La generación del fuego extremo: más allá de los incendios que lo devoran todo

Impotencia era la palabra que repetía mi tío Ángel cuando le pregunté por el incendio que asoló Fermoselle en 2017. Junto con el miedo, probablemente sea el sentimiento que mejor describe lo que experimenta una persona cuando observa cómo las llamas se aproximan a su pueblo, cómo el cielo se vuelve naranja y cómo aquello por lo que hemos luchado —una casa, un bosque, un modo de vida— puede desaparecer en cuestión de horas.

Aquel incendio de Fermoselle quemó alred¿Qué significa que un incendio esté

fuera de capacidad de extinción?edor de 1.500 hectáreas. Fue una tragedia enorme para quienes la vivieron, pero su extensión representa menos del 3% de las más de 50.000 hectáreas que, según las estimaciones provisionales, ha arrasado el incendio iniciado en Burgohondo, Ávila. Nunca se había registrado en España un incendio tan devastador.

El dato más inquietante no es únicamente el récord. Según los recuentos provisionales, cuatro de los cinco incendios más extensos registrados en España se han producido entre 2025 y 2026. Zamora ya había sufrido en 2022 una advertencia brutal: los incendios de la Sierra de la Culebra y Losacio calcinaron conjuntamente más de 56.000 hectáreas. Aquello que hace pocos años considerábamos excepcional empieza a dejar de serlo.

¿Qué está sucediendo para que los grandes incendios sean cada vez más veloces, agresivos y difíciles de controlar?

Un incendio con vida propia: Anatomía de los incendios de sexta generación

El incendio de Burgohondo y algunos de los fuegos que estos días castigan el centro peninsular han sido descritos como incendios de sexta generación. Conviene aclarar qué significa realmente esa expresión.

No se trata de una categoría legal ni de una escala universal comparable a la de los terremotos. Es un modelo operativo desarrollado por especialistas en comportamiento del fuego, para explicar cómo los cambios sociales, territoriales y climáticos han ido planteando nuevos desafíos a los sistemas de extinción.

Tampoco significa que los incendios antiguos hayan desaparecido. En un mismo verano pueden convivir fuegos de primera, tercera o sexta generación. La clasificación indica cuál es el factor que permite que un incendio supere las capacidades de control disponibles: primero fue la continuidad del combustible; después, la velocidad; más tarde, la intensidad, la penetración en la interfaz urbano-forestal, la simultaneidad de grandes incendios y, finalmente, la capacidad del fuego para alterar la atmósfera.

Un incendio de sexta generación no se define simplemente por superar las 10.000 hectáreas. El tamaño importa, pero lo decisivo es su comportamiento extremo: libera tanta energía que deja de limitarse a responder al viento, la pendiente y el combustible. El propio incendio comienza a modificar el aire que lo rodea.

El calor genera una columna convectiva formada por gases, humo, cenizas y aire extremadamente caliente que puede ascender varios kilómetros. Si la atmósfera contiene suficiente humedad y es inestable, esa columna puede originar un pirocúmulo e incluso un pirocumulonimbo, una auténtica tormenta generada por el fuego.

Estas nubes pueden producir turbulencias intensas, cambios repentinos en la dirección del viento, rayos y corrientes descendentes. Si la columna pierde estabilidad o colapsa, el aire puede precipitarse violentamente hacia el suelo y expandirse en todas direcciones. Al mismo tiempo, las brasas y fragmentos incandescentes son transportados a kilómetros del frente principal, creando nuevos focos detrás de las líneas de defensa. El incendio deja entonces de avanzar como una línea relativamente predecible y comienza a comportarse como un sistema atmosférico caótico.

Es, literalmente, un fuego que fabrica parte de su propio clima.

¿Qué significa que un incendio esté fuera de capacidad de extinción?

Cuando los responsables de emergencias afirman que un incendio está «fuera de capacidad de extinción» no están diciendo que los bomberos hayan dejado de trabajar ni que el incendio sea eternamente inapagable.

Significa que, durante determinadas horas y en algunos sectores, la intensidad del frente supera el nivel en el que puede realizarse un ataque directo con unas garantías mínimas de eficacia y seguridad. En ese momento, arrojar más agua o situar más personas delante de las llamas no resuelve el problema: puede convertir una emergencia ambiental en una tragedia humana.

La intensidad del fuego se mide habitualmente en kilovatios por metro de frente, kW/m. Algunos marcos operativos sitúan alrededor de los 10.000 kW/m el límite superior a partir del cual los medios aéreos dejan de resultar eficaces para contener directamente el frente. No es una frontera matemática idéntica para todos los incendios, pero permite comprender la magnitud del problema.

En esas condiciones, los equipos deben buscar ventanas de oportunidad: atacar los flancos, aprovechar carreteras, campos cultivados o zonas previamente gestionadas, esperar una reducción del viento o de la temperatura y proteger prioritariamente a la población.

Frecuentemente, estos fuegos operan bajo la temida regla del 30-30-30 —más de 30 grados, menos del 30% de humedad y vientos superiores a 30 kilómetros por hora— es una advertencia útil, pero no una ley de la naturaleza. La sequedad acumulada de la vegetación, el relieve, la estabilidad atmosférica, la cantidad de combustible y la duración de las olas de calor pueden convertir un escenario aparentemente menos extremo en una situación igualmente crítica.

Este escenario es crítico en la interfaz urbano-forestal, donde la cercanía de viviendas al monte obliga a priorizar la protección de vidas e infraestructuras (defensa de estructuras y evacuaciones). Esto supone una «servidumbre» de recursos: el personal y los medios deben abandonar el combate del frente principal para asegurar las zonas habitadas, permitiendo que el incendio crezca libremente en las áreas forestales.

No es una mala decisión de los bomberos. Es la única decisión moralmente posible. Pero demuestra que la prevención no puede limitarse al interior de los bosques. También debe incluir el diseño de los pueblos, las franjas de seguridad alrededor de las viviendas, los materiales de construcción, los planes de evacuación y la formación de la ciudadanía.

La(s) chispa(s) que lo encienden todo: Emergencia climática y abandono rural

Todo incendio necesita una ignición. Puede proceder de un rayo, una negligencia, una línea eléctrica, una quema descontrolada, una maquinaria que genera chispas o una acción deliberada.

En el caso de Burgohondo, la investigación de la Guardia Civil ha conducido a la detención de una persona y a la investigación de otra por el presunto uso imprudente de maquinaria pesada durante un periodo en el que esa actividad estaba restringida.

Pero confundir la causa de ignición con la causa de la catástrofe es uno de los grandes errores del debate público.

Una chispa puede iniciar el fuego. Lo que determina si ese fuego quema una hectárea o cincuenta mil es la combinación entre la meteorología, la humedad de la vegetación, la cantidad y continuidad del combustible, la topografía, la rapidez de detección y la capacidad de respuesta.

El primer actor es el cambio climático, el cual no maneja una radial ni arroja una cerilla. Lo que hace es comprar más boletos: eleva las temperaturas, intensifica la evaporación, seca los combustibles, prolonga las olas de calor y aumenta la frecuencia de condiciones meteorológicas favorables para los incendios extremos.

El IPCC concluye que las condiciones de calor, sequedad y viento asociadas al peligro de incendios se han hecho más probables en algunas regiones y aumentarán con mayores niveles de calentamiento. Para el sur de Europa, proyecta un incremento del riesgo de incendios a medida que aumenta la temperatura global. AEMET también ha documentado el crecimiento de la frecuencia, duración, extensión e intensidad de las olas de calor en España desde la década de 1970. Algunos estudios tras los incendios ibéricos de 2025 estimó que las condiciones extremadamente cálidas, secas y ventosas que los alimentaron eran unas cuarenta veces más probables en el clima actual que en el mundo preindustrial. El matiz es importante: no significa que cada incendio sea «cuarenta veces causado» por el cambio climático, sino que el escenario meteorológico que permite su comportamiento extremo se ha vuelto mucho más probable.

El otro combustible: el abandono territorial

El clima explica una parte decisiva, pero no actúa sobre un territorio vacío.

Durante décadas, una parte importante del mundo rural español ha perdido población, agricultura, ganadería extensiva, aprovechamientos forestales y caminos mantenidos. Zamora representa de manera especialmente dolorosa este proceso: desde mediados del siglo XX ha perdido cerca de la mitad de su población y sus perspectivas demográficas continúan siendo negativas.

Cuando todo esto ocurre, el paisaje pierde discontinuidades. Los antiguos mosaicos de campos, dehesas, pastizales, viñedos, huertos y zonas arboladas se transforman progresivamente en grandes superficies continuas de vegetación.

Esa vegetación no es «basura». El matorral, la madera muerta y la materia orgánica forman parte de los ecosistemas, protegen el suelo, almacenan carbono y ofrecen refugio a numerosas especies.

Hablar indiscriminadamente de «limpiar el monte» transmite la idea equivocada de que un bosque sano debería parecer un parque urbano impoluto.

El término adecuado es «gestionar». Gestionar significa decidir dónde conviene aclarar masas excesivamente densas, dónde recuperar pastos, dónde introducir ganadería extensiva, dónde realizar quemas prescritas, dónde mantener madera muerta por su valor ecológico y dónde crear discontinuidades que permitan a los equipos de extinción trabajar con seguridad.

No se trata de desbrozar cada metro cuadrado de España. Sería ecológica y económicamente imposible. Se trata de intervenir estratégicamente para que, cuando llegue el fuego, no encuentre una autopista sin peajes continua de combustible desde una sierra hasta la siguiente.

El gráfico que acompaña estas líneas resume esta transformación.

La primera generación apareció cuando el abandono rural produjo grandes continuidades de combustible. La segunda añadió velocidad. La tercera incorporó una intensidad capaz de lanzar focos secundarios y superar el ataque directo. La cuarta introdujo el incendio dentro de la interfaz urbano-forestal. La quinta añadió la simultaneidad de varios grandes incendios, capaz de colapsar los sistemas de emergencias. La sexta coloca el cambio climático sobre todos los factores anteriores y permite la aparición de tormentas de fuego y fenómenos atmosféricos de elevada incertidumbre.

No es solamente una historia sobre cómo ha cambiado el fuego. Es una historia sobre cómo hemos cambiado nosotros.

Hemos abandonado una parte del territorio, construido en zonas vulnerables, calentado la atmósfera y confiado casi toda nuestra seguridad a unos dispositivos de extinción cada vez más eficaces. Esa eficacia ha apagado miles de fuegos pequeños, pero también ha contribuido involuntariamente a que, en determinados lugares, se acumule vegetación durante décadas.

Cuando finalmente coinciden una ignición, una ola de calor, combustible extremadamente seco y viento, el incendio liberado puede superar todo lo conocido.

Cuando el fuego también se politiza: De mitos a la tergiversación

Las catástrofes generan miedo y el miedo exige explicaciones rápidas. En ese terreno prospera la desinformación… y los malos políticos.

La primera narrativa afirma que las administraciones «prohíben limpiar los montes» y multan automáticamente a quien intenta gestionarlos. Esto es simplemente falso.

La gestión forestal está regulada porque una tala, un desbroce, una poda y una quema no tienen los mismos impactos ni los mismos riesgos. En Castilla y León, el Decreto 5/2025 establece diferentes procedimientos según el tipo de aprovechamiento: actividades exentas, declaraciones responsables y actuaciones que requieren autorización. Durante las épocas de alto riesgo también se restringen las quemas y el uso de maquinaria capaz de producir chispas. Estas normas pueden ser mejorables y su tramitación puede resultar en ocasiones lenta o heterogénea, pero eso es muy distinto de afirmar que la gestión forestal está prohibida.

Existe una crítica legítima: los propietarios no siempre reciben respuestas rápidas, faltan recursos técnicos, los criterios pueden variar entre territorios y desde algunos entornos urbanos se idealiza una naturaleza estática e intocable. Desmentir un bulo no obliga a negar esas deficiencias.

La segunda narrativa culpa a la Agenda 2030. Pero la Agenda 2030 es una resolución internacional, adoptada en 2015 por los Estados miembros de Naciones Unidas, que plantea objetivos generales de desarrollo sostenible. No es una ordenanza forestal ni contiene multas para quien pode un árbol o desbroce una parcela. Las obligaciones concretas proceden de las leyes estatales, autonómicas y municipales, no de los colores de un logotipo.

Eso no convierte la Agenda 2030 en intocable. Su aplicación es claramente insuficiente: el informe de Naciones Unidas de 2025 señalaba que solo el 35% de las metas evaluables avanzaba adecuadamente o mostraba progresos moderados, mientras que un 18% había retrocedido. También puede utilizarse como barniz publicitario o greenwashing por instituciones y empresas que mantienen prácticas insostenibles. Pero ninguna de esas críticas demuestra que obligue a abandonar los montes.

La tercera teoría sostiene que los incendios se provocan para instalar parques eólicos o fotovoltaicos. La regla general establecida por el artículo 50 de la Ley de Montes prohíbe cambiar el uso forestal de los terrenos incendiados durante al menos treinta años y obliga a favorecer su restauración.

La ley contempla excepciones: usos ya previstos antes del incendio o razones imperiosas de interés público aprobadas mediante una ley y acompañadas de medidas compensatorias. Ocultar estas excepciones sería tan incorrecto como presentarlas como una autorización automática para recalificar cualquier terreno quemado. Además, los proyectos con efectos ambientales significativos siguen sometidos a los procedimientos de evaluación correspondientes. Que un terreno se queme no elimina esos trámites.

Puede haber conflictos legítimos sobre la ubicación de las renovables, su impacto paisajístico, la fragmentación de hábitats o los beneficios que dejan en el territorio. Pero para acusar a alguien de provocar un incendio hacen falta pruebas, no una fotografía de placas solares tomada años después y a decenas de kilómetros.

No necesitamos más bosque: necesitamos mejores paisajes

Durante mucho tiempo, la política contra incendios se ha concentrado en apagar el fuego una vez iniciado. España dispone de profesionales altamente capacitados, medios aéreos, brigadas forestales, sistemas de vigilancia y herramientas de predicción cada vez más avanzadas.

Pero ningún país puede construir una flota suficientemente grande para apagar de frente una tormenta de fuego.

La respuesta debe comenzar mucho antes del verano. Necesitamos recuperar paisajes en mosaico, apoyar la ganadería extensiva, facilitar el aprovechamiento sostenible de la madera y la biomasa, mantener cultivos estratégicos, utilizar el fuego prescrito cuando las condiciones lo permitan y crear áreas de baja carga de combustible alrededor de pueblos e infraestructuras. Lo que se conoce como silvicultura.

Y, sobre todo, necesitamos volver a mirar a los pueblos. La prevención de incendios no puede descargarse sobre personas mayores, ganaderos en dificultades o propietarios que asumen en solitario el coste de mantener un territorio del que se beneficia toda la sociedad. La política forestal debe estar vinculada a una economía rural que permita vivir dignamente del paisaje sin destruirlo.

También debemos afrontar la raíz climática y evitar negarla. Gestionar el monte sin reducir las emisiones sería como vaciar una bañera sin cerrar el grifo. Reducir las emisiones sin adaptar el territorio sería confiar en que el agua deje de subir mientras seguimos retirando cubos.

Necesitamos ambas cosas.

Los incendios extremos no son inevitables en todas sus consecuencias. No podemos impedir cada rayo, cada accidente ni cada conducta irresponsable. Tampoco podemos recuperar en unos pocos años un paisaje transformado durante más de medio siglo.

Pero sí podemos poner trabas al fuego.

La desinformación ofrece culpables sencillos: un ecologista, un ganadero, una placa solar, una agenda internacional o una administración concreta. La realidad científica es menos cómoda. Los grandes incendios nacen de la interacción entre clima, territorio, combustible, igniciones, urbanización y decisiones políticas acumuladas durante décadas.

Combatirlos exige la misma complejidad.

Cuando mi tío Ángel repetía la palabra impotencia, estaba describiendo una experiencia humana: la de observar una fuerza que parece superar cualquier capacidad de respuesta.

La impotencia puede ser comprensible como sentimiento. Lo que no puede convertirse es en una política pública.

Porque si seguimos actuando únicamente cuando las llamas ya ocupan el horizonte, la próxima generación de incendios será aún más devastadora.

Está en nuestras manos evitarlo.

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