No podemos seguir confiando nuestros montes a la suerte

Durante demasiado tiempo hemos aceptado una concepción equivocada de la lucha contra los incendios. Hemos concentrado buena parte de los esfuerzos en apagar el fuego una vez iniciado, mientras la prevención quedaba relegada a un segundo plano. Naturalmente, necesitamos helicópteros, hidroaviones, vehículos, equipos de protección y los medios de extinción más avanzados. Pero ningún dispositivo, por moderno que sea, puede sustituir el trabajo previo sobre el monte.

La prevención no ofrece imágenes espectaculares. No suele ocupar portadas ni abrir informativos. Un trabajador limpiando una franja de terreno en febrero genera menos atención que un helicóptero descargando agua sobre las llamas en agosto. Sin embargo, esa tarea silenciosa puede impedir que el incendio se produzca o evitar que alcance una dimensión incontrolable.

Ahí se encuentra una de las grandes contradicciones de nuestra política forestal. Estamos dispuestos a movilizar enormes recursos cuando el fuego ya avanza, pero seguimos sin destinar a la prevención el esfuerzo que exige la realidad climática y territorial de Castilla y León. Lo urgente termina desplazando siempre a lo importante, aunque lo importante sea precisamente aquello que podría evitar la emergencia.

Esta forma de actuar resulta, además, económicamente ineficiente. Prevenir cuesta dinero, pero extinguir incendios cuesta mucho más. A los gastos directos del operativo se añaden la pérdida de masa forestal, cultivos, ganado, viviendas e infraestructuras, así como el daño sobre el turismo, la biodiversidad y las posibilidades de desarrollo del territorio. Después llegan la restauración ambiental, las ayudas y los años necesarios para recuperar espacios que el fuego destruye en unas pocas horas.

Pero existe un coste todavía más difícil de medir: el miedo que queda en nuestros pueblos. Quien ha visto acercarse las llamas, quien ha tenido que abandonar su casa o quien ha perdido el paisaje en el que creció no contempla el siguiente verano de la misma manera. Cada incendio deja una cicatriz física sobre el terreno y otra emocional sobre quienes lo habitan.

Por eso no estamos hablando únicamente de política forestal. Estamos hablando de protección civil, de ordenación territorial, de lucha contra la despoblación y de justicia con el medio rural.

Resulta contradictorio pedir a la gente que permanezca en nuestros pueblos mientras no garantizamos una adecuada conservación de su entorno. No podemos defender la repoblación rural y, al mismo tiempo, mantener montes abandonados, caminos inaccesibles o medios insuficientes. Proteger nuestros pueblos exige proteger también el territorio que los rodea.

La experiencia demuestra, además, que la gestión forestal puede ser una fuente de empleo estable y cualificado. La limpieza de montes, el aprovechamiento de la biomasa, la ganadería extensiva, el mantenimiento de infraestructuras forestales y la vigilancia ambiental pueden generar actividad económica durante todo el año. Allí donde algunos solo ven un gasto, existe también una oportunidad para crear empleo y fijar población.

No se trata de enfrentar prevención y extinción. Ambas son imprescindibles. Se trata de entender que un sistema equilibrado no puede limitarse a reaccionar cuando todo está ardiendo. La respuesta más eficaz frente a un incendio es la que comienza meses antes de que se produzca.

Tampoco se trata de convertir cada incendio en una batalla entre partidos. La magnitud del problema exige algo más serio. Las administraciones deben colaborar, escuchar a los profesionales, atender a la ciencia y asumir que las políticas aplicadas hasta ahora no han sido suficientes. La confrontación estéril no apaga las llamas, pero el silencio y la resignación tampoco protegen nuestros montes.

Es necesario revisar el modelo, reforzar los medios y apostar de forma decidida por la prevención. Y hay que hacerlo cuando se apagan los focos informativos, cuando las cámaras se marchan y cuando parece que el peligro ha desaparecido. Porque ese es precisamente el momento en el que debe comenzar el trabajo que evitará la siguiente tragedia.

Los vecinos de Sayago, como antes los de la Sierra de la Culebra, Losacio, Sanabria y tantas otras zonas de nuestra provincia, tienen derecho a preguntarse cuántos incendios más deberán sufrir antes de que se produzca un cambio profundo. No se les puede responder que ha sido mala suerte. La suerte puede explicar un episodio imprevisible, pero no puede justificar una sucesión de catástrofes.

Ha llegado el momento de decir basta. No desde la crispación ni desde el oportunismo, sino desde la responsabilidad colectiva de una sociedad que se niega a considerar inevitable la destrucción de sus montes.

Durante la emergencia, todo nuestro apoyo debe estar con quienes combaten el fuego y con quienes sufren sus consecuencias. Después, cuando las llamas se extingan, debemos mantener encendido el debate sobre las causas, la prevención y las responsabilidades. De lo contrario, volveremos a hacer lo mismo de siempre: agradecer el esfuerzo, lamentar las pérdidas, anunciar medidas y confiar en que el verano siguiente sea más benévolo.

Zamora y Castilla y León, no pueden seguir viviendo pendientes de la suerte. Nuestros pueblos, nuestros montes y las personas que los habitan merecen algo mucho más seguro: una política forestal seria, estable y preventiva.

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