¿Es de chiste o es para echarse a llorar?

Estamos tan acostumbrados a ser receptores de información sesgada, que a veces no reparamos en las intenciones de quienes la generan y en las consecuencias que puede provocar.

Siendo alucinante el empeño que ponen los gobernantes en intentar confundir a los que, todavía, seguimos interesados en saber qué "se cuece" en el Gobierno, lo peor de todo es que, siendo conscientes de que nos toman el pelo, no seamos capaces de exigirles que nos dejen en paz.

Porque no quiero ser cómplice con mi silencio del constante engaño al que estamos sometidos, hoy voy a escribir sobre algo que, a pesar de cuanto ya ha salido a la luz, aun no sé si es de chiste o es para echarse a llorar.

Hace unos días, mientras desayunaba, escuchaba a unos informadores radiofónicos decir algo así: "la señora vicepresidenta 2ª, Yolanda Díaz, se ha apuntado otro tanto". Uno de los informantes recordaba el penúltimo que se apuntó doña Yolanda, que fue el pulso que le ganó a doña María Jesús (compañera de "pupitre" en el Congreso y a la sazón vicepresidenta 1ª), al conseguir que los perceptores del SMI -salario mínimo interprofesional- no tengan que tributar por el IRPF en 2025… El último, según palabras textuales de doña Yolanda, se lo ha adjudicado personalmente ella misma, según ha dicho, "por haber logrado que el Gobierno haya tenido que echar otra vez marcha atrás". Diga lo que diga la señora Díaz, el tanto habría que apuntárselo a todos los miembros del Gobierno que declararon (claro está, con la boca pequeña), estar dispuestos a abandonarlo caso de que el presidente no obligara al ministro Marlaska a dejar sin efecto el contrato que el Ministerio del Interior, tras sacarlo a licitación el 21 de febrero de 2024, propuso se adjudicara al fabricante de armas israelí, IMI Systems, el 21 de octubre, y que meses después, tras no pocas discusiones entre los de un sector y otro del Gobierno fue formalizado y publicado en el BOE, el 25 de abril pasado. Dicho contrato tenía por objeto la compra de cerca de 15 millones de balas, calibre 9x19 mm., por un importe cercano a los 7 millones de euros.

Al parecer, tal munición fue la única que superó los tests de idoneidad que el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Guardia Civil realizó a todas las marcas de munición que se presentaron al concurso abierto a los efectos en su día. Las pruebas de idoneidad, que se llevaron a cabo entre los días 3 y 9 de julio de 2024, en los laboratorios del citado Servicio, pusieron de manifiesto que las balas que mejor se comportaron en los tests fueron las que ofreció IMI Systems; decir al respecto que fueron probadas con las pistolas reglamentarias Ramon, que son las que utilizan habitualmente varios de los cuerpos de élite de la Guardia Civil, y que éstas fueron adquiridas, en 2020, al mismo fabricante de las balas que superaron con éxito todos los tests, como, lógicamente, no podría haber sido de otra manera, al ser las armas y la munición de la misma procedencia. El resto de las balas fueron desestimadas porque se encasquillaron repetidas veces, lo que puso en evidencia el riesgo que podrían correr los agentes que pudieran tener que hacer uso de las mismas.

La polémica saltó cuando, al ser formalizado el contrato y salir publicado en el BOE, los miembros del Gobierno situados a la izquierda del PSOE reclamaron al presidente y al ministro del Interior su anulación, recordándole que tal adquisición iba en contra del compromiso asumido por el Gobierno español de no vender ni comprar armamento al Estado israelí, desde que se recrudeció el conflicto armado en Gaza, a raíz del ataque sorpresa que perpetró Hamas, el 7 de octubre de 2023, y la posterior respuesta de Israel.

El presidente, viéndose presionado por sus "socios", ordenó al ministro Marlaska la rescisión del contrato, sin dar más explicaciones que las que ofreció la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que recordó el compromiso referido… Nada dijo acerca de lo que nos puede costar a todos los españoles tal rescisión , ni mucho menos hizo alusión a los otros contratos de compra de armamento a empresas de Israel que, según se ha podido saber, ha ido suscribiendo el Gobierno con fabricantes de armas israelíes desde que se recrudecieron las hostilidades en el territorio palestino. Según diversas fuentes, en total son cerca de cuarenta las adjudicaciones o formalizaciones de contratos de compra con empresas armamentísticas israelíes, con sus filiales o con intermediarias llevadas a cabo desde el 7 de octubre de 2023 hasta hoy, por un valor total de 1.041 millones de euros.

¿Merece la pena seguir hablando del tema, o mejor dejamos que nos lo explique el señor Sánchez donde debe hacerlo, es decir, en el Congreso de los Diputados…?

De lo del apagón, si ustedes quieren, hablamos otro día, cuando tengamos datos que nos podamos creer.

¡País!

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