Suma y sigue la influencia de la política en la alta Justicia Española

Ya lo he dicho otras veces y me refiero principalmente al Tribunal Constitucional (TC) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Evidentemente sé que esto también ocurre en los Tribunales Superiores de muchas autonomías y audiencias provinciales, como no podía ser de otro modo, ya que son elegidos por el CGPJ del momento. No entro en lo que ocurre en cada juez en particular, aunque, por desgracia, la ideología también puede afectar a sus sentencias si tocan el ámbito de la política partidista.

Personalmente todo esto me repugna y sé que también les ocurre a muchos jueces cuando se usan estos adjetivos ya inamovibles de “conservadores o progresistas” que definen a los magistrados previamente. Lo acabamos de ver en la reciente elección del nuevo presidente del TC y en la mayoría que ahora se han formado, que ha pasado a ser “progresista”. Los ciudadanos queremos que los jueces sean independientes y bien preparados. Lo demás es entrar en la arbitrariedad política muy alejada de la Justicia que deja de ser un poder ciego y siempre levanta su vendaje para mirar de reojo a quien le paga o promueve. Lo hemos visto meridianamente en los miembros del TC y CGPJ con mandato caducado según la Constitución que han seguido las directrices del Partido Popular y no han dimitido. No han entendido que todo mandato extendido por encima de los márgenes que marca la norma es necesariamente corrupto, aunque no se pueda presentar contra ellos una demanda por defecto de la norma. Han dejado de ser jueces y son gregarios de un partido político.

No soy jurista, pero creo que algunos países europeos tienen modelos de nombramiento de estos órganos ya consolidados que nos pueden servir de referencia útil para hacer bien las cosas. Quizás no exista la perfección, a veces casi imposible de conseguir en muchos aspectos de la vida social, pero no me cabe ninguna duda de que se puede conseguir una gran mejora. Lo que tenemos ahora en España no puede ir peor.

Lo que vemos ahora en muchas de estas puñetas blancas no es limpieza sino la servidumbre a la política partidista que solo se justifica por la promoción rápida en su escalafón profesional, poder y sueldo

En todo este largo proceso se ha preferido construir narrativas cambiantes y falsas desde el poder político partidista, espoleadas por algunos grupos de comunicación, que entran en el terreno de la llamada “posverdad”, en decir, mentir simplemente no buscando hechos y datos reales y quedarse con el relato interesado a gusto del consumidor ideológico.

Como por desgracia todo se puede superar, tenemos el reciente auto del juez Pablo Llarena de fecha 12 de enero de 2023, hecho público coincidiendo con la fecha de la entrada en vigor de las modificaciones legales aprobadas por el Gobierno.

Según José Antonio Martin Pallín, que en su día fue Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo: “esta resolución judicial del citado juez causa y causará asombro en el mundo jurídico por extemporánea y por su contenido. Dedica cincuenta páginas a reproducir los hechos probados de la sentencia introduciendo, de su propia cosecha, expresiones descalificadoras que no figuran en el texto original, mostrando un especial encono que no es propio de la moderación y contención que debe exigirse de un texto judicial. Omite cualquier referencia al rechazo unánime de sus pretensiones plasmadas en las diferentes órdenes de detención y entrega que fueron rechazados por la totalidad de los tribunales europeos que tuvieron conocimiento de su contenido”.

“En la parte que dedica a los fundamentos jurídicos se vuelca en criticar la iniciativa legislativa de los delitos de sedición y rebelión, poniendo en cuestión no solo su texto sino también la Exposición de Motivos. Consciente del debate que ha suscitado la modificación de dichos delitos, no duda en posicionarse en favor de los que estiman se trata de una cuestión política e incluso la califican de alta traición en la que los Tribunales de Justicia no pueden ni deben participar. De forma beligerante, perdiendo el equilibrio que exige el principio de la división de poderes, en lugar de limitarse, si lo consideraba necesario, a valorar el impacto de la modificación legislativa sobre sus competencias como juez instructor, arremete contra el Gobierno y pone en cuestión políticamente una ley emanada de las Cámaras legislativas”.

Alguien con visión partidista, me podrá acusar de que este magistrado, ya jubilado, de talante comprometido y progresista, y que no estuvo nunca en el TC ni en el CGPJ, puede tener también una visión contaminada. Eso será lo fácil, pero por su perfil internacional y al estar ya alejado del poder y no cobrar de él ni esperar nada en el futuro vía el ascenso político y profesional, personalmente me da más credibilidad que otras opiniones.

Lo que vemos ahora en muchas de estas puñetas blancas no es limpieza sino la servidumbre a la política partidista que solo se justifica por la promoción rápida en su escalafón profesional, poder y sueldo. Y muchos ciudadanos sentimos vergüenza por ello.

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