La sanidad, por encima de la batalla política

Más de 230.000 consultas canceladas y 5.000 cirugías suspendidas por la huelga de médicos es el balance con el que la sanidad de Castilla y León cerró el curso antes del paréntesis veraniego, pero agosto se acerca a su fin y septiembre amenaza con traer de vuelta las movilizaciones. No son números menores ni pueden despacharse como un efecto colateral inevitable de una negociación laboral enquistada. Detrás de cada consulta anulada y de cada intervención aplazada hay pacientes, familias y profesionales sometidos a una presión creciente.

Solo cinco semanas de paro, entre febrero y junio, agravaron unas listas de espera que ya eran excesivas, tanto para consultas externas de especialidades hospitalarias como para intervenciones quirúrgicas. De reanudarse la huelga, como todo indica que sucederá, se podrían suspender 25.000 intervenciones quirúrgicas más de aquí a diciembre, según cálculos del propio Sacyl hechos públicos por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

El estancamiento de las negociaciones es fruto de la falta de entendimiento entre el Ministerio que dirige Mónica García y los representantes de los facultativos que exigen un estatuto profesional propio, mientras los gobiernos autonómicos tratan de tomar medidas para paliar las consecuencias de la huelga. En Castilla y León, la Consejería ha emprendido el diseño de un Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención con el objetivo de que la comunidad vuelva a tener uno de los mejores tiempos de respuesta de todo el Sistema Nacional de Salud. El departamento tiene experiencia en estas lides, pues el plan de choque puesto en marcha a partir de 2022 para reducir las demoras de determinados tipos de cirugía, llamado Perycles, ha dado resultados positivos en los últimos años.

Aun así, hay especialidades hospitalarias en las que el tiempo de espera para una primera consulta es inaceptable. En la provincia de Zamora se puede tardar más de 200 días en ver a un endocrino, y unos 300 en ser atendido por un traumatólogo o un urólogo cuando no se trata de una urgencia.

La Atención Primaria tampoco queda al margen de este conflicto. En las zonas de difícil cobertura, cualquier ausencia prolongada o reducción de efectivos tiene un impacto especialmente acusado sobre unos equipos que deben atender a una población dispersa, envejecida y con una elevada presencia de pacientes crónicos. Si las movilizaciones regresan en septiembre, la presión no recaerá únicamente sobre los hospitales y sus listas de espera, sino también sobre la Atención Primaria, puerta de entrada al sistema sanitario. Resulta llamativo que este riesgo no parezca preocupar suficientemente a quienes deberían llevar la batuta de las negociaciones, mientras instituciones sin competencias en materia sanitaria destinan parte de sus recursos a tratar de mejorar la atención en el medio rural. Valga como ejemplo el convenio firmado este verano por la Diputación de Zamora con el Colegio de Médicos para incentivar económicamente a los estudiantes de Medicina y médicos residentes que se formen en centros de salud y consultorios locales de la provincia.

Ante unas cifras que ya eran preocupantes antes del inicio de la huelga y que se repiten con mayor o menor intensidad en hospitales y centros de salud de cada autonomía y de cada provincia de España, no parece razonable que el conflicto laboral siga enquistado sin que el Ministerio de Sanidad agote todas las vías de negociación con los representantes de los médicos. Mónica García tiene una oportunidad de oro para demostrar que está a la altura del cargo que ocupa y asumir personalmente la responsabilidad de las negociaciones, sentarse con quienes mantienen las movilizaciones y explorar hasta el límite las posibilidades de acuerdo.

Mantener abierto el conflicto supone trasladar sus consecuencias a las comunidades autónomas, que son las que gestionan hospitales, centros de salud y listas de espera y, por tanto, las que reciben directamente el desgaste ante los ciudadanos. Que la mayoría de esos gobiernos autonómicos sean de signo político contrario al Ejecutivo central y que tuviésemos a la vista los procesos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía y ahora se aproxime un año electoral alimenta inevitablemente las suspicacias. Que el cálculo político interfiera en la gestión sanitaria resulta inadmisible. La sanidad no puede convertirse en un campo de batalla entre administraciones ni los pacientes ser quienes paguen la factura de una negociación que no debería llegar bloqueada a septiembre.

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