El nuevo mandato de Pedro Sánchez arranca en medio de un ruido atronador y augurios apocalípticos. El presidente está, según sus socios, en libertad vigilada y rindiendo cuentas cada mes en Suiza ante desconocidos mediadores internacionales. Quien intente jugar a adivino sobre el devenir de la política nacional fallará,porque la experiencia reciente enseña que todo es posible. Los límites cambian según las circunstancias. Castilla y León va a necesitar mucho empuje para hallar solución a sus problemas entre la extensa retahíla de promesas a minorías radicales y pedigüeñas ya comprometidas.
El reciente debate de investidura acaba de confirmar la lamentable degradación de la política. Los modales zafios y el maniqueísmo ya se han impuesto como norma. El vacío de ideas aleja las discusiones de los problemas reales y los centra en la lucha partidaria. El cinismo impregna los discursos. Quien aboga por la concordia degüella verbalmente al oponente sin avergonzarse. El seguidismo acrítico de sus señorías y la ceguera cavan una trinchera entre españoles, otra vez rumbo a la fractura en mitades irreconciliables.
La legislatura comienza de la peor de las maneras, con cargas, agresiones a partidos y la discordia por bandera. El enconamiento y las calles tomadas por los manifestantes recuerdan a las noches de tensión vividas en pleno "procés", solo que esta vez con los agitadores al otro lado de las barricadas y un coro distinto de plañideros dispuesto a rentabilizar el victimismo. Nada, absolutamente nada, justifica la violencia. Harían los políticos un enorme bien a la sociedad dejando de tensar la cuerda y de usar frívolamente palabras gruesas. Empezando por los socialistas, no pueden tomar por fascistas a la mitad de los españoles por pensar de otra manera, y continuando por los conservadores, España no avanza hacia ninguna dictadura.
Si la vuelta del caciquismo en una versión moderna va a regir el modelo territorial, no es para asentir con docilidad ni cruzarse de brazos
La primera ley, la que va a marcar a fuego este periodo, será la de amnistía. El PSOE ha asumido en un giro radical el relato de los independentistas para revestir de afán de concordia y perdón una simple transacción a cambio de siete votos que han otorgado a Sánchez, eso sí, una legítima Presidencia del Gobierno. Los promotores de la revuelta no admiten responsabilidad alguna y todavía, desde la tribuna de la investidura, volvieron a reafirmarse en sus conductas, amenazando con repetirlas al mínimo incumplimiento. Para muchos ciudadanos de buena fe, una actitud humillante. Quienes critican este arriesgado juego ven en la amnistía un caballo de Troya para desarmar la Constitución. Quienes defienden el acercamiento perciben la retórica excesiva como una farsa y piensan que pactar ya supone para los secesionistas una derrota y entrar por el aro de la legalidad. Creerlo es cuestión de fe, el tiempo dirimirá la duda. ¿Pero a qué precio? Inaceptable entregando a pedazos la igualdad y el Estado de Derecho.
Castilla y León hizo sus deberes y se encuentra dentro de ese 50% de regiones que menos "préstamos" ha pedido al Gobierno central. El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, exige igualdad cuando contrapone los 1.966 millones de euros que el territorio adeuda al Fondo de Liquidez Autonómico a los 73.000 millones que debe Cataluña, y que ahora se verán reducidos en más de 15.000 millones gracias al acuerdo de investidura. De ahí que el objetivo del Ejecutivo regional sea alcanzar un sistema de financiación autonómica que atienda a las necesidades reales y que se pueda abordar "de forma conjunta entre todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera".
Si la vuelta del caciquismo en una versión moderna va a regir a partir de ahora el modelo territorial, no es para asentir con docilidad ni cruzarse de brazos. Una España de dos velocidades acabará consolidándose si unos gozan de ventajosos privilegios por influjo de los equilibrios en el alambre y otros esperan pacientes mejoras sanitarias, que se ejecuten infraestructuras en las que ya se había alcanzado cierto consenso, como la reapertura del tren Ruta de la Plata, o la aplicación de una fiscalidad diferenciada que impulse la industria de la comunidad en la que residen casi 2,4 millones de habitantes.
Nadie sabe dónde desembocará el recorrido que acaba de iniciarse. Pero sí que desde los primeros pasos a Castilla y León no le conviene permanecer muda, escéptica o ausente. Va a ser una legislatura para agudizar la atención. Para que los dirigentes de la región luchen por hacerse oír y muestren criterio. Para reivindicar con valentía protagonismo en defensa del interés de los castellanoleoneses, conjurando sus miedos y calmando los ánimos. Para empezar a hablar, de verdad, con voz propia. Ese es el camino.
