La provincia de Zamora ha perdido en el fuego el 6% de su territorio. El que albergaba una masa forestal que era Reserva de la Biosfera, un ecosistema donde campaban desde el lobo a los ciervos. Pero, sobre todo, Zamora ha perdido vidas. Si la factura del primer incendio en el mes de junio era ya insoportable, la de la última semana es, sencillamente, inadmisible. Dos personas han muerto entre las llamas: un peón que cumplía con su trabajo, nunca suficientemente valorado, y un ganadero que perecía al intentar poner a salvo sus ovejas. Los animales que eran, a la vez, compañía y sustento. Otros dos hombres luchan por sus vidas en las unidades de quemados. Una tragedia sin paliativos.
Más de 5.000 personas de una treintena de pueblos se vieron obligadas a un éxodo, dejando a la suerte, a la mala suerte, naves ganaderas y cosechas. Cerraron la puerta de su casa sin saber si, a la vuelta, aún estaría en pie. Al regreso les esperaba la desolación: el paisaje de su infancia arrasado, ceniza para el presente, temor e incertidumbre para un futuro que, sin fuego por medio, ya se presagiaba difícil de lidiar.
Muchos testimonios recogidos por este diario tienen en común la sensación de abandono y desinterés por parte de las Administraciones e incluso por parte del resto del país. Han sido continuas las protestas por el maltrato que las cadenas televisivas daban a una tragedia como la que se vivía en Zamora. La atención llegó con el primer muerto y la suma de 60.000 hectáreas perdidas. Cuando ya se había instalado la desolación en los corazones de miles de zamoranos que se preguntan continuamente: ¿Y ahora qué? Cómo afrontar el día a día y renacer de las cenizas y el humo que lo han cubierto todo.
De las más de 100.000 hectáreas quemadas en todo el territorio nacional, cerca del 60% se concentra en la provincia de Zamora. Resulta inevitable cuestionarse si las ayudas llegarán en la misma proporción
De las más de 100.000 hectáreas quemadas en todo el territorio nacional, cerca del 60% se concentra en la provincia de Zamora. Resulta inevitable cuestionarse si las ayudas, anunciadas en mayor medida por la Junta de Castilla y León, hasta los 65 millones de euros, más los dos millones de la Administración central que abren la vía de indemnizaciones con la declaración de zona catastrófica, llegarán en la misma proporción. Y si lo harán a tiempo, antes de que todos esos vecinos emprendan el camino de la emigración.
Otro apunte a resaltar: las ayudas deben ser para quien se vio perjudicado. Cuando desde la Junta se propone que toda Castilla y León sea declarada zona catastrófica el discurso recuerda al injusto reparto de los fondos de cohesión o de Interreg. Es de desear que la tan cacareada transparencia del Gobierno regional funcione también para conocer a dónde va a parar ese dinero comprometido.
Nadie pone en duda las condiciones climatológicas extremas que han acompañado a los incendios, ni la tipología de los mismos que los convierte en monstruos contra los que es misión imposible luchar una vez se han declarado. Pero la consigna repetida tantas veces estos días, que los fuegos se apagan en invierno, se eleva a verdad categórica ahora que la excepción climatológica se ha convertido en rutina. Así lo dictan desde la Aemet a la ONU. Negarlo es de necios.
La política de gestión medioambiental tiene que cambiar radicalmente. El ecologismo bien entendido no es dejar a los bosques abandonados a su suerte, sino cuidar el entorno
Pero hay más factores que tener en cuenta. La despoblación, el abandono de la Zamora rural, tiene muchas aristas. Y una de ellas es la de las tierras sin cultivar que se llenan de maleza que nadie limpia porque no hay quien se ocupe o, como ocurre muchas veces, porque no dejan. La política de gestión medioambiental tiene que cambiar radicalmente. El ecologismo bien entendido no es dejar a los bosques abandonados a su suerte, sino cuidar el entorno. Vincular a quienes todavía habitan en los pueblos con sus bosques mediante una explotación racional de recursos, permitiendo sacas y limpiezas sin engorrosos trámites burocráticos. Dejar de plantar especies como los pinos sin alternar con árboles autóctonos para evitar que las sierras funcionen como un polvorín en época de sequía.
Igualmente, deben revisarse todos los protocolos y la consideración profesional de quienes integran las cuadrillas que actúan contra las llamas. No puede esperarse a una conferencia de presidentes como pide el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aunque sí se trate de una cuestión de Estado.
Es el Gobierno central el que tiene guardado en un cajón la figura del bombero forestal desde hace tiempo. Pero conviene recalcar que las competencias en Medio Ambiente corresponden a las comunidades autónomas. Mañana lunes, en las Cortes de Castilla y León, el consejero Suárez Quiñones comparece para explicar la tragedia vivida en Zamora y los demás incendios de la región. A estas alturas, suponemos que el consejero tendrá clara la diferencia entre derroche e inversión. Cuando esta semana anunció el pacto con patronal y sindicatos para revisar el obsoleto operativo contra incendios, lo que supone dar estabilidad a los 900 fijos discontinuos entre otras medidas, Suárez Quiñones parecía lanzar una advertencia al hablar de que costará “decenas de millones”. ¿Y cuánto ha costado apagar los incendios? ¿En cuánto tasamos las tragedias personales, económicas y sentimentales? ¿Cuánto vale la vida de un ganadero o de un peón que se enfrenta a un imposible con una manguera de agua?
Emplear toda la legislatura para redactar el nuevo modelo, en el caso de la Junta, son tres años más. El fuego no va a esperar, sorprende y consuma tragedias en días de diferencia, ya tenemos la prueba. Celeridad es lo que exige la situación
Las nuevas condiciones climáticas exigen una coordinación impoluta. Si, en el caso que nos ocupa, tenemos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidiendo perdón por posibles errores, y al consejero hablando de “disfunciones”, algo tendrán de razón las numerosas voces que se han quejado estos aciagos días de descoordinación.
Un mando único integrado por todas las administraciones, agilidad para prever y decidir sería lo deseable. No sabemos si lo posible. Lo que está claro es que debe actuarse con decisión y con rapidez. Emplear toda la legislatura para redactar el nuevo modelo, en el caso de la Junta, son tres años más. El fuego no va a esperar, sorprende y consuma tragedias en días de diferencia, ya tenemos la prueba. Celeridad es lo que exige la situación.
Dejen de hacer leyes desde los despachos. Caminen más allá de las mullidas moquetas y pisen la tierra, ahora requemada. Escuchen, aunque tengan que tragarse algún desaire, que eso también les va en el cargo
Y atiendan a la petición unánime: dejen de hacer leyes desde los despachos. Caminen más allá de las mullidas moquetas y pisen la tierra, ahora requemada. Escuchen, aunque tengan que tragarse algún desaire, que eso también les va en el cargo como representantes elegidos por sus votantes también en los pueblos. Presten atención a lo que les puedan contar todas esas personas que, obedientemente, subieron a los autobuses, evacuados como en una guerra.
No faltó ni la ONG que supliera otra “disfunción”: la de la comida de los brigadistas. Un bochorno más en este verano para recordar. No podremos olvidar jamás la vida carbonizada de tantos seres, el llanto silencioso de los evacuados. Las miradas de los más mayores, que intentaban conciliar el sueño en los camastros de emergencia mientras temían por sus casas, sus ganados, y hasta expresaban a los voluntarios el miedo de no encontrar el camino al baño en la noche eterna dentro del pabellón de Ifeza. No vamos a olvidar, y solo esperamos aprender para no repetir errores que despilfarran la vida de nuestros pueblos.
