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Opinión | Zamoreando

Ceguera institucional

El Gobierno mantiene una incomprensible ceguera institucional respecto a José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este jueves en una entrevista en TVE que no habló "con nadie ni del Gobierno ni de la SEPI sobre el rescate de Plus Ultra" y ha afirmado que siempre ha ejercidos su actividad profesional como consultor respetando la legalidad. En su primera comparecencia pública tras su declaración el 17 de junio como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Zapatero ha rechazado entrar en la "estrategia de defensa" de su amigo Julio Martínez Martínez, quien implicó al expresidente en la gestión del préstamo a la aerolínea y aseguró que se cobró el 1 % de dicha ayuda. EFE/TVE/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). sustituye textos por un resumen

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este jueves en una entrevista en TVE que no habló "con nadie ni del Gobierno ni de la SEPI sobre el rescate de Plus Ultra" y ha afirmado que siempre ha ejercidos su actividad profesional como consultor respetando la legalidad. En su primera comparecencia pública tras su declaración el 17 de junio como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Zapatero ha rechazado entrar en la "estrategia de defensa" de su amigo Julio Martínez Martínez, quien implicó al expresidente en la gestión del préstamo a la aerolínea y aseguró que se cobró el 1 % de dicha ayuda. EFE/TVE/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). sustituye textos por un resumen / . / EFE

El Gobierno mantiene una incomprensible ceguera institucional respecto a José Luis Rodríguez Zapatero. A pesar de la detallada confesión del empresario Julio Martínez, "Julito", en la Audiencia Nacional; el Ejecutivo actúa abducido, aferrándose a una presunción de inocencia que resulta cada vez más insostenible. La política española asiste atónita a un ejercicio de funambulismo institucional sin precedentes. Mientras el juez José Luis Calama instruye en la Audiencia Nacional una compleja red de tráfico de influencias y blanqueo vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra, el Gobierno de Pedro Sánchez parece vivir en una realidad paralela.

La confesión del empresario Julio Martínez, alias "Julito", que desmorona el relato, ha destapado la caja de los truenos, pero en los pasillos de Moncloa la consigna sigue siendo el silencio y la defensa numantina. Las declaraciones del empresario alicantino ante el juez han terminado por dinamitar la frágil estrategia de defensa del expresidente. Martínez ha confirmado lo que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospechaba: que Zapatero no era un mero consultor internacional, sino que era quien "lideraba y decidía".

El empresario detalló ante la Justicia cómo se pactó una comisión del 1% por el rescate de la aerolínea, desglosando pagos millonarios y confirmando su papel como mero intermediario o "correveidile" del expresidente. No solo eso. Las revelaciones sobre el cobro de comisiones y los pagos continuados a empresas vinculadas a su entorno familiar terminan por socavar cualquier atisbo de duda sobre la naturaleza de sus gestiones. Ante un escenario judicial tan abrumador, la reacción del Gobierno resulta no solo preocupante, sino reveladora de una ceguera voluntaria. Ministros y portavoces del Ejecutivo parecen abducidos por una lealtad partidista, repitiendo como un mantra el respeto a la "presunción de inocencia" mientras las pruebas se acumulan en los sumarios.

¿Cómo es posible que el mismo Gobierno que utiliza la vara de medir judicial con otros casos actúe como un bloque monolítico cuando las acusaciones apuntan a una figura clave del socialismo? La respuesta parece radicar en un cálculo político de supervivencia: dejar caer a Zapatero, una figura de máximo peso simbólico dentro del partido, podría provocar un efecto dominó inasumible para la estabilidad de la legislatura.

La confesión de "Julito" no es solo un problema procesal para Zapatero, es un torpedo directo a la línea de flotación de un Gobierno que se comprometió a erradicar las malas prácticas. Continuar ciegos ante la evidencia convierte al Ejecutivo en colaborador necesario del relato de una trama que está por ver cuántos capítulos más escribirá en la Audiencia Nacional.

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