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Eduardo Ríos

Desde los Tres Árboles

Eduardo Ríos

De incendios y fiscalías

La resolución de la Fiscalía archivando las diligencias abiertas a raíz de los incendios es sorprendente

Incendio en La Culebra MANUEL HERRERA| CESAR MANSO

Hace días los medios de comunicación daban cuenta de cierta resolución de la Fiscalía autonómica que resultaba, cuando menos, sorprendente.

Sucede que las diligencias abiertas tras las denuncias presentadas a raíz de los incendios del pasado verano en la sierra de La Culebra contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez- Quiñones, y contra el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, quedaban archivadas. O lo que es lo mismo, la denuncia que sindicatos, asociaciones y algún partido político pusieron una vez consumado el desastre quedaba convertida en agua de borrajas.

Según el Decreto de Archivo, la Fiscalía de Castilla y León entiende que la actuación de la consejería que preside el señor Suárez- Quiñones fue correcta. “… ante la adversa situación climática existente en la provincia de Zamora en el mes de junio de 2022, no permaneció pasiva o inactiva, sino que se realizaron actuaciones tendentes a dar solución a la situación planteada”, decía...

No sé. Podría ser que así fuera, sin embargo, esa pretendida excelencia en la gestión no parece tan incuestionable como se deduce de tal declaración. Y es que, siendo responsabilidad de la propia Junta no sólo la extinción del incendio sino también la toma de medidas preventivas, surgen dudas respecto a su actuación. Sí, muchas y razonables dudas.

A nadie se le escapa la importancia de las comunicaciones en cualquier situación de riesgo en la que intervengan distintos colectivos. La coordinación entre todos ellos debe ser absoluta en orden a conseguir la máxima eficacia y evitar daños mayores

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Ya en su momento denuncié desde esta misma columna el hecho de que, a pesar de las temperaturas extremas en los meses previos, la sierra no estuviese calificada en aquella infausta fecha como de alto riesgo. Del mismo modo, en mi columna del día 7 del mes de julio pasado enumeré una serie de medidas que cualquier lugareño de las zonas afectadas haría suyas y que, de haberse tomado a tiempo, hubiesen contribuido a mitigar los efectos explosivos del fuego. Por tanto, no insistiré. Sí hablaré, en cambio, de una falta de previsión, otra más y en este caso clamorosa, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta que preside Alfonso Fernández Mañueco.

A nadie se le escapa la importancia de las comunicaciones en cualquier situación de riesgo en la que intervengan distintos colectivos. La coordinación entre todos ellos debe ser absoluta en orden a conseguir la máxima eficacia y evitar daños mayores, sin embargo, en los incendios forestales que nos ocupan no fue así. Sucede que los sistemas de comunicación de la propia Junta y los que procedían de autonomías limítrofes eran incompatibles. ¿Es que nadie en la consejería conocía este detalle?

En el mes de noviembre del pasado año y a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León se adjudicó a cierta empresa el suministro de 240 emisoras portátiles de características muy complejas por un importe de 69.332 . Se trataba de modernizar los obsoletos equipos después de las incompatibilidades detectadas, un reconocimiento implícito del propio pecado, sin duda, pero la medida llegaba demasiado tarde. ¿No pudo haberse hecho esto mismo con anterioridad a la catástrofe?... No lo sé. Espero con impaciencia la respuesta por parte de quien corresponda pero, en tanto llega, me reafirmo en la aserción primera. Y es que, la resolución de la Fiscalía archivando las diligencias abiertas a raíz de los incendios es sorprendente. ¿ De verdad alguien piensa que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio tomó en todo momento las medidas preventivas necesarias para atemperar la tragedia ?

Llegado a este punto, no sé por qué recuerdo ahora la respuesta del consejero Juan Carlos Suárez- Quiñones el 4 de febrero de 2018 a la pregunta de por qué su Consejería rechazaba mantener el operativo de incendios todo el año. “… todo el año de ninguna manera. Es absurdo y un despilfarro. Sería tirar el dinero público…”. Así dijo. Ha pasado el tiempo, pero aún retumban en mis oídos aquellas palabras ¡Parece fueran de ayer!

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