Si se le pregunta a un estudioso de la ciencia política o, ya que estamos, a cualquier ciudadano con sentido común qué debería primar en el caso de presentarse un enfrentamiento entre la salud pública y los intereses de uno o varios partidos políticos, cuesta trabajo creer que nadie pusiera por delante los intereses partidistas. Pero una de las principales críticas que se le han hecho al Gobierno del presidente Sánchez es lo sucedido con la manifestación para conmemorar el Día de la Mujer el pasado 8 de octubre de 2020. Se le echa en cara a Sánchez y sus ministros que para entonces se conocían ya los riesgos de una reunión multitudinaria y, pese a ello, se permitió y se alentó por razones de conveniencia política.
Imaginemos que tenemos las tragaderas necesarias para creernos que los ministros no sabían nada de la covid-19 a principios de marzo del año pasado –cosa que, por otra parte, llevaría a darles el cese de inmediato. Incluso siendo tan cándidos como para conceder ese beneficio de la duda, casi un año después de aquel suceso no hay nadie, ni ministro ni no, que ignore de qué forma nos afecta la pandemia, ya por su tercera oleada de contagios múltiples. Pues bien, siendo así vuelve a plantearse un ataque obvio a la salud pública por razones políticas. Tras mantenerse la fecha del 14 de febrero para las elecciones catalanas, el Govern de Barcelona acaba de anunciar por medio de la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, que permitirá a los ciudadanos el saltarse el confinamiento municipal vigente en Cataluña para poder acudir a mítines políticos. Hundiendo el dedo en la llaga, la señora Budó ha detallado que, pese a que habrá muchos actos de propaganda política telemáticos, se permitirá la asistencia a los actos presenciales de campaña para garantizar que los ciudadanos reciban la información necesaria. Y en el colmo del cinismo ha añadido que se exigirán en los mítines presenciales el aforo reducido, el respeto a la distancia interpersonal y el uso de la mascarilla.
A estas alturas sabemos muy bien cómo se celebran, digan lo que digan las normas, las reuniones multitudinarias. Incluso reducidas al ámbito doméstico, las que se autorizaron con motivo de las navidades han llevado a la aparición de la tercera oleada de contagios. El mismo día en que la consellera anunciaba la autorización para saltarse los confinamientos se notificaron 75 fallecimientos en Cataluña atribuibles a la covid-19 –siempre contados por debajo de la cifra real–, cifrando en 600 la ocupación por parte de infectados por el coronavirus de las 1.100 plazas de UCI que hay en Cataluña. Así que, aunque la señora Badó no lo haya dicho, además de recibir información los que acudan a los mítines presenciales pueden recibir mucho más que eso. La pregunta es si el afán por aprovechar las plataformas partidistas justifica semejante asedio a la salud pública.
