Opinión
Dique real
"La principal fortaleza de la Monarquía parlamentaria en el siglo XXI no reside en el ejercicio del poder ejecutivo, sino precisamente en su neutralidad"

Felipe VI recibe en Marivent al presidente de Ceuta. / Guillem Bosch
Frente a la estridencia tabernaria y el señalamiento constante del felpudo político, la figura del rey Felipe VI emerge como el dique de contención constitucional que garantiza la unidad y permanencia del Estado. El monarca representa a todos los españoles, sin preguntar por su ideología ante un apretón de manos fortuito en un acto internacional. La Corona ejerce con sobriedad sus funciones arbitrales, ajena a los intentos gubernamentales de instrumentalizar o doblegar la Jefatura del Estado a la trifulca diaria. Los ataques furibundos de ministros desnortados rebotan contra una institución arraigada en la normalidad democrática, demostrando que la mesura del Rey es el mejor antídoto contra la crispación permanente.
En una época marcada por la polarización extrema, el asalto a las instituciones y la quiebra de los consensos básicos, la España constitucional cuenta con un seguro de vida político que a menudo pasa desapercibido por su propia naturaleza silenciosa y prudente. Frente a la estridencia diaria de la política partidista y los intentos de someter el ordenamiento jurídico a los intereses coyunturales de los gobiernos de turno, la Corona, encarnada en el rey Felipe VI, se erige hoy más que nunca como el dique de contención constitucional que garantiza la permanencia, la convivencia y la unidad de la nación.
La principal fortaleza de la Monarquía parlamentaria en el siglo XXI no reside en el ejercicio del poder ejecutivo, sino precisamente en su neutralidad y en su distancia respecto al fango de la disputa electoral. Mientras los partidos políticos operan bajo la lógica del corto plazo y la división social para asegurar su supervivencia, el Rey representa la continuidad histórica y el compromiso con las generaciones pasadas, presentes y futuras.
Don Felipe no compite por el voto, lo que le permite ser el jefe de todos los españoles, sin distinción de ideologías, regiones o siglas. Su legitimidad no emana de la última encuesta, sino de la propia Constitución de 1978. En momentos de crisis institucional, la Corona actúa como el árbitro que recuerda a los poderes públicos los límites de sus competencias. Su función no es gobernar, sino garantizar que quienes gobiernan lo hagan dentro del marco de las reglas del juego democrático. Ya sabemos que ministros tiene el Gobierno que se saltan a diario las reglas del juego democrático, son tabernarios y, además, actúan como auténticos Neandertales.
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