La desigualdad de la mujer agrava la brecha de Zamora

La celebración del 8 de Marzo ha transcurrido en un clima de absoluta división que ha podido salvar los muebles, al menos en parte, en la manifestación que cerró la jornada en la capital zamorana el pasado miércoles. Las convocantes, entre las cuales también existían diferentes posturas sobre las polémicas leyes “trans” y del “solo sí es sí”, dieron un ejemplo de cordura apelando a la “complicidad y la protección del movimiento” feminista. Cierto es que la participación no fue tan masiva como en la histórica convocatoria de la prepandemia y que, seguramente, haría falta aún una mayor unidad para que ese 50% de la población que constituyen las mujeres se sintiera plenamente representado, pero al menos pudo alzarse una sola voz contra la desigualdad. Y eso es lo fundamental.

La división del feminismo es lo peor que podría pasarle al legado de una larga lucha protagonizada por las generaciones precedentes; toda una falta de respeto para las que han combatido la discriminación y reivindicado activamente la igualdad, también para quienes solo tuvieron la opción de padecer la represión, el paternalismo, la negación de oportunidades en el acceso al conocimiento y en el mundo laboral.

En Zamora, a igual puesto y desempeño, la mujer puede cobrar 6.000 euros menos al año en empleos relacionados con la banca, la industria y el comercio. Y eso tiene una consecuencia directa sobre la despoblación

El enfrentamiento es la mejor baza que se puede otorgar a quienes todavía hoy niegan con sus palabras o hechos la defensa de las libertades para las mujeres en el marco de lo contemplado en la Declaración de Derechos Humanos. La polarización social se ha trasladado al movimiento por la igualdad y eso es un retroceso sin paliativos. Hay quien se ha cuestionado la participación abierta en este 8-M, arrastrada por la demonización del feminismo por parte de quienes pretenden divulgar un modelo de sociedad caduco. Sin dejar de ser importantes las cuestionadas leyes de la polémica, la crispación y el enfrentamiento que las acompañan hacen demasiado ruido, de forma que la vista se aparta de cuestiones trascendentales que impiden avanzar a las mujeres en pleno siglo XXI.

El feminismo es un movimiento igualitario que necesita tanto de las mujeres como de los hombres para alcanzar sus objetivos. No se trata de imponer superioridad alguna, sino de cerrar las lacerantes brechas que siguen existiendo en el mundo laboral y político. Una situación que, a estas alturas, sigue requiriendo de la existencia de normativas y leyes que ayuden a rebajar las distancias actuales, porque la meritocracia no funciona y el ascensor social que era la Universidad, donde son mayoría las egresadas en muchas titulaciones, está definitivamente averiado. Las pioneras de la investigación alertan sobre la disminución de estudiantes en las carreras técnicas y de innovación, las denominadas STEM. Es palpable, por ejemplo, en la presencia minoritaria de alumnas en el campus Viriato: solo una de cada cuatro estudia alguno de los grados de ingeniería. No ocurre lo mismo en Magisterio o Enfermería, que siguen identificándose como carreras donde encajan mejor las mujeres.

Ese sentimiento, el de encajar en mundos que siguen siendo mayoritariamente dirigidos y formados por hombres, ahonda, además, la inseguridad entre quienes optan por carreras donde la presencia de la mujer corre peligro de volver a ser anecdótica. Es el síndrome de la impostora, de la duda de las propias capacidades, que solo se cura haciendo ver que el éxito en el ámbito tecnológico y científico no tiene sexo, como tampoco lo tiene en cualquiera del resto de las profesiones de un mundo laboral que debiera ser inclusivo por definición.

La división de este 8-M ha empañado cuestiones tan lacerantes como la brecha salarial. En Zamora, a igual puesto y desempeño, la mujer puede cobrar 6.000 euros menos al año en empleos relacionados con la banca, la industria y el comercio. Y eso tiene una consecuencia directa sobre la despoblación, porque es un inconveniente añadido a la falta de oportunidades que espolea la emigración. La mujer siempre es la primera en hacer las maletas en busca de horizontes menos adversos. Tras ellas, pueblos y pequeñas ciudades se vacían, a medida que crece la masculinización del mundo rural.

El fenómeno es ya de tanta envergadura que impide la aplicación de políticas de igualdad como la que acaba de anunciar el Gobierno central: en la inmensa mayoría de los ayuntamientos la formación de “listas cremallera”, en la que se alternen hombres y mujeres, es una quimera de idéntico calibre a la repoblación. En 2019 en una provincia de 248 municipios solo se eligieron 41 alcaldesas. De los más de 1.500 concejales solo 360 son mujeres. Alguna de ellas ya ha salido al paso esgrimiendo la cruda realidad: la alternancia obligatoria dejaría sin ayuntamientos a un buen número de localidades. Más de 30 son las corporaciones integradas sólo por hombres.

Y en los puestos de responsabilidad se repite lo mismo que en el mundo laboral: lo habitual es que las mujeres se ocupen de las áreas más feminizadas tanto en los gobiernos locales como en los autonómicos. Por estas y otras razones siguen siendo necesarias hoy en día políticas de igualdad, incluidas las cuotas. No hay otra forma de romper definitivamente los denominados “techos de cristal”. Ni siquiera en sectores donde tradicionalmente la mujer ha sido el pilar invisible, como la agricultura y la ganadería. Apenas un 9% de las explotaciones de la provincia tienen dueña como agricultora a título principal.

Existe una larga lista de motivos que hacen inexcusable la unidad para avanzar. Por ello, resulta imprescindible apartar diferencias y buscar puntos en común. Es lo que sucedió días antes en las Cortes de Castilla y León. El Parlamento regional, tan acostumbrado a la bronca como el resto de instituciones españolas, vivió lo más parecido a un espíritu de consenso. Una proposición no de ley del PP en aras de facilitar la necesaria igualdad obtuvo el respaldo de todos los grupos políticos, salvo Vox.

Queda mucho camino por delante. La última estimación para alcanzar la paridad real en España la sitúa en un horizonte de 33 años. Y eso le cuesta a la sociedad nada menos que 200.000 millones de euros al año, casi un 20% del PIB. La desigualdad es un lujo que no podemos permitirnos.

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