SOS del campo zamorano para recuperar la hegemonía en Europa

El campo está de nuevo en pie de guerra para reivindicar la subsistencia de un sector primario vital en el ciclo productivo y alimentario. Nadie con un mínimo sentido común puede ignorar la legitimidad de sus movilizaciones, sobre todo las convocadas por las organizaciones agrarias como COAG, Asaja y UPA, pese a los graves perjuicios que hasta ahora han supuesto para miles de personas a la hora de desplazarse por carretera para acudir a sus puestos de trabajo, al médico o a los colegios para recoger a los hijos. La falta de interlocutores en las primeras concentraciones organizadas por WhatsApp, sin comunicación oficial y cerrando a cal y canto las principales vías de acceso y salida, no debe distraer el foco de una realidad incuestionable: el campo se debilita año a año y con él la alimentación que sustenta a toda la sociedad. Sobran los colores políticos y las banderas que en momentos de incertidumbre tratan de capitalizar el descontento de las humildes gentes de la tierra desde despachos, a golpe de teléfono. Los mismos que echarán el resto con decenas de promesas a medida que se acerquen las elecciones europeas del mes de junio, donde deberían poner sobre la mesa las políticas agrarias que quieren.

La Agenda 2030 ha levantado ampollas y crispa un debate ya de por sí enconado, como es el del ecologismo versus agricultura. El laboreo ecológico, están todos de acuerdo, es lo opuesto a la producción industrial, pero comparte con el denominado "sostenible" su preocupación por preservar el medio ambiente optimizando la producción con el menor impacto en el mismo. Con una PAC que comenzó a diseñarse en 2017 para que el incremento de costes no repercuta en la cesta de la compra (y no para compensar pérdidas en el sector), los agricultores y ganaderos no dejan de transitar por un angosto camino. En los 80, cuando España aspiraba a entrar en la Unión Europea, Zamora vivió sus "tractoradas" más históricas. En aquel momento poco se hablaba de ecologismo.

Solo una aplicación eficiente y ejemplar de la Ley de Cadena Alimentaria por parte del Gobierno español puede garantizar que las importaciones cumplan con las exigencias sanitarias y, por otro lado, impedir prácticas que desesperan al sector, como la venta a pérdidas. La práctica de esta última sigue produciéndose ante la falta de una inspección más rigurosa

La ansiada transición verde no puede recaer en las ya maltrechas espaldas de los hombres y las mujeres del campo. Los países que integran la Unión Europea y sus representantes tienen un grave problema de sensibilidad a la hora de proteger los productos españoles frente a los que llegan al mercado procedentes de otros países. Una ley del embudo proteccionista hacia dentro de las fronteras europeas, pero excesivamente liberal cuando se trata de los tratados de libre comercio con terceros países que ofrecen productos más baratos porque no están sometidos a la estricta normativa alimentaria.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ofrecía esta semana un gesto, necesario, al retirar la directiva de prohibición de ciertos pesticidas y medidas medioambientales, que no se consensuó con los profesionales del campo. Las exigencias, además de aumentar los costes, suponían tener que afrontar toda una competencia desleal por parte de terceros países en los que las legislaciones en esta materia son más laxas. Frutas y verduras de otras procedencias, sin las mismas garantías fitosanitarias, se importarían y se pondrían a la venta al público con ventaja en el precio para unos consumidores que vienen sufriendo la inflación que afecta a los alimentos básicos y mina sus bolsillos. Solo una aplicación eficiente y ejemplar de la Ley de Cadena Alimentaria por parte del Gobierno español puede garantizar que las importaciones cumplan con las exigencias sanitarias y, por otro lado, impedir prácticas que desesperan al sector, como la venta a pérdidas. La práctica de esta última sigue produciéndose ante la falta de una inspección más rigurosa.

Recién iniciado el año 2024 es vital que los alimentos producidos en esa inmensa despensa que es el campo recuperen la hegemonía comunitaria. La solución no puede llegar de la mano de enfrentamientos entre agricultores de distintos países que en el fondo padecen problemas similares. Las ayudas de la PAC deberían beneficiar a los que cultivan a título principal, es decir, a aquellos que viven del campo. En la provincia de Zamora cuatro de cada diez perceptores de la PAC no vine solo del campo. De los 7.635 solicitantes de ayudas el pasado año 4.571 eran agricultores a título principal. El resto no dependen solo de las tierras. Pese a ello, Castilla y León es de las comunidades con mayor porcentaje de beneficiarios de la PAC que son profesionales del sector, el 60%. Ello no impide mirar con envidia a regiones como Asturias, Cantabria, Galicia, Murcia o La Rioja, donde más del 80% del dinero de la PAC se queda en manos de los profesionales que viven verdaderamente de la actividad agraria. En el extremo apuesto están Andalucía o Castilla-La Mancha, donde apenas el 25% de los solicitantes de las ayudas comunitarias están integrados en el régimen de la Seguridad Social Agraria.

Los agricultores de la provincia, también los ganaderos, se enfrentan no solo a una crisis de precios, sino a un cambio de modelo motivado por una transición verde de cuyo diseño se han sentido excluidos pese a ser los principales actores. Y deben encontrar el respaldo de todos sus conciudadanos, pero lejos de partidismos oportunistas.

"Si el campo no produce, la ciudad no come".