El juez ha solicitado la Junta de Castilla y León más información sobre aspectos concretos de la situación del COVID-19 en Aranda de Duero, de 32.000 habitantes, antes de decidir sobre la petición de prórroga del confinamiento durante siete días en la localidad burgalesa.

En un auto dictado AYER jueves, el titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Burgos considera que la información que ha remitido la Junta para prorrogar una semana el aislamiento de Aranda —que mañana cumple una semana y el Gobierno autonómico quiere alargar hasta el 21 de agosto— es “insuficiente”.

Así, pide a la administración autonómica detalles concretos sobre la evolución de los brotes y casos descontrolados y, muy especialmente, sobre las actuaciones que sobre ellos ha tomado la Junta en este tiempo.

El juez quiere conocer también cuáles han sido los motivos por los que no se han podido identificar los focos descontrolados de la infección.

En su escrito, formula cinco preguntas concretas a la administración autonómica, a la que concede de plazo hasta mañana a las 11:00 para entregar su respuesta.

El juez considera que el documento presentado por la Junta de Castilla y León no se ajusta a lo que solicitó en su auto de ratificación de las medidas para contener la pandemia en la capital ribereña el pasado 7 de agosto, en el que rechazaba el confinamiento de 14 días que pedía la Consejería de Sanidad y lo limitaba a siete días, que se podían prorrogar previa revisión.

En su resolución, el juez pide a la Junta detalles concretos como el número de brotes y número de casos no controlados que existían en el momento de la primera solicitud y su evolución hasta ahora; el origen y progresión de cada uno; y las actuaciones que ha llevado a cabo la Junta en cada uno de ellos.

Los tiempos de respuesta

La petición del juez llevó ayer a la Junta de Castilla y León ha reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que ejerza un “liderazgo” para afrontar la crisis del coronavirus y dote de “herramientas” a las comunidades autónomas para poder “tomar decisiones” contra los contagios de forma homogénea. Principalmente para actuar de forma eficaz y rápida, reduciendo los tiempos de respuesta jurídica, ante cualquier brote.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, aseguró que el Ejecutivo autonómico “no puede luchar contra el virus si no tiene una herramienta eficaz” que permita tomar “resoluciones rápidas y fiables, basadas siempre en criterios epidemiológicos, pero lo suficientemente ágiles para impedir la propagación”. Motivo por el que solicitó “cambios legales para intentar facilitar la toma de decisiones” ante los rebrotes.

Un problema, el de los nuevos focos de infección, que sigue creciendo en Castilla y León con la detección ayer de 12 nuevos brotes en su territorio, donde hay ya 118 puntos problemáticos.