El Congreso de los Diputados ha remitido al Senado la reforma que sustituye la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual por un sistema basado en el apoyo y el respeto a la voluntad de estas personas, con el respaldo de todos los grupos políticos, excepto Vox.

Con el voto favorable de 31 diputados y 5 abstenciones (Vox), la Comisión de Justicia, con competencia legislativa plena, ha aprobado el dictamen al Proyecto de Ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Durante el debate, los portavoces de los grupos han elogiado el espíritu de consenso y el talante dialogante de los partidos para llegar a acuerdos en torno al medio millar de enmiendas presentadas al texto enviado por el Gobierno el pasado 4 de julio.

"Es una buena lección de política útil para avanzar en los derechos de las personas con discapacidad" con el que se consigue "un nuevo hito y un paso hacia la plena igualdad de la capacidad jurídica del colectivo", junto al derecho al voto y la prohibición de las esterilizaciones forzosas, ha aseverado el portavoz socialista, Miguel Ángel González.

"No es un simple cambio terminológico para suprimir palabras como incapacitado, sino que con este proyecto de ley cristalizamos en la idea de respeto a la voluntad de las personas con discapacidad y su derecho al acceso efectivo a la justicia, a realizar un contrato o a tomar una herencia", ha explicado González, añadido.

El objetivo de la reforma es trasladar al ordenamiento la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que establece el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica e insta a los estados a garantizarlo en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida.

Para ello, se proponen cambios en la Ley del Notariado, Código Civil, Ley Hipotecaria, de Enjuiciamiento Civil, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, de la Normativa Tributaria, del Registro Civil y de la Jurisdicción Voluntaria.

Entre las reformas destaca la modificación del Código Civil para establecer un nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad.

En ella, se sustituye la incapacitación o modificación de la capacidad por el apoyo, término que engloba desde la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o la ruptura de barreras arquitectónicas, hasta la representación o sustitución en la toma de decisiones, únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo.

Para la portavoz del PP, María Jesús Moro, "es necesario cambiar de mentalidad no solo de procedimiento y para ello hay que impulsar mucha pedagogía, no solo una ley". "La reforma va a requerir el esfuerzo de todos para dejar atrás un modelo paternalista y poner en marcha el nuevo que se sustenta en los derechos de las personas sean cuales sean sus capacidades".

"Queda mucho por hacer en el compromiso de conseguir una sociedad inclusiva", ha argumentado Marisa Saavedra, de Unidas Podemos, para la que el proyecto de ley supone "un cambio de paradigma importante para que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida".

Ha expresado su apoyo el Grupo Plural, "aunque se podría ir a más", ha dicho el diputado Genis Boadella, y también, el respaldo y el reconocimiento al diálogo y al consenso alcanzado Ciudadanos (Sara Giménez), Grupo Vasco (Mikel Legarda) y Grupo Republicano (Carolina Telechea).

Vox ha sido el único grupo que no ha apoyado la reforma; "la dignidad de la persona con discapacidad no sufre por la limitación de su capacidad jurídica", ha argumentado el diputado José María Sánchez García.

Las principales organizaciones de defensa de la discapacidad, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi, impulsoras de la propuesta legislativa, han seguido el debate en el Parlamento y aplaudido su aprobación.

"Esta reforma acabará con una injusticia histórica para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sobre las que, actualmente, la ley prevé figuras de sustitución en la toma de decisiones contrarias a la Constitución española y a la Convención de Naciones Unidas", destacan la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena Inclusión.