Un apagón para alumbrar un sistema energético más fiable

El apagón eléctrico que afectó esta semana a España y Portugal ha dejado al descubierto una fragilidad inquietante en las estructuras que sostienen nuestra vida cotidiana. Durante varias horas el suministro se cortó de forma generalizada, paralizando industrias, servicios y hogares. El súbito corte del servicio encendió una alarma que no es de recibo silenciar con explicaciones vagas o parciales.

Las gráficas de producción hidroeléctrica en la provincia reflejan el parón derivado del apagón eléctrico del pasado lunes, del que no se libró ninguna de las centrales de Zamora. Al igual que en los embalses de producción hidroeléctrica, la desconexión de la red llegó los grandes parques de producción eólica y sus molinos de viento gigantes, y a los macroparques de energía solar fotovoltaica. El apagón constató la dependencia, en términos de electricidad, que España tiene de provincias como Zamora, donde apenas se consume una cuarta parte de la energía renovable que se produce.

En pleno mediodía del lunes, miles de hogares, negocios y servicios se vieron afectados sin previo aviso, recordándonos de forma abrupta hasta qué punto la estabilidad energética es hoy una cuestión crítica. Más allá de la incidencia concreta, que por cierto ya había sido avisada por expertos de que podría ocurrir, urge esclarecer con rigor técnico y transparencia institucional qué pasó exactamente.

En Zamora, como en el conjunto del país, volvió a manifestarse el espíritu cívico de una población que, acostumbrada a sobreponerse a las dificultades, respondió con calma, responsabilidad y serenidad. No fueron pocos los que recordaron, con razón, la actitud ejemplar que caracterizó a la ciudadanía durante los momentos más duros de la pandemia. Lo saben bien el medio millar de viajeros de tren que quedaron atrapados en la capital y que 24 horas después agradecían los cuidados dispensados por parte de Cruz Roja, Policía, Protección Civil y decenas de ciudadanos anónimos que de madrugada se ofrecieron a auxiliarles.

Esa actitud admirable de la ciudadanía contrasta con el desconcierto institucional. Sorprende —y alarma— que seis días después de un incidente de semejante magnitud, ni el Gobierno ni Red Eléctrica de España hayan ofrecido aún una explicación clara, documentada y creíble de lo sucedido. Se han insinuado causas técnicas, ciberataques o problemas de interconexión, pero ninguna hipótesis ha sido confirmada con el rigor que exige un país que forma parte del núcleo duro de la Unión Europea. Que la cuarta economía del club comunitario no sepa —o no quiera decir— qué falló resulta inaceptable. Es un golpe a la credibilidad nacional, y un síntoma de preocupante dejadez que debería hacer reflexionar a quienes gobiernan la nación.

Más que enredarse en las habituales trifulcas ideológicas o en el oportunismo de la bronca política, lo urgente es asumir responsabilidades y tomar medidas que garanticen que un fallo semejante no vuelva a repetirse. Ya hubo alertas previas, advertencias desoídas por quienes tenían en su mano la capacidad de prever, planificar y corregir. Empresas de todo el país han sufrido pérdidas millonarias en pocas horas a causa de la súbita parada del servicio eléctrico. Estas compañías, ya castigadas por los altos costes energéticos, han vuelto a ver comprometida su competitividad en un contexto de máxima exigencia internacional.

La transición energética es un objetivo irrenunciable, pero este apagón obliga a una revisión profunda del modelo. España no puede permitirse debilitar en exceso el papel de las fuentes tradicionales —como la hidráulica, el gas o incluso la nuclear— sin contar con alternativas de respaldo sólidas. El futuro será renovable o no será, pero tiene que ser también estable, fiable y sostenido. Y para ello, se requieren infraestructuras de almacenamiento energético.

Ni Zamora ni el resto de Castilla y León pueden seguir pagando las consecuencias de decisiones políticas mal calibradas. La planificación energética debe estar a la altura de los desafíos del siglo XXI. La ciudadanía ha vuelto a dar una lección de madurez. Ahora les toca responder a los responsables de un desaguisado que ha provocado daños a empresas, negocios y particulares.