Óscar Puente oculta a Sanabria y a toda Zamora lo que no quiere que sepamos

El Gobierno de Pedro Sánchez niega el expediente de eliminación de las paradas de Sanabria con excusas falsas. Nada es "secreto", es opacidad política del ministro Óscar Puente para tapar una decisión injustificable.

Hace cinco meses, los parlamentarios en el Congreso del Partido Popular de Castilla y León solicitamos por escrito al Ministerio de Transportes el expediente completo relativo a la supresión de las paradas del servicio de Alta Velocidad en la estación de Otero de Sanabria.

La respuesta del Ministerio sobre la decisión de Óscar Puente y del presidente de Renfe, para complacer al alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ha sido tan simple como indignarse.

No quieren entregarlo, se niegan a hacerlo y por escrito... Y no porque sea "secreta" o "confidencial" —como nos han intentado hacer creer—, sino porque al Gobierno le resulta imposible de justificar con la verdad.

Para que nos entendamos, solo expedientes muy sensibles e importantes son clasificados como "secretos" y suelen referirse a cuestiones de seguridad nacional o vinculados con terrorismo, en materia diplomática, pero nunca en la historia se ha declarado como "reservado" un expediente ferroviario. Este tampoco es el caso.

Como dijo Adolfo Suárez, nuestro primer presidente del Gobierno de la democracia tras la dictadura de Franco, "La democracia no se improvisa: exige verdad, transparencia y responsabilidad".

Sabía lo que decía y más en un momento delicado como La Transición. Pues eso debería entender el ministro Puente: que la democracia y la libertad, la transparencia, no se construyen a golpes de mentiras, de propaganda o solo con intereses políticos oscuros.

La contestación remitida por el Ministerio de Transportes es un ejemplo perfecto de lo que hoy caracteriza al Gobierno de Pedro Sánchez: opacidad, excusas forzadas y desprecio hacia territorios como toda la comarca de Sanabria-La Carballeda y hacia toda la provincia de Zamora.

Nos dicen que la línea es "comercial", que la información es "reservada" y que no la facilitan porque podría perjudicar a Renfe frente a otros operadores. Pero todo esto es falso. Falso de forma rotunda.

El artículo 23 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes y aquí, el ministerio por indicación del ministro, se lo está saltando a la torera.

Todos debemos tener claro que Renfe es una empresa 100 % pública, financiada por todos, y la decisión de suprimir las paradas del AVE no es una cuestión interna de la empresa, sino una decisión política que afecta directamente a la movilidad de miles de zamoranos, a la cohesión territorial y al uso de infraestructuras pagadas con nuestro dinero público, también con el de los sanabreses y zamoranos.

La Constitución y varias sentencias del Tribunal Constitucional obligan a entregar esa documentación cuando un diputado de la provincia de Zamora la solicita. No es opcional. No es negociable. Mucho menos bloqueable con pretextos inventados por parte del Ministerio de Transportes.

Por mucho que diga el Ministerio de Transportes, ese expediente no ha sido declarado como secreto, ni pertenece a materia clasificada, ni afecta a la seguridad nacional. No existe ningún fundamento legal para negarlo. Y cuando un Gobierno oculta información que debería ser pública, solo queda una explicación posible: quieren tapar una decisión política difícil de justificar o, simplemente, que ese expediente no existe. En todo caso, mienten.

Porque la realidad es tozuda: cuando otros territorios se han visto afectados por la supresión de paradas o frecuencias aún siendo líneas comerciales, el Gobierno sí intervino para protegerlos.

Ha pasado en Cataluña, en Asturias, en Castilla-La Mancha... pero en Zamora, no. Aquí, en lugar de proteger a los territorios rurales y la cohesión territorial, el Gobierno ha elegido el camino fácil: contentar al alcalde de Vigo y buscar otros intereses políticos, aunque eso suponga perjudicar gravemente a Sanabria.

Y lo que hoy indigna a tantos zamoranos no es solo la decisión de suprimir paradas, sino la manera en la que se nos ha tratado desde ese 9 de junio: sin explicaciones reales, sin transparencia y sin respeto hacia quienes viven, trabajan y sostienen la comarca sanabresa, viven en ella e intentan compaginar su vida personal con su vida laboral. Lo que está haciendo el Ministerio no es una simple falta administrativa: es un ataque al control democrático, una vulneración de la Constitución y un desprecio absoluto hacia los zamoranos.

Más de seis movilizaciones multitudinarias lo demuestran. La última, el pasado sábado en Vigo, donde cientos de sanabreses hicieron oír su voz ante quienes provocaron este atropello. Zamora no se va a callar. La verdad saldrá. Y Sanabria recuperará sus frecuencias.

Por eso hoy quiero trasladar a todos los lectores de este periódico un mensaje firme:

No vamos a permitir que el Gobierno oculte la verdad. No vamos a ceder hasta que ese expediente salga a la luz y hasta que se restablezcan las paradas del AVE que nunca debieron robarnos.

¡No vamos a parar!

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