En el año 1188, el rey Alfonso IX convocó a los “tres estados” a la Curia Regia para celebrar una sesión que se considera el día cero del parlamentarismo en Europa. Allí, en el claustro de San Isidoro de León, se encuentra la semilla de los derechos predemocráticos de los ciudadanos, unas facultades que luego fueron expandiéndose a lo largo de los siglos hasta alcanzar el momento actual, en el que los representantes del pueblo ejercen la potestad legislativa en cámaras como las Cortes de Castilla y León.
Hace ya más de 830 años, en León, los representantes de las ciudades se abrieron paso entre la monarquía, la nobleza y el clero para impulsar un camino que desembocó en un progresivo incremento del poder del pueblo en la toma de decisiones. En ese punto inicial, según señala el profesor de la Universidad Isabel I, doctor en Historia de las Ideas Políticas y miembro del comité científico de la Fundación Castilla y León, Eduardo Fernández, la participación recaía en “un conjunto de oligarquías urbanas”.
Dentro de lo que es el actual territorio de la comunidad autónoma, algunos de esos grupos tenían más peso burgués y “otros un abolengo más rancio, con la presencia de las familias tradicionales”. Además, estaba el caso de Salamanca, donde enseguida comenzó a tener influencia la universidad fundada apenas treinta años después. “En todo caso, pocas personas elegían a sus representantes”, recuerda Fernández. Aun así, la incorporación de los miembros de las ciudades en 1188 fue importante en el desarrollo de la época y creó una estela para otros lugares: “El modelo consensual de Aragón ya es posterior”, subraya el experto, que indica que la cesión del rey llegó por su propia necesidad de ampararse en fuerzas que le respaldaran en contextos de dificultad.
En el avance de los siglos hasta el año 1521, las Cortes Medievales funcionaron como la expresión de la monarquía feudal. La frecuencia de reuniones varió mucho en función de las épocas, así como el número de miembros. En todo caso, en estas reuniones, no había espacio para las clases populares, ni para los campesinos, que carecían de representación. Eso dio lugar a una defensa prioritaria de los intereses de los grupos dominantes, que eran quienes presentaban las peticiones al rey.
En este contexto, se alcanza un siglo XVI en el que una reforma acometida por Carlos I para otorgar una mayor autoridad a los procuradores que ejercían como representantes de las ciudades, y así controlar de manera más férrea el sistema. Esa imposición también estuvo detrás de los motivos que condujeron a la Guerra de las Comunidades.
Tras el conflicto, la derrota de los Comuneros dio alas a las imposiciones regias en detrimento de unas Cortes que vieron cómo sus convocatorias se iban reduciendo a lo largo del mandato de Carlos I, y también de sus sucesores en la casa de los Austrias.
A partir de ahí, Eduardo Fernández apunta que la evolución fue lenta pero sostenida hasta que los avances llevaron al pueblo a pasar de vasallos a súbditos y, más tarde, a ciudadanos. Aun así, todavía siete siglos después, la gente tenía que lidiar con las restricciones de los sufragios censitarios, hasta que las conquistas sociales y liberales permitieron, finalmente, extender el sufragio universal por Europa a partir del primer tercio del siglo XX.
En España y en Castilla y León, para alcanzar el marco actual, hubo que esperar al final de la dictadura franquista y al proceso de transición acometido en los años 70 que dio forma a un nuevo sistema multinivel en el que hicieron su aparición los parlamentos autonómicos, tal y como se los conoce ahora.
