En el punto de mira

En los últimos años, el debate político en España ha virado de forma drástica hacia el desgaste institucional. Más allá del ruido partidista nacional, existe un observador objetivo que ha comenzado a encender las alarmas: la Unión Europea. El reciente Informe sobre el Estado de Derecho elaborado por la Comisión Europea ha constatado un aumento significativo en la percepción de la corrupción pública en España desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno. Lejos de ser una simple pugna entre el Ejecutivo y la oposición, las instituciones comunitarias han puesto números y diagnósticos claros a una realidad que preocupa tanto a expertos como a inversores.

Bruselas señala directamente a la contratación pública como una de las áreas de mayor riesgo para la integridad. Según datos del Eurobarómetro recogidos por el Ejecutivo comunitario, un 40% de las empresas españolas considera que la corrupción les ha impedido ganar una licitación pública en los últimos tres años; una cifra que supera con creces la media europea, situada en el 30%. Además, la Comisión Europea advierte sobre la falta de competencia efectiva, señalando que un 34% de las contrataciones se realizan mediante una oferta única, un porcentaje que se sitúa por encima del promedio del club comunitario.

España presenta ante Europa y ante el mundo una imagen erosionada difícil de recomponer. Con un Ejecutivo que, constantemente, niega la mayor por lo que el desgaste es muy superior. El escrutinio constante a figuras de la órbita gubernamental, las tensiones con el Poder Judicial y los procesos abiertos en los tribunales han situado al país en el foco mediático internacional. Mientras que desde el Gobierno se ha defendido la puesta en marcha de diversos planes orientados a la transparencia, las asociaciones de la sociedad civil y los organismos europeos coinciden en un punto ciego común: la falta de aplicación efectiva y la escasa independencia real de las autoridades supervisoras. No lo dice el PP, lo dice un reciente Informe sobre el Estado de Derecho elaborado por la Comisión Europea.

El aumento de la percepción de corrupción durante el mandato de Pedro Sánchez ya no es solo munición para el debate nacional; se ha convertido en un toque de atención formal desde Bruselas. La Unión Europea espera que España deje atrás las meras intenciones legislativas y adopte medidas concretas que devuelvan la confianza en sus instituciones.

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