Inercias y reto demográfico

La expresión “reto demográfico” se acuña, principalmente, con motivo de las subvenciones que buscan financiar programas y proyectos que frenen la despoblación. No es algo nuevo, desde principios de este siglo las administraciones toman conciencia de esta situación que pone en grave peligro el medio rural y la cohesión territorial de este país. La Unión Europea, el Estado y las comunidades autónomas comienzan, entonces, a producir un amplio marco regulatorio y numerosas iniciativas que, al no implementarse de forma efectiva, generan muchas contradicciones. En el año 2017 la Federación Española de Municipios, conscientes de esta situación, propone infructuosamente que los fondos destinados a frenar la despoblación se orienten a proyectos finalistas, y que los administren los municipios pequeños sin la intervención de las comunidades autónomas ni las diputaciones provinciales.

Es evidente que hay dos modelos de poblamiento sustancialmente diferentes: Por un lado, avanza una intensa concentración humana en las ciudades que disponen de grandes polígonos industriales, centros comerciales y de distribución, edificios de finanzas, complejos de ocio, educación, cultura… ; y por otro, en una suerte del efecto dominó, vienen abatiéndose las posibilidades de pervivencia de los asentamientos rurales, comarcales e incluso de pequeñas capitales de provincia al quedarse, sin relevo generacional y muy dañados sus pilares organizativos, económicos, culturales… incapaces de hacer frente al tirón de aquellos otros.

La realidad es que, a pesar del esfuerzo administrativo por revertir los efectos perversos de esta dualidad, son muchas las personas y los colectivos que denuncian la tibieza de la política para crear las condiciones de una repoblación sostenible. Y no es por desconocimiento de la situación: El Banco de España, el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, el mundo universitario, foros de debate consolidados, multitud de colectivos que trabajan desde el rural… advierten, de manera unánime, que miles de pequeños municipios y más de la mitad del territorio se encuentra en riesgo de despoblación por envejecimiento de su población, o por falta de actividad económica. Así pues, esto no va sólo de regulación, de subvenciones, de incentivos económicos a proyectos empresariales, o de invertir en la mejora de los entornos rurales. Debe haber algo más para que esos cientos de miles de empadronados que ganaron los pueblos en el año veinte se hayan esfumado pasada la emergencia sanitaria, para que la ruralidad y sus cabeceras de comarca sigan perdiendo efectivos año tras año, se reduzca de manera alarmante el tejido comercial y de ocio, o sufran un deterioro constante en los servicios básicos a la ciudadanía.

Será cosa, a mi entender, de enfrentar también o al menos matizar algunas inercias que tiene interiorizada mucha gente, y no pocos “políticos” que gobiernan las instituciones de los pueblos, centros comarcales o algunas capitales de provincia. No hablaremos de autovalía o autoconfianza social para no entrar en jardines demasiado resbaladizos, pero es obvio que algunas de estas inercias son una fuerza que condiciona la evolución y hace que se tienda a considerar los cambios como agresiones a su estatus quo, a cuestionar la gestión del patrimonio material e inmaterial “de toda la vida” de manera diferente… Sorprende ver el estoicismo con el que se sobrellevan las continuas pérdidas, el autoritarismo, el oscurantismo administrativo, cómo se transige con las deficiencias en materia sanitaria, el transporte público, la educación, el abuso administrativo… Es algo así como el yunque en el que ha venido descargado toda su fuerza un martillo pilón para forjar esta idiosincrasia que va más allá de cualquier otra consideración.

¿Quiere esto decir que es preciso rendirse al pesimismo de esa realidad? Desde luego que no. Si acaso, quiere decir que la vía de solución no estará sólo en un conglomerado de proyectos subvencionados que se ofrezcan desde las grandes administraciones. La población se fue del rural cargada de evidencias y, probablemente, no desean volver o que lo hagan sus descendientes si no cambian aquellas circunstancias que les obligaron a dejarlo todo atrás para irse a la emigración.

Creemos, en fin, que cualquier posibilidad de cambio deberá apoyarse en las personas que aún viven en la llamada España vaciada, en potenciar el relevo generacional del poco o mucho tejido socioeconómico que aún quede, en la construcción y rehabilitación de viviendas para alquiler social o venta, en el sostenimiento y aprovechamiento del medio natural desde los propios pueblos, en la reforma de la PAC para que llegue con nitidez a los pequeños agricultores, en la ganadería extensiva frente a las macrogranjas, en la defensa de la cultura identitaria frente a esa otra uniformadora que impone la modernidad, en potenciar la industria alimentaria y de proximidad que nunca se deslocalizará, en el favorecer los turismos rurales, las energías renovables, la digitalización del campo, la bonificación sustancial de las cuotas de autónomos y Seguridad Social para las actividades radicadas en estos territorios afectados por la despoblación, en la exención total de impuestos a empresas y explotaciones en las transmisiones por relevo generacional… En definitiva, además de todo aquello otro, es necesario destinar a la repoblación del rural mucho más trigo, más cercano y más creíble.