Un hogar posible

OPINIÓN | Cada etapa política tuvo su modelo: protección social en los 80; apertura privada en los 90, liberalización del suelo y especulación masiva hasta 2008

edificios en construcción / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

En los 80 mi barrio estaba lleno de pisos pequeños y familias numerosas. Con el sueldo de mi padre accedimos a una vivienda modesta, sin toldo de balcón, donde aún viven. En Los Bloques de San Lorenzo el precio incluía un trozo de calle: era la amplitud del hogar.

Treinta años después me hipotequé durante treinta y cinco más, multiplicando el esfuerzo para acceder a la mía. Mi hijo, como otros zamoranos en Madrid, necesitará catorce años de sueldo íntegro solo para reunir entrada, gastos y aspirar a un préstamo, mientras vive en alquiler.

Hoy se compra sin aquel valor social: sin vecinos conocidos, sin niños ni calle. Pero seguimos creyendo que la vivienda vale más. Lo común es que se ha vuelto estructuralmente inaccesible.

Cada etapa política tuvo su modelo: protección social en los 80; apertura privada en los 90, liberalización del suelo y especulación masiva hasta 2008.

Con la burbuja como desenlace del mercado libre, pequeños ahorradores de Castilla y León compraron dos o tres viviendas como "valor refugio". Pero el exceso de oferta, la caída de precios y el impago de hipotecas los llevó de la confianza al desasosiego, y la vivienda pasó de refugio rentable a "activo recurrente": ingreso en alquiler, con las mismas cargas que arrastran los locales vacíos y sobrevalorados.

La primera "Ley estatal de Vivienda" es de 2023. Entre medidas habitacionales, el "Plan estatal de Vivienda 2026-2030" triplicará la inversión en rehabilitación urbana y rural.

El reto será rediseñar la arquitectura financiera: el problema no es solo el precio, sino el crédito que la adquiere. Deberá alejarse del beneficio inmediato, porque no cabrá maximizar la rentabilidad bancaria a costa de la estabilidad social.

Si la Junta pone el ladrillo en la competencia propia que gestiona con minucia y retraso, la accesibilidad exigirá dos vías con precedentes europeos: hipotecas cortas de 15 años y precios vinculados a un "Indicador salarial local". Una herramienta de transparencia, no de control de precios, destinada a evitar que la vivienda sea deuda perpetua y ajuste su coste a la capacidad de pago real, en cada ciudad.