11 de septiembre de 2018
11.09.2018
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Castilla y León se une a Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón y Castilla-La Mancha en busca de una financiación más ajustada y mejor reparto de los fondos de la UE

10.09.2018 | 22:03
Herrera, en la rueda de prensa posterior a la Cumbre Autonómica de Financiación.

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Castilla y León y otras cinco comunidades autónomas -Aragón, La Rioja, Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha- pidieron ayer al Gobierno que aborde de forma "prioritaria y urgente" la reforma de la financiación autonómica y que tenga también un carácter "multilateral". Así se puso de manifiesto en la cumbre celebrada ayer en Zaragoza en la que los presidentes de estas seis comunidades suscribieron una declaración institucional conjunta en la que también se abordó la relevancia que tiene la despoblación y el envejecimiento para estos territorios.

Los presidentes autonómicos recordaron que suponen más de la mitad del total nacional, aunque en materia de población albergan apenas al 21 por ciento de la población española, lo que evidencia el problema de despoblación en el que se encuentran inmersas, algo que se ve empeorado con las tasas de envejecimiento que acumulan. Por ese motivo, también reclamaron que no se deje pasar la oportunidad que constituye el reparto de fondos europeos de cohesión social, y pidieron líneas específicas en el reparto de estos fondos para las zonas más afectadas por la despoblación y el envejecimiento.

Una de las principales conclusiones del encuentro y plasmados en el documento final fue la necesidad de definir el nuevo modelo de financiación autonómica "de forma inmediata" para así garantizar la prestación de los servicios fundamentales por parte de las comunidades. Por ello instaron a avanzar en una propuesta de modelo que tenga un consenso "multilateral" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se tengan en cuenta las particularidades, necesidades y posiciones de las administraciones afectadas.

A juicio de los presidentes de estas seis comunidades, este modelo de financiación autonómica tendría que garantizar la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las comunidades; el sistema de régimen común deberá ser el resultado de un consenso "multilateral" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; la corrección de los déficit de financiación; la potenciación del principio de suficiencia, garantizando que las comunidades dispongan de recursos necesarios para hacer frente a los servicios de su competencia; la definición de un sistema de nivelación total; que ninguna comunidad empeore su posición financiera por culpa de la reforma; y que las necesidades de financiación de las comunidades se fije atendiendo a los determinantes de sus necesidades de gasto reales.

Por otro lado se recogió en el acuerdo que la evaluación de las necesidades reales se llevará a cabo de manera específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales; se tendrá también en cuenta la plena efectividad del principio de lealtad institucional, que impida que decisiones financieras del Estado afecten a la capacidad financiera de las comunidades para hacer frente a la prestación de los servicios.

También se aboga por la potenciación de las políticas de desarrollo regional y, en concreto, del Fondo de Compensación Interterritorial; o por que la reforma del sistema de financiación aborde la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de los territorios autonómicos. Durante sus declaraciones ante los medios de comunicación, los presidentes autonómicos de las seis comunidades reunidas coincidieron en que todas ellas requieren de mejores recursos para poder prestar unos servicios públicos de calidad, en especial teniendo en cuenta la previsión de liquidación de 2017 comunicada hace un par de meses, sin tener en cuenta la incidencia del cambio del sistema de gestión del IVA. Esta circunstancia incide en los recursos disponibles en 2019, dado que la previsión de liquidación del año pasado solo incluye once mensualidades del IVA, cuando debería incluir la totalidad del año.

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