Zamora no funciona sin autónomos

La provincia de Zamora tiene 64.000 afiliados a la Seguridad Social y, de ellos, más de 15.000 cotizan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, casi una cuarta parte del total. El dato basta para entender el enorme peso de los trabajadores por cuenta propia en la economía, pero su importancia va mucho más allá de los números. En un territorio marcado por la dispersión de la población, el autónomo es quien hace funcionar la sociedad allí donde no llegan las grandes empresas. Son las tiendas que mantienen vivos los pueblos y abastecen a sus habitantes sin que tengan que desplazarse diariamente, los bares que resisten como punto de encuentro para los vecinos de pequeñas localidades.

Son quienes sostienen el sector agroganadero, el de mayor peso en la provincia, que en su mayor parte está compuesto por autónomos cuyas explotaciones constituyen la base de una cadena económica mucho más amplia: de ellas depende la industria de transformación agroalimentaria y, a su vez, buena parte de la actividad que termina repercutiendo en los servicios de ciudades como Zamora o Benavente.

Los pequeños empresarios, además, dinamizan la economía del territorio en el que se asientan porque una buena parte de sus ingresos vuelve a circular por el entorno próximo. Es más habitual que una pyme se abastezca de proveedores locales a que lo haga una gran multinacional. También contribuyen a los ingresos públicos porque una microempresa no puede siquiera contemplar la deslocalización ni tributar lejos del lugar donde ejerce su actividad.

Por otro lado, el autoempleo es la principal alternativa ante la escasez de ofertas por cuenta ajena para quienes quieren desarrollar su vida profesional sin abandonar su pueblo. Por eso, cuidar de los autónomos no es una política sectorial desconectada de los grandes problemas de Zamora, sino una parte imprescindible de cualquier estrategia destinada a favorecer el asentamiento de población en los pequeños municipios.

Son las tiendas que mantienen vivos los pueblos y abastecen a sus habitantes sin que tengan que desplazarse diariamente, los bares que resisten como punto de encuentro para los vecinos de pequeñas localidades, son quienes sostienen el sector agroganadero, el de mayor peso en la provincia

Precisamente por eso preocupa comprobar hasta qué punto sacar adelante un pequeño negocio continúa siendo una carrera de obstáculos. Uno de cada tres autónomos de la provincia no ha podido coger vacaciones este verano ya sea por la imposibilidad de delegar el funcionamiento de su negocio o por el elevado coste que supone bajar la trapa y dejar de ingresar durante unos días.

A esa fragilidad se suma la inflación. Los pequeños autónomos pagan las consecuencias de una inestabilidad geopolítica que encarece la energía, el combustible, las materias primas o los suministros. Ante este escenario, tres de cada cuatro se han visto obligados a incrementar los precios en el último año, pero en muchos casos esto les resta competitividad frente a grandes compañías con mayores márgenes de beneficio, más capacidad financiera y una posición más fuerte para negociar con los proveedores. El pequeño empresario queda así atrapado entre unos costes que no controla y unos precios que no puede elevar indefinidamente.

La morosidad añade otra dificultad. Cuatro de cada diez autónomos de Castilla y León sufren retrasos en el cobro de facturas, un problema especialmente grave para pequeños negocios con una tesorería limitada. Tampoco ayuda la falta de trabajadores, sobre todo en sectores como la hostelería y la construcción, ni una burocracia excesiva y una carga fiscal que muchos profesionales perciben como creciente.

Las administraciones disponen de margen para aliviar esa situación. Cuotas reducidas en los meses de menores rendimientos, bonificaciones específicas para quienes desarrollan su trabajo en zonas despobladas o incentivos al relevo generacional contribuirían a sostener actividades que difícilmente serán sustituidas si desaparecen. El problema no es solo conseguir que alguien se dé de alta como autónomo, sino crear unas condiciones que le permitan seguir ejerciendo su actividad durante años. Las ayudas al emprendimiento de las que suelen presumir las instituciones están bien, pero carece de sentido invertir recursos en la puesta en marcha de nuevos negocios y dejarlos solos después de uno o dos años.

Algunas instituciones utilizan las herramientas a su alcance. La Diputación de Zamora, por ejemplo, ha aprovechado fondos europeos para crear un servicio de mentorización dirigido a pequeñas empresas, que elaborará planes de mejora adaptados a cada negocio y les orientará para acceder a posibles ayudas. Además, durante este ejercicio ha destinado un millón de euros a subvenciones destinadas a microempresas del medio rural, tanto para sufragar gastos de constitución como para favorecer la digitalización, modernización y promoción de las ya existentes o la adquisición de vehículos industriales.

Son medidas positivas, pero se necesita ir más allá, especialmente por parte de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, que son quienes más pueden hacer por aliviar las cargas que soportan estos profesionales. La Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León ha planteado recientemente una exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros al año, que los autónomos dejen de cotizar desde el primer día de una baja que les impida trabajar y una simplificación real de la burocracia. Ante la falta de relevo generacional, propone además compatibilizar el trabajo con el cobro del 100% de la pensión para quienes quieran seguir ejerciendo más allá de la edad de jubilación.

Todas estas propuestas pueden ser objeto de debate, pero el diagnóstico de fondo es difícil de discutir: Zamora necesita que sus autónomos puedan seguir creciendo. Ayudar a que abra un negocio es importante; conseguir que se mantenga abierto durante décadas lo es todavía más.

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