¿A quién beneficia un país dependiente?

Hay veces que no hace falta discutir. Basta con poner dos noticias una al lado de la otra. La primera. España necesita trabajadores. Lo escuchamos casi a diario. Faltan albañiles, electricistas, soldadores, camioneros, instaladores, cuidadores... El sector de la construcción lleva tiempo advirtiendo de que la escasez de mano de obra cualificada es uno de sus principales problemas. Otros muchos sectores repiten el mismo diagnóstico. La segunda. El propio Gobierno acaba de anunciar que el Ingreso Mínimo Vital llega ya a más de 2,6 millones de personas repartidas en más de 860.000 hogares, una cifra que continúa creciendo respecto al año anterior.

Y entonces aparece una pregunta que, quizá por deformación profesional, no consigo quitarme de la cabeza. ¿Cómo pueden ser ciertas las dos cosas al mismo tiempo?

En física existe un concepto muy sencillo. Un sistema está en equilibrio cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan. Cuando una fuerza crece y otra disminuye de forma inesperada, el sistema cambia. Nunca ocurre porque sí. La economía, aunque mucho más compleja, también responde a ese tipo de equilibrios. Los economistas hablan de incentivos, de señales, de oferta y demanda, de desajustes estructurales. Cambian las palabras, pero la idea de fondo es parecida. Cuando un sistema produce durante años resultados que parecen incompatibles, quizá el problema no esté en las personas, sino en el propio diseño del sistema. Nos dicen que necesitamos inmigración porque faltan trabajadores.

Nos dicen que debemos retrasar la edad de jubilación porque hacen falta más cotizantes para sostener las pensiones. Nos dicen que determinados oficios no encuentran relevo generacional y que muchas empresas rechazan encargos porque no disponen de personal suficiente.

Todo eso puede ser cierto. Pero entonces resulta inevitable formular otra pregunta. Si faltan trabajadores, ¿por qué cada vez hay más personas dependiendo de una prestación pública?

No hablo de quienes, por enfermedad, discapacidad o circunstancias excepcionales, necesitan una ayuda para salir adelante. Una sociedad decente debe proteger a quien atraviesa una situación realmente difícil.

Hablo de otra cosa. Hablo de si estamos construyendo un sistema cuyo objetivo principal es ayudar a las personas a volver a caminar solas o uno que, poco a poco, se acostumbra a que cada vez más ciudadanos dependan permanentemente de él.

Porque existe una diferencia enorme. En ciencia sabemos que cualquier sistema responde a los incentivos que recibe. No es una cuestión ideológica. Es comportamiento humano. Si modificamos las condiciones de un sistema, el sistema acaba adaptándose. Ocurre con los gases, con los ecosistemas y también con las sociedades. Por eso nunca me ha convencido medir el éxito de una política social por el número de beneficiarios. Es más bien al contrario.

Si una ayuda temporal consigue que cada vez menos personas la necesiten, probablemente esté funcionando. Si, por el contrario, año tras año aumenta el número de personas que dependen de ella mientras seguimos escuchando que faltan trabajadores, quizá haya llegado el momento de preguntarnos si estamos resolviendo el problema adecuado.

La ciencia tiene otra enseñanza interesante. Cuando un experimento ofrece durante mucho tiempo un resultado inesperado, un buen investigador no cambia la realidad. Revisa la hipótesis. Tal vez debamos hacer lo mismo. Quizá el verdadero debate no consista en decidir si una prestación debe existir o no. El debate consiste en preguntarnos cuál es su finalidad. Si sirve para superar una situación de vulnerabilidad o si, sin pretenderlo, termina convirtiéndose en una estación de destino en lugar de un puente hacia el empleo.

Y hay un último detalle que me resulta especialmente llamativo. Con frecuencia escuchamos a nuestros responsables públicos celebrar el aumento de beneficiarios de determinadas ayudas como si ese dato, por sí mismo, fuera un éxito político. A mí me cuesta verlo así.

Porque si un médico presumiera de que cada año tiene más pacientes, probablemente empezaríamos a preocuparnos. No porque los pacientes sean el problema. Sino porque significaría que la enfermedad sigue creciendo. Quizá con las políticas públicas deberíamos aplicar el mismo criterio.

El mejor sistema de protección social no es el que consigue que más personas dependan de él. Es el que logra que, con el paso del tiempo, cada vez menos ciudadanos tengan necesidad de recurrir a él.

Hay quien verá en esta situación una consecuencia inevitable de los tiempos que vivimos. Otros pensarán que un ciudadano independiente siempre resulta más difícil de dirigir que uno que depende, aunque sea parcialmente, de las decisiones del poder. Yo solo sé que, cuando un sistema aumenta cada año el número de personas que necesitan de él para salir adelante, la ciencia invita a preguntarse si estamos resolviendo los problemas… o simplemente administrándolos. En ciencia desconfiamos de las casualidades cuando se repiten demasiadas veces. En política quizá deberíamos hacer lo mismo. Que cada lector saque sus propias conclusiones.

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