Sin campo no hay país

El sector agroalimentario español vuelve a estar en el centro de una tormenta perfecta. El encarecimiento de la energía, de los carburantes y de insumos esenciales como los fertilizantes, agravado por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, está poniendo contra las cuerdas a miles de explotaciones agrarias y ganaderas. Y, sin embargo, la respuesta del Gobierno sigue siendo insuficiente.

El reciente Real Decreto-ley 7/2026 pretendía dar cobertura a esta situación. Pero lo cierto es que ha vuelto a incidir en un patrón propio del Sanchismo: medidas reactivas, limitadas en alcance y escasamente adaptadas a la realidad del sector. No se trata solo de cuánto se ayuda, sino de cómo y a quién.

Las ayudas aprobadas no compensan el incremento real de los costes de producción ni tienen en cuenta la enorme diversidad del sector: no es lo mismo una explotación extensiva que una intensiva, ni una producción cerealista que una ganadería altamente dependiente de insumos. Aplicar soluciones uniformes a problemas distintos solo conduce a una cosa: ineficacia.

A ello se suma un problema estructural que rara vez se aborda con decisión: la burocracia. Muchas de estas ayudas llegan tarde o no llegan, atrapadas en procedimientos administrativos complejos que dificultan su acceso. En un contexto de crisis, el tiempo no es un factor menor, es determinante.

Pero más allá del ámbito nacional, hay decisiones que también se están tomando, o dejando de tomar, en el marco europeo. Y ahí España debería ejercer un papel mucho más activo.

Un buen ejemplo es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono. Se trata de una herramienta diseñada para evitar la competencia desleal de países con menores exigencias medioambientales. Su objetivo es legítimo, sin embargo, en el contexto actual, su aplicación sobre productos como los fertilizantes puede tener un efecto contraproducente ya que encarece aún más los costes de producción de nuestros agricultores.

Lo mismo ocurre con determinadas exigencias regulatorias. La Directiva de Nitratos responde a una finalidad incuestionable como es proteger nuestros recursos hídricos. Pero en situaciones excepcionales, como la actual, es razonable plantear una flexibilización temporal que permita a los productores adaptarse sin comprometer su viabilidad económica.

Porque de eso se trata: de equilibrio. No hay sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica. Y no hay sostenibilidad económica si quienes producen alimentos trabajan sistemáticamente en pérdidas.

En este contexto, cobra especial relevancia la necesidad de reforzar instrumentos europeos como la Política Agraria Común. Su Fondo de Reserva no puede ser una herramienta excepcional que se activa tarde y mal, debe convertirse en un mecanismo ágil, capaz de responder con rapidez a crisis como la actual.

Pero incluso con el respaldo europeo, España necesita una estrategia propia más ambiciosa. No podemos seguir funcionando a golpe de decreto. El sector agrario requiere estabilidad, previsibilidad y un marco de apoyo coherente a medio y largo plazo.

Así lo establece, además, el artículo 130 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a atender la modernización y el desarrollo del sector agrario. No es una declaración retórica, es un mandato claro.

Hace unos días, debatimos en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado una iniciativa presentada por el Partido Nacionalista Vasco, socio habitual del Gobierno, que reconocía que las medidas adoptadas eran insuficientes. Una vez más, una contradicción entre quienes sostienen al Ejecutivo de Sánchez.

Desde el Partido Popular, por el contrario, asumimos una posición responsable, respaldando al sector, pero señalando sin ambages las carencias del Real Decreto-ley 7/2026, especialmente en términos de insuficiencia, burocracia y falta de adaptación a la realidad productiva y exigimos algo más que decretos insuficientes y respuestas tardías: planificación, ambición y un compromiso real con quienes sostienen nuestra soberanía alimentaria.

El campo español no pide privilegios, pide condiciones justas para competir, producir y sobrevivir. Pide que las políticas públicas estén a la altura de su importancia estratégica.

Porque conviene no olvidarlo: cuando una explotación cierra, no solo se pierde producción. Se pierde empleo, se vacía el territorio y se debilita nuestra autonomía alimentaria. n

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