¿Desde cuándo la física vota?

Hay decisiones políticas que pueden discutirse. Hay decisiones económicas que pueden discutirse. Y después están aquellas decisiones que, al menos en parte, deberían dejar bastante menos espacio para la ideología. La energía es una de ellas.

Una central nuclear no sabe si gobierna la izquierda o la derecha. Un reactor no entiende de pactos de investidura. La fisión nuclear no cambia sus propiedades dependiendo de quién ocupe La Moncloa. La física, por suerte, tiene esa desagradable costumbre de no negociar.

Durante años hemos asistido en España a un debate energético en el que la energía nuclear parecía tener una condena previa. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima mantiene todavía el escenario de cierre ordenado y escalonado del parque nuclear entre 2027 y 2035. Y aquí es donde empiezan mis dudas.

Porque si una central nuclear es segura, produce electricidad de forma continua, no depende de que sople el viento o brille el sol y permite reducir el consumo de combustibles fósiles, cuesta entender que su desaparición tenga que ser considerada una especie de dogma energético. Mucho más cuando el propio sistema nos está obligando a replantearnos algunas certezas.

El pasado mes de julio, el Consejo de Seguridad Nuclear emitió un informe favorable a la renovación de la autorización de Almaraz. No fue una opinión política ni una declaración de una compañía eléctrica. Fue el resultado de un proceso técnico en el que participaron 16 áreas especialistas del organismo regulador y se analizaron 29 documentos. El CSN concluyó que la central mantenía un nivel adecuado de seguridad para continuar operando, estableciendo además condiciones y límites concretos. Y hoy el Gobierno ha autorizado esa continuidad hasta 2030.

Bienvenida sea la rectificación. Pero entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Qué ha cambiado en el reactor? No demasiado. Lo que ha cambiado, aparentemente, es nuestra percepción de la realidad. Porque Almaraz no se ha vuelto segura esta mañana. La evaluación técnica ya decía en julio que podía continuar funcionando bajo determinadas condiciones. Lo que ha cambiado es la decisión política. Y eso debería hacernos reflexionar.

Durante mucho tiempo se nos presentó el cierre nuclear como una especie de inevitable consecuencia del progreso energético. Como si la tecnología hubiera quedado obsoleta y las centrales fueran necesariamente incompatibles con el futuro renovable. Pero una cosa es apostar por las renovables y otra muy distinta considerar que para hacerlo sea necesario prescindir de todo aquello que funciona. No hay ninguna ley de la física que establezca que una placa solar tenga que competir con un reactor nuclear. De hecho, pueden complementarse.

La electricidad tiene una característica peculiar. No podemos almacenarla masivamente y de forma económica en las cantidades necesarias para garantizar en todo momento la demanda del sistema. Por eso necesitamos generación capaz de producir cuando la necesitamos. Una instalación fotovoltaica puede producir muchísimo durante las horas centrales de un día soleado. Una central nuclear puede producir electricidad de manera continua durante largos periodos. No son exactamente la misma herramienta. Y precisamente por eso tiene poco sentido convertir la política energética en una competición moral entre tecnologías.

La cuestión debería ser mucho más sencilla. ¿Qué combinación permite disponer de electricidad segura, abundante, competitiva y con bajas emisiones? Si la respuesta incluye renovables, estupendo. Si incluye almacenamiento, redes, hidráulica y gestión de la demanda, estupendo. Y si incluye nuclear, tampoco debería pasar nada. De hecho, hay algo especialmente llamativo en lo que está ocurriendo en Cataluña. Las centrales de Ascó y Vandellós representan una parte fundamental de la generación eléctrica catalana. Empresarios y organizaciones como Foment del Treball llevan meses reclamando que el calendario de cierre se revise, precisamente porque consideran que mantenerlas es importante para la industria y para la seguridad de suministro.

Y aquí aparece una ironía política difícil de ignorar. Si una central nuclear es una mala idea cuando lo dice un técnico, debería seguir siendo una mala idea aunque lo diga un socio parlamentario. Y si es una buena idea cuando lo necesita la industria catalana, quizá también lo sea cuando la necesita Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia o cualquier otra parte de España. La ciencia tiene una ventaja sobre la política. No necesita aliados parlamentarios. El reactor de Ascó no funciona mejor porque lo apoye Junts. Almaraz no es más segura porque ahora interese mantenerla. Y Vandellós no será menos contaminante porque su continuidad pueda resultar políticamente incómoda.

Los neutrones no entienden de territorios. Tampoco de elecciones. Y mucho menos de ideologías. Por eso siempre me ha resultado difícil aceptar determinadas etiquetas utilizadas contra quienes defendemos la energía nuclear. Se ha llegado a presentar esta tecnología como una energía propia de "ultrarricos", como si defender la nuclear fuera defender los intereses de quienes pueden permitirse cualquier factura eléctrica.

Yo lo veo exactamente al contrario. La energía es demasiado importante como para convertirla en una cuestión de identidad política. Cuando una familia enciende el aire acondicionado en agosto, no le pregunta a la electricidad si procede de una central nuclear, de un aerogenerador o de una planta solar. Necesita que funcione. Cuando una industria quiere instalarse en España, necesita electricidad abundante, estable y competitiva. Y cuando un hospital necesita mantener funcionando sus equipos durante las 24 horas del día, tampoco puede depender de que haya viento suficiente.

Por eso creo que la decisión de mantener Almaraz es una buena noticia. Pero también creo que debería servir para algo más. Para abandonar definitivamente la idea de que cerrar las centrales nucleares constituye un destino inevitable. Si los criterios deben ser la seguridad, el coste, la estabilidad del sistema y la capacidad de garantizar el suministro, que sean esos criterios los que decidan. No los calendarios políticos. No los pactos parlamentarios. No las etiquetas ideológicas.

Porque si una central es segura y necesaria para el sistema, cerrarla por motivos distintos de esos criterios sería tan absurdo como mantenerla funcionando cuando los técnicos dicen que no es segura. Y en ambos casos estaríamos cometiendo el mismo error. Dejar que la política decida aquello que debería decidir la ciencia. La física no cambia de opinión después de unas elecciones. Quizá nosotros deberíamos intentar hacer lo mismo. n

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