La Junta de Castilla y León se ha comprometido a reforzar con más derechos, más cobertura y más calidad la atención a las personas dependientes y sus familias de Castilla y León. Un compromiso que el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha plasmado por escrito con el Consejo del Diálogo Social y que ejecutará la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, garante de los servicios sociales.

En este acuerdo, la administración regional se ha marcado por objetivo mejorando las prestaciones de dependencia y todos los aspectos de gestión que permitan una disminución de los tiempos en los que se resuelven las solicitudes, hacer los servicios económicamente viables, promover la mejora de las condiciones laborales de las y los profesionales que trabajan en la atención a la dependencia y una mayor profesionalización de los servicios, tanto si la persona dependiente se encuentra en su domicilio, como si están en centro residencial.

Además, la Junta apuesta por incorporar y finalizar los aspectos inconclusos de acuerdos anteriores que, como consecuencia de la extraordinaria situación derivada de la pandemia de COVID-19, el pasado año no pudieron realizarse, así como promover y extender el modelo de atención integral centrado en la persona a todas las prestaciones de dependencia. Para ello, se han establecido como medidas principales continuar reduciendo los plazos de resolución de los expedientes de dependencia, de manea que se reconocerá la efectividad del derecho al segundo mes desde la presentación de la solicitud. Asimismo, se reducirá el tiempo promedio para resolver las solicitudes de dependencia a 90 días de promedio, siendo de 100 días para las solicitudes iniciales, 80 días en las solicitudes de revisión de grado y, a 30 días, en los cambios de prestación sin revisión.

Por otra parte, se promueve la capacitación de los profesionales que prestan sus servicios en la atención a la dependencia, se aborda el incremento de las cuantías de la prestación económica vinculada a servicios y de la prestación económica de asistencia personal, se mejora y refuerza el servicio de ayuda a domicilio y se avanza en la adopción de un nuevo modelo de atención residencial.

Todos estos objetivos y medidas requieren de un compromiso presupuestario que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha adquirido con la provincia de Zamora. Para el próximo año 2022 está prevista una inversión de 114,6 millones de euros, de los que casi 39,5 millones se invertirán en la mejora, modernización y equipamiento de centros, así como en la prestación de los servicios sociales en el conjunto del territorio.

Entre las principales partidas destacan los 19,5 millones para atención a la dependencia; el abono de las pensiones no contributivas, de ancianidad y enfermedad, que concentran más de 11,8 millones de euros; una partida de 3,9 millones para iniciar la construcción de la nueva residencia de la capital y 445.000 euros para obras en la de Benavente; y tres millones de euros para la Renta Garantizada de Ciudadanía. Compromiso y presupuesto para una atención de diez a todos los ciudadanos de la provincia de Zamora.