Contra la prioridad nacional

Vaya rapapolvo le ha dado la Iglesia a Vox y a algunos sectores del PP a cuenta de eso que han bautizado como "prioridad nacional", la idea de dar preferencia a los ciudadanos nacionales en ayudas o servicios. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, ha declarado que "la dignidad de la persona humana es intocable", que la Iglesia nunca estará a favor de "excluir al otro" o de suprimir subvenciones a ONG que trabajan con inmigrantes, y que "el prójimo no es sólo el que es de mi país", anteponiendo la doctrina de la Iglesia a eslóganes políticos. El prelado lo ha tenido muy fácil: solo ha echado mano de la prioridad del Evangelio para desmontar la que se avecina.

El concepto de "prioridad nacional" es un principio político que busca favorecer a los ciudadanos españoles en el acceso a recursos públicos frente a los extranjeros. Aunque Vox y el PP han incorporado este término en acuerdos recientes de gobierno (como en Extremadura y Aragón), lo interpretan de formas distintas. Para Vox, se trata de una medida de protección para que los españoles no se sientan "los últimos de la cola" en su propio país. El PP, por su parte, lo ha matizado vinculándolo al arraigo, proponiendo que las ayudas se asignen en función de un empadronamiento histórico, estable y verificable. En paralelo, el Gobierno y la Iglesia han rechazado la propuesta, mientras que juristas señalan que la Ley de Extranjería actual ya garantiza a los extranjeros residentes el acceso a prestaciones en condiciones de igualdad, lo que complica cualquier aplicación estricta basada en la nacionalidad.

El problema es que la "prioridad nacional" nos lleva a un debate de fondo: ¿qué significa ser español? Para algunos dirigentes de Vox, lo es quien tiene padre y madre de origen español; una definición que, llevada al extremo, dejaría fuera incluso a la reina Sofía, de origen griego. Esa lógica se deshace por sí sola. No es casual que otro dirigente haya tenido que matizarla después, reduciendo la condición de español a quien posee Documento Nacional de Identidad. Menos mal que no han rescatado el viejo manual "Yo soy español", de Agustín Serrano de Haro (1943), expresión de la posguerra, del ideario nacionalcatólico, la exaltación de Franco y la simbología del régimen.

O sea, que yo soy español y podría disfrutar de las ventajas de la "prioridad nacional". Y, sin embargo, me niego a aceptarla. Porque asumirla tal como está planteada implica normalizar una jerarquía entre personas que no puedo compartir. Si lo que se defiende es una escala de pertenencias, conviene decirlo claramente. Lo que se observa es una tensión incómoda con las personas vulnerables y con los trabajadores precarios que sostienen buena parte de lo cotidiano, como limpiar nuestras casas, cuidar de los abuelos, cortar fresas en los campos de Huelva o trabajar sin contrato para que los demás podamos vivir "como Dios manda".

En el fondo, no se trata solo de un debate jurídico, sino de una cuestión moral: priorizar banderas sobre personas erosiona el sentido mismo de lo público. Es una contradicción con los valores elementales de la ética cristiana y con la idea de dignidad universal recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho internacional y el marco jurídico de la Unión Europea.

No es una cuestión de quién entra en la definición, sino de quién queda fuera de la decisión. Es, en el fondo, una elección política sobre qué sociedad queremos construir y hacia dónde queremos ir.

Suscríbete para seguir leyendo