Castilla y León tiene aún mucho trabajo para fortalecer la comunidad

El orgullo de pertenencia a una comunidad autónoma depende de factores variopintos y no se soluciona sólo con inversiones, aunque la calidad de los servicios sea un medidor clave en la valoración de los ciudadanos sobre el lugar en el que residen. Al contrario de lo que ocurre en otras regiones, en Castilla y León el sentimiento provincial está por encima del autonómico a pesar del esfuerzo que los distintos representantes políticos al frente de la Junta han realizado desde hace más de cuatro décadas. Así lo demuestran las distintas encuestas cuando se cuestiona la mayor o menor pertenencia a una autonomía.

A la gran extensión del territorio, con una superficie de 94.224 kilómetros cuadrados que la convierten en la comunidad más grande de España y de Europa, hay que añadir otro tipo de realidades que condicionan esa mayor o menor valoración de los ciudadanos como castellanoleoneses. Castilla y León es el resultado de la unión en 1983 de nueve provincias: las tres que, tras la división territorial de 1833 por la que se crearon las provincias, se adscribieron a la Región de León, y seis de las adscritas a lo que se conocía como Castilla la Vieja, exceptuando Santander y Logroño.

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La fiesta de la región, Villalar, ha sido objeto de enfrentamientos políticos con claras divisiones entre los que acudían a la campa de la localidad cada 23 de abril y los que preferían participar tan solo en los actos institucionales. Y eso tampoco ha ayudado pese a la trascendencia histórica de la efeméride, cuando Carlos I derrotó en 1521 a las huestes comuneras, que estaban formadas por artesanos de las ciudades y los labriegos del campo. La caballería imperial causó cerca de 500 muertos y consiguió hacer prisioneros a los principales capitanes que habían promovido la sublevación del movimiento comunero, Juan de Padilla, toledano; Juan Bravo, segoviano, y Francisco Maldonado, salmantino. Un juicio sumario al día siguiente, después de haberse declarado ellos mismos responsables de sus actos, supuso su condena a muerte. La Junta de Castilla y León, en 1986, decidió fijar por ley la fecha del 23 de abril como el "Día de la Comunidad", en vista del calado social que el acto festivo de la conmemoración de Villalar tenía entre la sociedad. A día de hoy es cierto que la campa de Villalar acoge cada año a ciudadanos y dirigentes políticos de distinta ideología y la izquierda ha perdido parte de esa influencia que a modo de oposición se ejercía con motivo de la celebración.

El nuevo pacto que negocia el Ejecutivo central no puede dejar de lado el factor de la despoblación. No si queremos seguir haciendo comunidad. Y por justicia.

Los primeros 40 años del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que el Consejo Consultivo con sede en Zamora ha recogido en un libro con trabajos de juristas, expresidentes de la Junta y destacados especialistas, evidencian que uno de los principales retos a los que se enfrenta la región para aunar voluntades en torno a un mismo territorio es la despoblación. A medida que las nueve provincias castellanoleonesas pierden habitantes la fuerza de la comunidad se debilita en cuanto a ese sentimiento de orgullo y pertenencia que los representantes políticos, de uno u otro signo, tratan de revalorizar. El presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, coordinador de la publicación, ya ha señalado que además de contribuir a transmitir al ciudadano la realidad estatutaria de la comunidad es necesario consolidar la idea y convicción de pertenencia con la utilidad, la eficacia y la cercanía en ella de prestaciones tan valoradas como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Es labor de todas y cada una de las instituciones de la región velar por el reconocimiento de Castilla y León y la identidad de los 2.391.682 ciudadanos que residen en ella, desde Ávila a Zamora sin distinciones, porque la región es un referente histórico y cultural en el resto del país. El reto demográfico pone a prueba el sistema de derechos diseñados en la Constitución y el Estatuto, porque en el fondo es un desafío a la igualdad de oportunidades. Por ello precisamente los poderes públicos autonómicos deben tener como objetivo el equilibrio y la homogeneización de los servicios entre las zonas rurales y las urbanas, un problema que afecta de forma especial a provincias como Zamora. Si se consigue esa ansiada igualdad entre las ciudades y los pueblos en cuanto a prestaciones y servicios el asentamiento de nuevos moradores estará garantizado. La extensión territorial de la comunidad ha de tenerse en cuenta como un índice corrector de desequilibrios a la hora de establecer el sistema de financiación autonómica. El nuevo pacto que negocia el Ejecutivo central no puede dejar de lado el factor de la despoblación. No si queremos seguir haciendo comunidad. Y por justicia.