Herminio Ramos, promotor de la Casa de la Cultura de Toro

En 1973 la Dirección General de Bellas Artes paralizó en Toro las obras de ejecución de un proyecto de biblioteca pública redactado por los arquitectos José María Fernández Fernández y Enrique Pardo Rey y promovido por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.

El 9 de enero de aquel año yo había remitido al gobernador civil de Zamora, José María Martínez Echeverría, un escrito denunciando que el inmueble en construcción resultaría inencajable en el marco urbano de su ubicación, frente a la grandiosa fachada del palacio de los marqueses de Alcañices y junto a los respetables restos góticos del convento de San Ildefonso el Real, en la plaza de Santo Domingo, ya mermada por la implantación de un grupo escolar al final de la dictadura de Primo de Rivera y por otra edificación reciente e improcedente de la Telefónica.

Aquel modestísimo informe, en el que también me dolía de la descoordinación entre dos direcciones generales del mismo Ministerio de Educación y Ciencia, no surtió otro efecto que el de la suspensión de las obras cuando ya estaba acabado el esqueleto de hormigón del inmueble.

El 25 de julio del año siguiente propuse al director general de Bellas Artes dos opciones: la de imponer la reforma de los acabados exteriores del proyecto referido y, con carácter preferente, la de adecuar un edificio histórico en desuso, el palacio de los marqueses de Castrillo, sede de la entonces decrépita Fundación González Allende, para instalar en él la biblioteca pública y demás servicios de la Casa de Cultura.

Ni lo uno ni lo otro se consiguió hasta que a últimos de 1978 entró en escena Herminio Ramos, a la sazón primer delegado provincial del nuevo Ministerio de Cultura y hombre de confianza de su primer titular, Pío Cabanillas Gallas.

Tras los contactos y tanteos iniciales con los miembros del patronato de la Fundación, a cambio de la afectación de la mayor parte de dicho palacio para Casa de Cultura por, al menos, cincuenta años, el ministro les prometía cubrir todos los costes de adecuación del edificio, de equipamiento, de personal, de implantación de numerosos servicios culturales y de mantenimiento global.

Ante tan generosa oferta, a propuesta de mi amigo Alfonso Escudero, tan inteligente y cauteloso, el patronato convoca al pueblo toresano en la Casa Consistorial el 11 de enero de 1979 para informarlo y recabar su aquiescencia, que obtuvo sin discrepancia alguna.

A continuación, el 12 de febrero, el patronato de la Fundación acordó segregar de la finca matriz las crujías norte, sur y oeste del palacio, afectarlas por cincuenta años al destino de Casa de Cultura y otorgar las escrituras públicas correspondientes. Éstas fueron otorgadas dos días después ante el notario de Toro Palmacio López Ramos.

En la de afectación el ministro Cabanillas comparece en representación del Estado Español y sin inmutarse se obliga a costear la totalidad de las actuaciones y servicios aludidos estipulados en seis cláusulas, aun a sabiendas, porque era notario, registrador de la propiedad y letrado de Estado, de que algunas no se podrían cumplir.

Tanta diligencia y generosidad ministerial solo se explica teniendo en cuenta una coyuntura propicia: las elecciones generales convocadas para el día primero del siguiente mes de marzo.

Tras ellas, tras el consiguiente cese de Pío en Cultura y el silencio e inactividad del Ministerio, transcurrida más de la mitad del plazo de veinticuatro meses que las partes comitentes habían fijado para realizar las obras necesarias e iniciar los servicios, comienzan las inquietudes precisamente con una carta que Herminio Ramos dirigió al subsecretario de Cultura, Francisco Sanabria, el 13 de marzo de 1980, de la que no guarda copia el archivo de la Fundación, pero a la que alude el diputado por Zamora, Víctor M. Carrascal Felgueroso, como soporte, junto con las escrituras notariales precitadas, de la instancia al cumplimiento de lo acordado que presentó el 9 de mayo siguiente al entonces director general del Libro y Bibliotecas, Joaquín de Entrambasaguas, ya requerido con el mismo objetivo por el senador Luis Rodríguez San León.

De nuevo le correspondió a Herminio participar en la solución de tan ingrata cuestión, ahora al lado de la subdirectora general de Bibliotecas, quien se vio obligada a reconocer expresamente en el Ayuntamiento de Toro, ante su alcalde, Ignacio Ortiz, y algunos patronos de la Fundación, que de aquellos compromisos suscritos por el anterior ministro de Cultura, los de costes de personal y mantenimiento no podía asumirlos el Ministerio por imposición legal y de ellos tendría que hacerse cargo el Ayuntamiento si quería disponer de Casa de Cultura.

De contar con el asentimiento municipal, el Ministerio aumentaría la cuantía de las inversiones previstas para las obras de rehabilitación y para la dotación de mobiliario.

Se llegó entonces al preacuerdo de subrogación que, validado por la Corporación Municipal en sesión plenaria de 23 de octubre y aceptado por el patronato de la Fundación el 7 de noviembre de 1980, posibilitó al cabo de cinco años el nacimiento de la Casa de Cultura de Toro, que tan recomendables servicios viene prestando, fruto, entre otros empeños encomiables, de la meritoria aportación de Herminio Ramos, el gran servidor público que hoy cumple cien años .

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