Desolación es la palabra más escuchada estos días tras la tragedia medioambiental del incendio de la Sierra de la Culebra. El incalculable alcance del daño producido a la fauna y la vegetación en las treinta mil hectáreas arrasadas por el fuego nos deben llevar a la reflexión pausada pero profunda. Huyendo del llanto estéril y la vencida resignación en la que con tanta facilidad caemos los zamoranos y sin, por otro lado soliviantarnos de cara a la galería en el grito por el grito, el insulto o la irracionalidad.
Es necesario reflexionar sobre el origen, el desarrollo y los efectos del fuego. Para ello, si lo permite la política, esa mancha que parece inevitable que se extienda como el manto de ceniza sobre todo y sobre todos, debería darse transparencia, luz y taquígrafos para todos los informes técnicos que se emitan por parte de los funcionarios y responsables de la Junta de Castilla y León. No para que unos se los arrojen a otros a la cabeza, en la interminable guerra de los buenos y los malos que cambian según el lado desde el que se mire, sino para que pongamos los medios técnicos, humanos y, sobre todo, de sentido común, para que no vuelva a ocurrir ni en la provincia ni en la Comunidad Autónoma una hecatombe de tal magnitud.
Después de la catástrofe debe llegar una redefinición de la estrategia de protección y lucha contra los incendios, sobre todo en las áreas especialmente sensibles
Deben llegar dimisiones o ceses. Pero antes de pedirlos disparando hacia arriba sin más, lo que suele terminar con la caída de alguna cabeza de rango intermedio a la que pronto se ubica en otro lugar mientras se aprovecha para cerrar en falso cualquier investigación en profundidad, conviene que exijamos conocer con detalle cuáles han sido los fallos que han impedido una mejor prevención (no del incendio si se confirma que fue fortuito, sino de la intolerable escala que adquirió), los errores que impidieron un despliegue más rápido, efectivo y coordinado, si es que este era posible, de los medios existentes de las administraciones regional y central. Y, a pesar de que las condiciones meteorológicas eran las peores posibles, con muy altas temperaturas y vientos fuertes, es necesario conocer casi hora a hora por qué se adoptaron las decisiones que se tomaron y no otras porque 30.000 hectáreas después es evidente que las cosas no se hicieron bien y el daño es ya irreparable.
Después de la catástrofe debe llegar una redefinición de la estrategia de protección y lucha contra los incendios, sobre todo en las áreas especialmente sensibles. La gestión de lo público consiste en el establecimiento de prioridades para la asignación de los recursos presupuestarios disponibles y, quizás, estamos en unos tiempos en los que el dinero se dedica con demasiada soltura a nuevas necesidades no tan esenciales como algunas otras que políticamente son menos vistosas hasta que llega el desastre.
Por último, menos fotos y desplazamientos de los políticos y más apoyo para recuperar y relanzar el entorno natural y la actividad económica en todo el área afectada. Las cifras mencionadas hasta ahora no dejan de ser ridículas y algunas directamente insultantes. Que nunca más, no se quede en dos palabras.
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