Renovación del Consejo General del Aunque la separación de poderes no esté implementada en la Constitución Española, tal y como la plantearon Montesquieu y Locke, porque la designación del Gobierno de la nación recae en el poder que tiene mayoría en las Cortes y es éste a su vez el que designa al Consejo General del Poder Judicial; lo que pone de manifiesto que se trata solo de una separación de funciones.
Si la Constitución Española, dice: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. El artículo122. en su apartado segundo, establece que: “El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”. El apartado tercero añade lo siguiente: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”. Y la ley que actualmente regula los nombramientos, ascensos…. de los vocales miembros del Consejo General del Poder Judicial marca como debe articularse el sistema de elección.
El claro afán del poder político por controlar, y cada vez más, al poder judicial, es la causa de tanto desvarío
¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo para desbloquear la situación en que “vive” el CGPJ desde hace más de tres años? Para mí la respuesta es clara, pues, desde que se aprobó aa Constitución de1978, varias han sido las leyes que han visto la luz al respecto (la primera en 1985, la segunda en 2001 y la tercera en 2013, que es la que sigue vigente) y es evidente que en todas ellas se echa en falta más voluntad del legislador por fortalecer la independencia judicial; por eso, creo yo, de aquellos polvos han venido estos lodos. El claro afán del poder político por controlar, y cada vez más, al poder judicial, es la causa de tanto desvarío, y es por eso, creo yo, que el Partido Popular, para seguir adelante en la negociación que pueda dar paso a la renovación del CGPJ, ha vuelto a pedir al PSOE un posicionamiento más plausible en dirección a la despolitización de la justicia.
De momento, tras la reunión mantenida el pasado lunes por el presidente Sánchez y el líder de la oposición, el señor Núñez Feijóo, éste ha afirmado que el presidente ha mostrado interés en que se avance en una renovación conjunta del CGPJ y el TC, dentro de un marco que profundice en criterios de independencia, sin dar nombres ni candidatos, porque lo razonable es hablar solo de requisitos. Según ha manifestado Feijóo, también han alcanzado un principio de acuerdo para que diputados y senadores ejerzan la renovación de los vocales del CGPJ cuya designación les corresponde.
Sean cuales sean los pactos a que lleguen finalmente PSOE y PP al respecto (ojalá lleguen a alguno) de cara al futuro sería bueno que cuando se vaya a legislar sobre el poder judicial, sean las cámaras, de la mano de los jueces, las que marquen las pautas, y no solo los grandes partidos, porque de ser así, como ahora está siendo, además de dar una imagen lamentable, da que pensar que los políticos juegan a amordazar a la justicia y eso sí que es penoso.
Para que una democracia sea tal, los poderes legislativo y ejecutivo deben respetar de manera total y absoluta la independencia del poder judicial. Y si para que se den las condiciones para que tal independencia se pueda exigir, hay que modificar la Constitución, pues habrá que modificarla, porque no es de recibo que los políticos quieran ir por libre cuando de legislar sobre el tercer poder se trata.
El desmesurado interés que quienes ocupan los escaños de las cámaras legislativas tienen por controlarlo todo, incluidos los más de 5.000 jueces que imparten y administran la justicia en España, a mí me huele a totalitarismo, no a democracia plena.
Cuando en octubre de 2020, PSOE y Unidas Podemos, para intentar desbloquear el CGPJ, plantearon la propuesta de cambio del sistema de elección de los vocales a designar por las Cámaras, para que, en lugar de ser por mayoría de 3/5, pasara a ser por mayoría simple, el Grupo de Estados contra la Corrupción, que forma parte del Consejo de Europa, advirtió a España que tal propuesta podría suponer una violación de las normas anticorrupción…
El Partido Popular, con su apuesta por despolitizar la justicia y cambiar los sistemas de elección de los miembros del CGPJ y TC, a mi juicio, no pretende otra cosa que, de una vez por todas, cuando se legisle sobre el poder judicial, se haga teniendo en consideración el criterio de los jueces, dado que ellos y solo ellos, además de ser los que más saben del asunto, son los que deben ejecutar cuanto determinan las leyes, incluida la forma de nombrar, ascender a los miembros del CGPJ y de todos los tribunales. Yo, qué quieren que les diga, opino que es como debería ser.
Va siendo hora de que el poder judicial deje de ser una prolongación de los otros dos poderes.
