Sirven, y son utiles, en pleno siglo XXI, las diputaciones provinciales

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Cartas de los lectores

Cartas de los lectores

Toda actividad humana debiera de estar en permanente análisis de su comportamiento respecto a la consecución de sus objetivos; es decir, verificar que en función de las respectivas competencias y, subsiguientemente, obligaciones, las cumple satisfactoriamente, en el mayor grado posible, y teniendo en cuenta la hipotética inteligencia, bonhomía, laboriosidad, y afán de superación de quiénes tienen que ejecutarla para solucionar la problemática de sus destinatarios, en el mayor grado posible.

Y una de esas actividades es la legislativa cuyos titulares, que se suponen; lo que a veces es mucho suponer, por lo que recientemente han publicado los medios de comunicación, respecto a la supuesta afición, entre otras, de algunos, a las “casas de lenocinio”; tienen en cuenta “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, Código Civil, art. 3º.1, “dixit”, las normativas que configuran el ordenamiento jurídico.

Consecuentemente, organismos públicos diseñados en los primeros años del siglo XIX, verbigracia las Diputaciones Provinciales, podrían, y deberían, ser evaluados por expertos independientes, o sea que no sean militantes de ningún partido político, que no sean sindicalistas, que no tengan relaciones personales con quienes tengan intereses de esa naturaleza en ellas, o por pertenecer a las mismas, por cualesquiera motivos; que, con un mínimo de sapiencia, objetividad, conocimiento de la realidad, independencia de juicio, de intereses personales y espurios, expongan si tienen, hoy en día, su razón de ser y de existir.

Y es que toda Administración Pública tiene elevadísimos costes de funcionamiento, como los del personal de plantilla, como consta en sus Relaciones de Puestos de Trabajo, los de los diputados provinciales, sindicalistas, asesores, las aportaciones a partidos políticos y sindicatos, como se verifica analizando las distintas partidas presupuestarias y los créditos de que están dotadas en sus presupuestos generales.

Y es que el gasto público que gestionan tiene que rentabilizarse social y económicamente, “Juan Español” tiene derecho a que las elevadas cuotas tributarias que abona a la Hacienda pública, mientras tenga su domicilio fiscal en “la piel de toro”, sean administradas con rectitud, con eficacia, con eficiencia, que superen con “matrícula de honor” el “análisis coste-beneficio” al que debieran someterse, como que se publicitarán sus resultados en el que debiera ser “un ejercicio periódico de transparencia y rendición de cuentas”.

Un Plan Anual de Actividades que “contenga las iniciativas”, detallado, bien comunicado, bien explicado, como la “institucionalización de la evaluación de políticas públicas” provinciales, inspirándose en la Ley 27/2022, aportarían “luz y taquígrafos” respecto al quehacer de las Corporaciones Provinciales y de los empleados públicos y demás individuos que, por variopintos motivos, de ellas reciben su “soldada” y subvenciones.

Ah ¡y téngase en cuenta la existencia de las Comunidades Autónomas, que, de alguna manera tienen algunas competencias similares, lo que podrán dar lugar a solapamientos de tareas, y gastos indebidos, consecuentemente. Por cierto, las de carácter uniprovincial, obviamente, carecen de Diputaciones Provinciales.

Marcelino de Zamora

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