El precio de la crispación

La crispación política que vive España está alcanzando niveles preocupantes. Da la impresión de que el enfrentamiento permanente se ha convertido en una estrategia, y quienes acaban pagando el precio son los ciudadanos.

Me preocupa especialmente que el debate público se vea contaminado por la descalificación constante, las acusaciones sin pruebas suficientes y la difusión de informaciones que, en ocasiones, resultan falsas o engañosas. Cuando esto ocurre, se erosiona la confianza en las instituciones y se alimenta una tensión social que termina afectando a la convivencia.

Tengo la sensación de que una parte de la oposición ha hecho de la confrontación un objetivo en sí mismo, buscando el desgaste del Gobierno por encima de cualquier otra consideración. En democracia, fiscalizar al poder es una obligación de la oposición; pero hacerlo mediante la difamación, la mentira o la desinformación, si estas se producen, supone un grave deterioro de la calidad democrática.

Hay un aspecto del que se habla poco y que, sin embargo, considero fundamental: el impacto que este clima tiene sobre nuestra salud emocional. Vivir inmersos en un enfrentamiento permanente, en un bombardeo diario de insultos, sospechas y descalificaciones, genera ansiedad, cansancio, frustración y una sensación de incertidumbre que acaba afectando a nuestro bienestar psicológico. La crispación no solo deteriora el debate político; también deteriora a las personas.

La salud mental es un bien colectivo que merece ser protegido. Del mismo modo que existen leyes para preservar la seguridad física o el honor de los ciudadanos, deberíamos reflexionar sobre cómo impedir que la mentira deliberada, la difamación y la desinformación se conviertan en herramientas habituales de la confrontación política, siempre respetando la libertad de expresión y el derecho a la crítica.

Una democracia fuerte necesita una oposición vigilante y un gobierno sometido al control, pero también ciudadanos que puedan vivir sin verse arrastrados cada día a un estado de tensión permanente. La convivencia democrática no puede construirse sobre el odio ni sobre la crispación constante, sino sobre el respeto, la verdad y la responsabilidad compartida.

También me inquieta el creciente rechazo hacia la población extranjera que percibo en algunos sectores de la sociedad. Cada vez escucho con más frecuencia comentarios que cuestionan cualquier ayuda destinada a las personas migrantes o que incluso plantean su expulsión como si se tratara de una solución sencilla a problemas complejos. Cuando desde el debate político o desde determinadas declaraciones públicas se utilizan mensajes que pueden alimentar los prejuicios o enfrentar a unos ciudadanos con otros, el riesgo de que aumente la intolerancia y el racismo es real. España ha sido históricamente un país de emigrantes y hoy también es un país de acogida. Defender una política migratoria puede y debe ser compatible con el respeto a la dignidad de todas las personas, sin convertir a quienes llegan de otros países en el chivo expiatorio de los problemas de nuestra sociedad.

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