La quita convierte a los castellanoleoneses en españoles de tercera

Hace tiempo que, por culpa del victimismo y el chantaje autonómico, los españoles dejaron de ser iguales en reparto y cumplimiento de inversiones, prestaciones o calidad de servicios. Pero las diferencias ya se convierten en humillación y atropello cuando tocan de lleno la cartera con una arbitraria quita de deuda. Si esto pasa es porque quien debe velar por el interés general lo permite. Tras el plante de las regiones gobernadas por el PP a la ministra de Hacienda en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera por el desacuerdo con la forma en que se ha orquestado la condonación de la deuda pública de las autonomías, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha dado un paso al frente y anuncia que está dispuesto a recurrir ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno sigue adelante. Al contrario que otros barones de las filas populares que ya comienzan a hacer números y a sopesar posibles beneficios, el líder del Ejecutivo autonómico se prepara para presentar batalla.

El gobierno de Sánchez pretende condonar 83.252 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas, que pasarán a ser asumidos por la Administración General del Estado. De esta cantidad, a Castilla y León le corresponderían 3.643 millones de euros. Pero es un bulo que vayan a perdonar deuda a castellanoleoneses. Ahí radica la gran falacia del tinglado, una cura de caballo envuelta en papel de caramelo para que los damnificados no sepan a ciencia cierta lo que tragan. La deuda se genera, pero no se destruye, solo se transforma. Para ser estrictamente precisos, los contribuyentes de esta región dejarán de deber parte de los préstamos que solicitó la región, pero tendrán que abonar una nueva factura por la transferencia de pasivo al Estado. Las comunidades más endeudadas, muchas de ellas por saltarse a la torera los topes que deberían haber respetado o que han optado por proyectos faraónicos a cuenta de créditos millonarios, serían las más beneficiadas bajo el manto del Estado, como es el caso de Andalucía y Cataluña.

Las comunidades más endeudadas, muchas de ellas por saltarse a la torera los topes que deberían haber respetado o que han optado por proyectos faraónicos a cuenta de créditos millonarios, serían las más beneficiadas bajo el manto del Estado

Cambia el titular, no quien paga: un mismo contribuyente zamorano o del resto de la región en un caso, como español en el otro. El supuesto regalo le supondrá en realidad a los habitantes de la provincia y del resto de la comunidad asumir 523 euros más de deuda que antes de este acuerdo. El modelo no ayuda a converger en renta, ni corrige ineficiencias estructurales. Las cuentas se hicieron al revés. La quita no partió de un problema con una solución discutida y negociada en conjunto, sino de encajar una cantidad final predeterminada que impusieron, a cambio de no romper la baraja, los socios disolventes del Ejecutivo central. Lo demás fue buscar un trampantojo con el que cuadrar la fórmula para que no pareciera una prebenda exclusiva.

El resultado queda a la vista. Otra pelea cainita para agravar la fractura territorial y tres tipos de españoles en función de la cantidad a condonar a cada cual: a los de primera, 2.200 euros por persona, con Andalucía –la ministra Montero barre para casa, ahí se va a pedir el voto– y Cataluña –única región rica recompensada– a la cabeza; 1.500 a los de segunda y 1.300 a los de tercera, el grupo de Madrid y el Noroeste al pleno, la perpetuación de una España hemipléjica. Cruel ironía. Por libre y en cabina de lujo vuelan el País Vasco y Navarra, con hacienda propia. Nada reciben, nada ponen, pero aprovecharán cualquier descuido para menguar el cupo.

Esta operación transmite el mensaje equivocado. Premia a los derrochadores mutualizando sus dispendios. Incentiva la barra libre. Incita a la irresponsabilidad fiscal. Y socava la credibilidad de la economía española al tratar a quien administra bien sus recursos peor que al manirroto. Los títulos de algunas comunidades tenían la consideración de bono basura no solo porque la crisis dejara exhaustas sus arcas.

Muchas circunstancias escandalosas, en fin, pero ninguna tanto como que el multimillonario perdón no implique restricciones para no repetir el desmadre y que nadie pida analizar en serio a qué dedican las autonomías su dinero, concediéndoles una ridícula presunción de santidad. Pronto toca negociar la financiación, donde un separatismo que sigue acumulando activos sin renunciar a nada –ferrocarriles, 25.000 mossos, control de fronteras e inmigrantes...– espera dar la puntilla. Vista la actitud cómplice del mando y la capacidad extractiva y habilidad en el manejo de la ley del embudo de quienes lo cercan, empiecen a rezar los crédulos y los confiados para que nada empeore.