Con la salud no se juega

Esto va para los políticos en general, para las aseguradoras, para los asesores que asesoran de todo y no saben de nada y para cuantos juegan con la salud de los españoles porque tienen la sartén por el mango y el mango también. No se habla de otra cosa que de las presiones que sufren los oncólogos patrios para prescribir fármacos en la Sanidad privada. Quienes están detrás de esas presiones tienen una baja consideración por parte de los españoles, de los oncólogos y de los pacientes oncológicos, consideración que pasa por un insulto muy potente que define bien a las claras el origen de su nacimiento.

¿Cuándo se van a dar cuenta los que manejan los hilos que con la salud de los españoles no se juega? Y esto vas para la privada y para la pública. Si no despilfarraran el dinero que recaudan, que no es poco, habría para todo, para sanidad, para educación y para vivienda. Y todavía sobraría para hacer más felices a los pensionistas que siempre pagan las consecuencias del agujero que en cada palma de la mano tiene, en este caso concreto, el Gobierno de España. Nos lo están poniendo todo muy cuesta arriba y esto acabará por reventar.

La Sanidad privada está dando que hablar con razón. La pasta es la pasta y están en modo recaudación a costa de la salud, en este caso de los pacientes oncológicos. No se puede ni se debe restringir el acceso de los pacientes a determinados tratamientos en el ámbito de la sanidad privada. Pero, ¿qué se han creído? ¿Qué somos muñecos para prácticas de enfermería? ¿Cómo se atreven a desautorizar a los especialistas? En materia de Sanidad los criterios no pueden estar guiados por la rentabilidad dando de lado a la evidencia científica.

Los pacientes de cáncer no pueden ser parte de "una estrategia comercial ni ver condicionado su tratamiento por cuestiones y decisiones ajenas a la medicina", como ha recordado la Sociedad Española de Oncología Médica que también ha pedido que "se garantice la libertad de prescripción de los oncólogos, sin interferencias externas", y que "se asegure total transparencia en los procesos de autorización de tratamientos en la sanidad privada". Sería lo justo.

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