Gobierno como la Comunidad y los ayuntamientos afectados --Madrid, Coslada y Rivas--.

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, propuso en octubre, en una reunión mantenida con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, realojar a todas las familias de la Cañada en un plazo de tres años, a través de un presupuesto de 200 millones de euros entre todas las administraciones.

Además, el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, anunció durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que van a destinar 5 millones de euros a paliar la situación en la Cañada Real, con lo que demuestran, según dijo, "la voluntad política" del Gobierno para dar una solución a esta situación. Así, el Consejo de Ministros aprobará el día 30 de este mes vía Real Decreto la provisión de 5 millones de euros para los realojos en la Cañada Real Galiana.

Fue el pasado 28 de septiembre cuando se constituyó un grupo de trabajo interministerial impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para dar soluciones integrales a la población de la Cañada Real. El equipo, compuesto por los ministerios de Derechos Sociales, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, está coordinado por la Delegación del Gobierno en Madrid.

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, celebró y acogió "de buen grado" que el Gobierno de España se implique en los realojos de habitantes de la Cañada Real Galiana. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, pedía este miércoles que se vuelva al "espíritu" del Pacto por la Cañada Real porque realizó un "gran avance" en un tema "complejo" gracias a la participación de todos los grupos políticos y las entidades sociales. El Ayuntamiento y el Gobierno autonómico han realizado un total de 135 realojos.