Purín sin patria: biogás (III)

En lógica romana, el esclavo no era sujeto de derechos. Pero tampoco el cerdo era esclavo y, por derecho natural, el purín podría pertenecerle como productor autónomo. Por accesión, la excreta sería de quien lo alimenta. Y si nadie lo recoge, sería fruta caída: de nadie… o de todos.

En ganadería extensiva, el purín tiene autonomía jurídica. En la intensiva integrada —mayoritaria en Zamora— corresponde al industrial tratarlo, pudiendo capturar las emisiones de metano, amoniaco y compuestos volátiles, para convertirlos en biogás renovable y fertilizantes. Objetivo loable: neutralizar contaminación humana y devolverla en energía limpia, descarbonizada y competitiva para las propias explotaciones, cerrando el ciclo productivo y favoreciendo el clima.

Sea del cerdo, del ganadero o del pueblo como titular subsidiario —por utilidad pública y justicia climática—, muchos ganaderos intensivos operan con rentabilidades mínimas, cediendo su estructura a grandes integradoras, pero quedándose con el residuo y la obligación de convertirlo en recurso. Transformar ese purín en biogás con garantías ambientales no exigiría más de lo que ya cuesta no hacerlo. Aunque es evidente que rentabilidad y transformación ecológica deben encontrarse con valor para todos.

La Junta silente ha optado por lo fácil: tolerar un marco regulatorio insuficiente, sin modelo ajustado. Así, monopolizado el residuo por el sector privado, la licencia social se vuelve discutible, con beneficio y reparto de valor para pocos.

La energía no es privilegio ni solo negocio, también es bien común. Externalizar residuos hacia macro plantas bajo la apariencia de aliviar al ganadero en costes, es un modelo difuso de economía circular "delegada", donde el valor lo captura otro, con residuos propios y ajenos, que el ganadero pagará igual.

Los residuos agroganaderos contienen valor público y titularidad compartida. Si el cerdo no tiene derechos y el industrial los hereda, el pueblo —comunidad afectada— debe ser titular subsidiario por equilibrio. Avanzar en derechos de transición justa exige sembrar en la tierra, su dimensión social, medio ambiental y económica.

Como el viento que movió eólicos descomunales en Castilla y León, el purín sin patria debe mover justicia ecológica. Privatizar la digestión sin regulación específica será un error histórico. Democratizar la energía es una obligación política: restituir progreso real al territorio. No hay tiempo que callar, aunque haya elecciones.

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