Todo el país sufre la inflación que ha disparado los precios, hasta de los productos más básicos. Pero en Zamora, con sueldos más ajustados y un menor poder adquisitivo, las consecuencias pueden ser aún más demoledoras y la provincia podría quedar inevitablemente atrás, ya muy lejos de cualquier atisbo de recuperación económica. Por eso es más necesario que nunca un gran pacto entre administraciones, empresas y trabajadores en el que se adopten medidas urgentes para que esta tierra no quede asfixiada y abocada a un pozo sin fondo.
Mientras el miedo a una recesión hunde el valor del euro a mínimos que no se veían desde 2002, el IPC ha experimentado un repunte en la provincia del 12%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En el otro lado de la balanza, la subida media de los sueldos que el Ministerio de Trabajo cifra en un 2,1%, muy por debajo de la media regional y nacional, y con la tasa de inflación más alta de los últimos 38 años.
Aunque las miras están innegablemente puestas en los empresarios, la provincia de Zamora tiene unos condicionantes particulares que obligan a dirigir la vista también a las administraciones públicas. Con cerca de 50.000 pensionistas, la mayoría de ellos jubilados, la pregunta sobre qué pasará con las percepciones públicas coge fuerza conforme se acerca el final del año. Una grave pérdida del poder adquisitivo de los jubilados se traduciría a buen seguro en una merma de los ingresos del pequeño comercio de la provincia.
Lo mismo sucede con los funcionarios. Zamora es una de las provincias del país en la que más peso tiene el sector público. Los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública indican que la provincia cuenta con cerca de 11.000 personas que trabajan para las administraciones, ya sea como funcionarios o como personal laboral. Esto es, el veinte por ciento del total del personal en activo. Por eso una mesa de negociación que quiera dejar sus efectos en Zamora debe contar, además de con patronal y empresarios, con las propias instituciones.
Al final lo importante es lo que ingresan las familias, con salarios medios de 1.262 euros, de nuevo la cifra más baja de toda Castilla y León según los fiables datos que la Agencia Tributaria elabora con la declaración de la renta que presentan los contribuyentes. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya ha advertido que, con una inflación desbocada e imposible de afrontar para la mayoría, “más que nunca hay que subir el Salario Mínimo Interprofesional”. No menos contundente ha sido el líder nacional de UGT durante su visita a la provincia al vaticinar “un otoño caliente” en cuanto a movilizaciones sociales. Para él también es imprescindible un incremento del SMI y alcanzar así al menos los 1.100 euros mensuales, máxime si se tiene en cuenta que el precio del gas y la luz vuelven a máximos del mes de marzo. La subida del 2,1% en los convenios del sector privado, subraya el sindicalista, son a todas luces “insuficientes para paliar el auge del IPC”.
Aunque en todo el país los trabajadores con nuevos convenios pierden poder adquisitivo, la situación de Zamora es más compleja que en otros territorios. Con unos sueldos más bajos que la media y con unos incrementos que también van a la cola, la provincia corre el serio riesgo de perder de vista el tren económico del país e, incluso, el de la propia comunidad. La renta de los zamoranos, indican los últimos informes elaborados por Eurostat, alcanza solo el 70% de la media de los 27 países de la Unión Europea. Dicho de otra manera. Si Zamora fuera un país dentro de la UE, la renta media sería la que tienen estados como Malta, Chipre o Eslovenia. Zamora no puede permitirse retroceder más posiciones en indicadores como este.
El mejor reflejo de la situación actual es el que los ciudadanos ven en los supermercados. El coste de la cesta de la compra para los zamoranos es ahora mismo 600 euros más elevado que el de hace un año, y la OCU maneja un estudio según el cual la previsión es que en la recta final del ejercicio el precio de la misma se encarezca 830 euros. Inasumible para muchas familias. En los últimos cinco meses llenar la nevera es un 50% más gravoso en la segunda subida de precios que se registra desde enero, tras la que sobrevino con el estallido de la guerra en Ucrania y sus primeros efectos: el aceite de girasol triplicó su precio y elevó el de todos los alimentos que contengan cereales, como el pan o la pasta.
Desde otra perspectiva, también hay unas consecuencias directas en la alimentación. El gasto que ahora realiza cada ciudadano en carne y pescado se ha hundido con consumos semejantes a los registrados a principios de siglo. Un zamorano adquiere de media al año 41 kilos de carne, frente a los 47 del pasado año, y 20 de pescado, cuatro menos que en 2021. Un descenso que se aprecia en otros alimentos básicos de la dieta mediterránea, ya que la compra de fruta ha bajado un 10%, y el de las hortalizas y patadas un 13%. El aceite de girasol, tan básico en las cocinas, ha subido entre un 45 y un 118%. La inflación corre el riesgo de dejar notar sus efectos también en la salud.
Por último, las instituciones también se verán obligadas a hacer encaje de bolillos para prestar sus servicios en igualdad de condiciones que este año sin que eso se traduzca en una elevada subida de impuestos para unas familias que están ya con el agua al cuello. El último ejemplo de la situación actual viene del Ayuntamiento de la capital, que acaba de anunciar que el año que viene destinará 392.000 euros a la calefacción de los colegios, el doble que este curso. Suben también los carburantes que usan los vehículos públicos, desde autobuses a camiones de recogida de basuras, como lo hace la luz que ilumina las calles. Servicios que se pagan con lo aportado por unos contribuyentes para los que el final de mes llega cada vez antes.
