Empieza a ser urgente recuperar el terreno perdido

Al paso que vamos, cuando Sánchez salga de La Moncloa habrá que hacer un plan de regeneración, recomposición y restauración del país para intentar recuperar no solo algunas de las competencias que por unas u otras razones se han ido transfiriendo al País Vasco, a Cataluña, a Navarra…(siempre la misma, adivinen: "concesiones a separatistas a cambio de votos"), sino también la confianza en las instituciones y en la clase política, en general, que es la culpable de que la ciudadanía haya perdido las esperanzas de que en España los principios y valores democráticos se puedan volver a hacer respetar, o dicho de otro modo, de que podamos recuperar la dignidad como país.

Para que podamos recuperar la dignidad como país, o lo que es lo mismo, la esperanza en que el respeto a los principios y valores esenciales de la democracia (soberanía popular, libertad, igualdad, tolerancia, honestidad, transparencia, solidaridad…), pueda volver a ser la base de nuestro Estado de Derecho, es necesario que los ciudadanos hagamos valer nuestro derecho a ejercer de manera efectiva la soberanía nacional, que, según la Constitución, reside en nosotros. Solo si el pueblo puede controlar y examinar la actuación y la conducta del Gobierno, el espíritu democrático puede estar garantizado.

Arduo trabajo tendrá por delante quien pueda suceder al peor presidente que ha tenido España desde que se instauró la democracia, con permiso de Zapatero (ambos hicieron de la mentira y el engaño una práctica habitual), si es que quiere hacer de España la nación que, salvo los independentistas, la mayoría de los españoles quisiéramos recuperar: una nación libre, unida, armónica y solidaria; en definitiva, una nación digna de ser considerada un ejemplo de democracia y no un deshecho producto del separatismo, del oportunismo y del guerracivilismo que quiso reavivar Zapatero y que quien lleva gobernando siete años se ha empeñado en seguir atizando.

Cuanto antes se puedan articular mecanismos que sirvan para que el pueblo pueda controlar la acción del Gobierno, castigando la mentira y el engaño y ejerciendo de manera real y efectiva el poder soberano que le atribuye la Constitución, mejor andaremos.

Para que la recuperación del espíritu democrático se pueda hacer realidad, es necesario que los ciudadanos nos convenzamos del crucial papel que, aunque sea de una manera poco concreta, nos otorga la Constitución.

La recuperación de esos principios y valores que, todos lo sabemos, son los que distinguen a las democracias plenas de las que "hacen agua", ha de empezar porque, mediante la oportuna ley, se regulen las competencias del pueblo, que no se pueden limitar al hecho de que cada cuatro años, o cuando toque, pueda votar para elegir, en listas cerradas, craso error, a quienes le puedan representar en las Cortes Generales. Visto lo visto, solo si los ciudadanos podemos tener la posibilidad de controlar y, en su caso, valorar y examinar la gestión del Gobierno, cuando sea menester, podremos cambiar la lastimosa deriva que lleva este país, en el que los gobernantes, y a los hechos me remito, pueden mentir, engañar, tergiversar la realidad… sin que todo el peso de la ley pueda caer sobre ellos.

Los ciudadanos tendríamos que tener la competencia de poder controlar al Gobierno más allá de las pantomimas que se representan en las cámaras legislativas cada vez que tiene lugar una de esas sesiones que se han dado en llamar "de control al Gobierno", que no sirven más que para que unos pregunten lo que quieran y otros contesten lo que les dé la gana.

El pueblo español, teniendo en consideración que es el depositario de la soberanía nacional, debería poder ejercer la misma dando su conformidad, o no, a la actuación del Gobierno, al menos a mitad de legislatura y, por supuesto, siempre que sea público y notorio que se ha podido sobrepasar en el ejercicio de sus funciones. El pueblo, por ejemplo, no debería permitir que el Gobierno mienta, engañe, oculte datos de relevancia o, simplemente, que pretenda gobernar sin tener aprobados unos presupuestos, o haciendo un uso abusivo del decreto ley, que, tal y como establece la Constitución, en su art. 86, debe ser una figura reservada solo para casos de extraordinaria y urgente necesidad. De igual forma, en ningún caso los ciudadanos deberíamos permitir que el Gobierno intente tomarnos el pelo sometiendo a la consideración de las cámaras esos decretos denominados ómnibus que tanto "chirrían", porque no es de recibo que en ellos se puedan agrupar cuestiones que nada tienen en común, con la única pretensión de "colar" algunas que, caso de que fuesen planteadas de manera independiente, nunca alcanzarían el beneplácito de sus señorías (el uso del decreto ómnibus, aunque sea una práctica legal, está desaconsejado por el Tribunal Constitucional por lo que de heterogéneo y oportunista puede tener…). Si el pueblo pudiera opinar acerca de la gestión y la conducta del Gobierno, o mejor dicho, examinar, e incluso suspender al Gobierno hasta el punto de retirarle su confianza "otro gallo cantaría".

¡País!

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