¿Estamos los ciudadanos verdaderamente amparados por las administraciones públicas?

El miedo al conjunto de gastos que implica acudir a los tribunales es el peor aliciente

Calculadora junto a dinero

Calculadora junto a dinero / GESTHA

Los ciudadanos nos estamos acostumbrando a aceptar comportamientos abusivos de las diferentes administraciones públicas, dado que el sentimiento que tenemos es que poco o nada podemos hacer. Lo cierto es que dichos comportamientos abusivos los interpretamos ya como normales y llegar a ese punto es verdaderamente preocupante. Es claro que la administración, que debería obedecer al interés de todos los ciudadanos, ha pasado a servir al interés de ella misma, ejerciendo como juez y parte y aprovechando que pocos son los ciudadanos que acuden a los tribunales para defender sus derechos. El miedo al conjunto de gastos que implica dicha vía es el peor aliciente.

Para entenderlo, el mejor ejemplo (o el peor, según se mire) es el del Ayuntamiento de Zamora en su gestión del conocido como impuesto de las "plusvalías". Este impuesto grava el supuesto incremento del valor del suelo en cualquier tipo de transmisión de inmuebles. Lo que llama la atención es que este Ayuntamiento lo cobraba sabiendo que muchas de las transmisiones se estaban llevando a cabo con pérdidas y esa situación no impedía que se siguiera exigiendo el pago. Es cierto que en ese momento el Tribunal Constitucional no se había posicionado, pero si el Ayuntamiento hubiera sido cercano al ciudadano, como debería ser, hubiera procedido a reformar el injusto impuesto, lo cierto es que sí que se dio prisa cuando finamente se declaró nulo, precisamente por haber supuestos de no incremento o incrementos pequeños en el valor del suelo en la transmisión. Una administración que adapta su legislación solo cuando le interesa se ajusta a lo dicho al comienzo de este artículo, sirve a su propio interés y no al interés de los propios ciudadanos.

La Administración ahorra dinero a costa del contribuyente y además le traslada la responsabilidad en el supuesto de que haya algún error

Una vez que se declara la nulidad del impuesto, lo que prometió y era lógico era la revisión de oficio de los indebidamente cobrados, pero esa promesa quedó en el olvido y muchas de las reclamaciones que se hicieron fueron ninguneadas. En la actualidad, cuando no se pueden gravar las transmisiones con pérdidas, el Ayuntamiento está reclamando su pago con escritos sin motivación suficiente y rechaza los recursos bien mediante el silencio administrativo, bien con escritos repetitivos que impiden la correcta defensa de los administrados. El Ayuntamiento de Zamora sigue el guion, sabiendo como sabe que el ciudadano no acude a la vía judicial, dicta resoluciones incompletas y con falta de motivación y con ello cierra en falso la vía administrativa. El perfecto modelo de una administración que abusa siendo juez y parte en los derechos del ciudadano.

Todo no queda aquí, obliga a los ciudadanos a liquidar el impuesto a través de una web que no siempre funciona como debiera, de tal manera que exige unos conocimientos y medios técnicos que no siempre están a la mano de todos o bien a la contratación de servicios profesionales. La Administración ahorra dinero a costa del contribuyente y además le traslada la responsabilidad en el supuesto de que haya algún error. Llama la atención que se denomine autoliquidación, precisamente para exigir dicha responsabilidad al ciudadano, cuando lo cierto es que la aplicación no permite hacer cálculo alguno, simplemente comunicar datos en un modelo cerrado.

Es claro que ha llegado el momento de exigir que la administración pública, especialmente la más cercana, como son los ayuntamientos, de verdad se vuelquen en los ciudadanos, facilitando los trámites, escuchando y siendo cercanas a sus necesidades y, por ello, corrigiendo el formato que estamos sufriendo estos ocho últimos años en el Ayuntamiento de Zamora.

(*) Zamora Sí

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