¿Los centímetros cuentan? La ejemplaridad como unidad de medida

En Zamora, ciudad de piedras milenarias y normas milimétricas, se ha abierto un debate que mide exactamente seis centímetros. Esa es la diferencia entre lo que establecen los reglamentos de accesibilidad en las obras públicas -en este caso, 110 centímetros para la altura del pretil del Puente de Piedra- y lo que finalmente se ha construido: 104 centímetros. Una diferencia aparentemente menor que, lejos de ser anecdótica, deja al descubierto una fisura mucho más significativa, la distancia entre la normativa que se impone al ciudadano y la que se acomoda a la administración.

El Sr. alcalde, Francisco Guarido, ha resuelto el asunto mediante un Decreto de Alcaldía, desoyendo los informes técnicos que recomendaban ajustarlo a la normativa vigente y apoyándose en la justificación del director de obra, que apunta a la funcionalidad y seguridad del pretil. Así que, según el regidor, "la obra se queda como está, ha quedado bien y está aceptada socialmente".

Esta decisión revela una permisividad institucional que contrasta con la rigurosidad exigida a familias y pequeños negocios zamoranos. Esos que no disponen de potestad normativa, pero sí enfrentan hipotecas, licencias y reformas. Esos que conocen bien cómo una desviación imperceptible, incluso de un solo centímetro, puede derivar en la denegación de una licencia o la paralización de una obra. Mientras tanto, el Ayuntamiento se permite un margen de seis centímetros en una infraestructura pública, y no en cualquier enclave, sino en un monumento histórico que debiera ser ejemplo de rigor técnico y respeto patrimonial.

En este contexto de elasticidad institucional cabe preguntarse: ¿no debería ser la administración el primer garante del cumplimiento de las normas que impone a sus ciudadanos? Porque si seis centímetros pueden ignorarse en una obra pública, ¿por qué se convierten en obstáculo insalvable cuando afectan a una vivienda privada o a un escaparate comercial? ¿Por qué se exige precisión quirúrgica al ciudadano mientras se tolera laxitud institucional? La ley, como el metro, debería medir igual para todos. Y si la norma admite flexibilidad, que esa flexibilidad alcance también al ciudadano. Y si no lo hace, entonces el problema no es técnico, es ético.

Todo ello nos lleva a una cuestión de fondo que no puede obviarse: la confianza. Cuando la administración incumple las normas que exige a los ciudadanos, se erosiona la credibilidad institucional y se instala la sospecha de que hay dos varas de medir, una para el pueblo y otra para el poder. Por eso, seis centímetros cuentan. Son la medida de la coherencia, del respeto a la norma y de la ejemplaridad que se espera de quien gobierna.

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