En honor a nuestra Carta Magna

Cada 6 de diciembre en España celebramos la aprobación de la Constitución de 1978, el pacto que permitió superar décadas de división y cimentar el periodo de prosperidad, libertad y estabilidad institucional más largo de nuestra historia. Un texto articulado en torno al respeto al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la protección de los derechos fundamentales y, que situó a nuestro país en el marco jurídico occidental plenamente democrático.

Sin embargo, la efeméride de este año ha llegado en un clima político que invitaba menos a la celebración que a la reflexión. Muchos ciudadanos contemplamos con preocupación cómo el Gobierno ha impulsado y tolerado actuaciones de enorme trascendencia que, lejos de reforzar el espíritu constitucional, lo erosionan.

La aprobación de una Ley de Amnistía negociada con formaciones cuyos líderes fueron condenados por delitos graves contra el orden constitucional, plantea dudas profundas sobre el cumplimiento efectivo del artículo 9.3 CE, así como del principio de igualdad ante la ley recogido en el artículo 14 CE.

La Constitución fue concebida como un marco de consenso, no como un instrumento a disposición de mayorías coyunturales. El artículo 167 CE fija procedimientos claros para su reforma, precisamente para evitar que decisiones estructurales se tomen al margen del amplio acuerdo social que exige la arquitectura constitucional. Sin embargo, los pactos recientes con partidos que abogan abiertamente por procesos de autodeterminación, contrarios al artículo 2 CE, apuntan a un intento de sustituir el consenso por la aritmética parlamentaria más frágil de la democracia española.

Por eso, el día de la Constitución debería ser algo más que un acto simbólico. Es un momento para recordar que la Carta Magna no es un adorno ceremonial, sino el armazón jurídico que evita que España caiga en improvisaciones peligrosas o en prácticas que comprometen la igualdad entre españoles. Defenderla es proteger los principios que han permitido al país avanzar durante más de cuatro décadas.

Y ahí es donde el Gobierno tiene la obligación de ser el principal garante del orden constitucional. Cuando, por mantener una frágil mayoría parlamentaria, abren la puerta a privilegios judiciales, concesiones territoriales o reformas que afectan a los contrapesos institucionales sin consenso, no defienden la Constitución, sino que la someten a tensiones innecesarias. Y cuando se deslegitima a jueces, se cuestiona la imparcialidad de tribunales o se presentan como "obstáculos democráticos" los límites constitucionales, no se fortalece la democracia, se mina su arquitectura básica.

Ante este panorama, es inevitable que a todos nos venga a la cabeza el espejo latinoamericano. Nadie afirma que España sea Venezuela, pero si observamos los últimos veinte años de aquel país podemos comprobar cómo empezaron las grietas: deslegitimación del poder judicial, manipulación de las leyes para blindar a los aliados para terminar negociando la nación como si fuera un botín. Son muchos los venezolanos residentes en España que nos advierten con temor de lo que está ocurriendo aquí.

Por eso, este año, más que nunca, conviene recordar que la Constitución sigue siendo la garantía de nuestras libertades. No es la Constitución la que debe adaptarse a los intereses del Gobierno de turno, al gobierno de Sánchez, es el Gobierno quien debe respetar los límites constitucionales que aseguran que España siga siendo lo que la Constitución quiso que fuera: una nación libre, unida y plenamente democrática.

Ante este preocupante escenario, no cabe otra solución para dejar atrás esta etapa decadente de la política española. Frente a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno que más ha erosionado a la Constitución, se erige el Partido Popular y Alberto Núñez Feijoó como la barrera democrática que aún sostiene la arquitectura del Estado de Derecho.

Mientras el Gobierno mercadea con la igualdad entre los españoles, el PP la defiende, mientras convierten el Estado en moneda de cambio, Feijoó planta cara con un proyecto de país que no se compra ni se vende.

Porque si España está en riesgo, no bastan los matices ni las medias tintas: hace falta firmeza. Y esa firmeza la ofrecemos el Partido Popular. Aquí, ahora, sin concesiones.

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