Cecilio Lera no debe permanecer ni un minuto más como alcalde

El tiempo de Cecilio Lera en la Alcaldía de Castroverde de Campos está agotado y cada minuto que pasa se acrecienta el descrédito del Ayuntamiento, de los partidos que tienen en él representación y del resto de las instituciones zamoranas que, hasta ahora, no han abierto la boca sobre las condenas impuestas al alcalde.

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Hay dos acuerdos judiciales que lo convierten en maltratador y corruptor de menores confeso. El juez acaba de mandarlo de nuevo al banquillo de los acusados al entender que existen suficientes indicios de que abusó sexualmente de otras dos menores. Pero sigue siendo la máxima autoridad de uno de los pueblos importantes de la comarca de Tierra de Campos. Sin que nadie alce la voz.

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No falta, entre los vecinos, quien hace alusión a sus adicciones, a su “buen corazón” de fondo y que, al fin y al cabo “a quién más daño hace es a sí mismo”. La auténtica verdad es que Cecilio Lera hace daño a otras personas, vulnerables, como se lo hace al buen nombre de su pueblo y de la propia provincia de Zamora.

El caso de Cecilio Lera ejemplifica la España que debería estar enterrada hace tiempo: la de los caciques reconvertidos; la de una sociedad que aplaude la bravuconería y la agresividad del que se siente superior contra los demás y, especialmente, contra las mujeres. El silencio que rodea todo lo ocurrido, la vergüenza de las víctimas, cuando el sinvergüenza es el agresor, las puertas bien cerradas y, si apuramos, el “algo habrán hecho”, porque había dinero por medio, en el caso de las niñas 300 euros a cambio de sexo ofrecía el antaño afamado cocinero, o, a lo sumo las miradas conmiserativas, pero con las bocas bien cerradas.

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Hace menos de un mes, las instituciones zamoranas presumían de unidad frente a la violencia de género. Era lo que tocaba el pasado 25 de noviembre en multitud de actos simbólicos, charlas y performances diseminados por la geografía zamorana. No nos consta que ninguno de ellos se llevara a cabo en el pueblo que parece necesitar urgentemente un ejercicio masivo de concienciación.

Mientras en el Congreso aún se dirimen los fallos de una ley que pretendía ser garante contra una lacra social, la realidad encarnada en un pueblo de apenas 260 habitantes de la provincia de Zamora pone en solfa a todo el sistema

Cecilio Lera, con sus diez mayorías absolutas y los consiguientes cuarenta años al frente del Consistorio de Castroverde de Campos, era pura historia del PSOE zamorano. Conviene subrayar el verbo en pretérito, pero tardó mucho el partido en dar el paso para distinguir con nitidez que el ideario que proclaman los socialistas se cumple dentro de casa. Y aun así resulta insuficiente.

En 2019 ya pesaba sobre Cecilio Lera una condena por agresión, en este caso, a un hombre que conducía su tractor que le había adelantado en una carretera estrecha. El partido le había abierto expediente en diciembre de 2018 y concurrió a las elecciones como “independiente”, dentro de las listas del PSOE. En 2020, con la denuncia y posterior acuerdo judicial por malos tratos a su pareja y por amenazar a una camarera, acaba expulsado del partido. Pero en todo este tiempo ha seguido manteniendo el cargo de alcalde de un Ayuntamiento que había vuelto a ganar por goleada: de los siete concejales, cinco eran de las listas del PSOE y dos del PP. Lera pasó a ser “no adscrito”, pero mantuvo el bastón de mando a excepción de los cuatro meses que cumplió de prisión preventiva por el primero de los casos de abusos a una menor, en los que delegó sus funciones.

Pasado este tiempo y el del destierro del pueblo que llevaba aparejada la orden de alejamiento de su exmujer, el condenado por abusos y maltrato puede pisar el Consistorio en calidad de máxima autoridad del pueblo. Hasta podría convocar un pleno para dedicar un parque a Zelenski, igual que lo hizo en su día a Obama.

Porque, en todo este tiempo, nadie ha movido un solo dedo, a excepción de una petición verbal de la dirección provincial del PSOE para que dimitiera, para arrebatarle una distinción que claramente no merece.

Mientras en el Congreso, entre insultos y ausencia total de respeto, aún se dirimen los fallos de una ley que pretendía ser garante contra una lacra social que sigue creciendo, la violencia de género, la realidad encarnada en un pueblo de apenas 260 habitantes de la provincia de Zamora pone en solfa a todo el sistema.

El primero, el Código Penal, que no contempla penas de inhabilitación de cargo o empleo público en los casos de corrupción de menores, cuando resulta demasiado obvio que cualquier condenado por actos tan execrables está incapacitado para representar cualquier institución democrática.

El segundo es atribuible a la responsabilidad de los partidos políticos y a las estrategias a las que se recurren para armar las candidaturas y conseguir la cuota de poder. Elaborar listas en territorios despoblados de 248 municipios es todo un reto, así que no es nada difícil encontrar en esas candidaturas a personas que rara vez han pisado o pisarán el pueblo por el que concurren. Con esa premisa, ya no vamos a hablar de estructura ni de disciplina de partido.

El hecho es que ni PSOE ni PP han promovido una moción de censura para sacar a un delincuente de la Alcaldía. Ni, cabe deducirse por el año transcurrido, ningún órgano de ninguno de los dos partidos ha puesto sobre la mesa tal posibilidad.

El resto de fuerzas políticas, no representadas en Castroverde, tampoco ha hecho bandera de un caso flagrante que, en cualquier otro lugar, hubiera movido oleadas de protestas. Aquí no, todos callados, esperando ¿a qué? La única garantía es la inhabilitación a futuro impuesta por la juez del primer caso de corrupción de una menor. No podrá presentarse a las elecciones de 2023. Y hasta entonces, otros seis meses de vergüenza y de humillación para las mujeres y los hombres de un pueblo y de una provincia.

Si los del Congreso tienen un momento entre bronca y bronca, tienen hasta mayo para comprobar, “in situ”, la importancia de contar con una ley que, de una vez, erradique el machismo más rancio y mortífero, el que engendra la violencia bajo la que son asesinadas decenas de mujeres cada año en España.

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