Consumado el mayor desastre medioambiental del siglo en España, el incendio que calcinó 30.800 hectáreas entre la Sierra de la Culebra y el valle del Tera, solo hay una opción: reconstruir lo dañado y rectificar todo lo necesario para que jamás vuelva a repetirse una tragedia de semejantes dimensiones.
No hay tiempo para llorar y solo cabe esperar que el plan de la Junta de Castilla y León, dotado con 35 millones de euros, junto a los dos millones comprometidos por el Gobierno central como anticipo de otras ayudas al ser declarada “Zona afectada gravemente por una Emergencia de Protección Civil”, nueva denominación de la zona catastrófica de antaño, se pongan en marcha de inmediato. Y, además, que se activen dentro de un contexto de diálogo, como explicita el Gobierno regional, porque ambos factores serán determinantes para que toda la población afectada pase del luto y la indignación a la esperanza por un futuro que ahora se les presenta tan negro como el horizonte que ni siquiera se atreven a atisbar desde sus ventanas.
En un territorio golpeado por la despoblación que se queda, de la noche a la mañana, sin los escasos recursos sobre los que depositaron las ilusiones de los que aún resistían con la explotación ganadera, las setas o el turismo rural, cualquier demora resultará mortal. No caben laberintos burocráticos que retrasen la puesta en marcha de la acción global, más allá de todo lo que se está realizando ya de forma puntual, como garantizar el suministro de piensos al ganado que antes pastaba en la sierra ahora calcinada.
En España se destina en cada ejercicio cerca de mil millones de euros a labores contraincendios. El 80% de esa exorbitante cantidad de dinero va directamente a apagar el fuego y solo un 20% a tareas preventivas
El Plan de la Junta contiene puntos a resaltar, que trascienden otros igual de importantes como las ayudas directas y de créditos blandos. Hay que subrayar todo lo que afecta a bonificaciones fiscales para los sectores golpeados tan duramente y que deben ponerse de nuevo en pie. Tanto como el plan de reforestación contemplado en el horizonte hasta 2032 con el objetivo de devolver el color verde que ha sido y será el emblema de Zamora. De cumplirse todos esos objetivos e inversiones previstas, el optimismo resurgirá de entre las cenizas.
Esos son algunos de los deberes de la Administración, pero en el capítulo de esa solidaridad espontánea que surge de catástrofes de la magnitud de lo ocurrido en la Culebra, veinte veces superior al terreno afectado por el volcán de la Palma, hay que destacar el papel de particulares y de banca con Caja Rural de nuevo al frente poniendo a disposición de los afectados desde los primeros momentos, además de créditos blandos, medio millón de euros a fondo perdido. Sin duda, ejemplos de ese espíritu de colaboración necesario para el progreso no solo de una comarca, sino de toda la provincia de Zamora.
Pero la dimensión del incendio, un año después de otro enorme en la provincia de Ávila, debe servir para revisar la política medioambiental de la comunidad para que nunca más se vean arder sus montes. No se tiene que ir muy lejos para ello porque en Castilla y León hay una provincia, Soria, que es todo un ejemplo en cuanto a gestión de bosques.
Contar con un dispositivo estable, aunque se refuerce en las fechas que la meteorología indique que existe un riesgo cierto, crearía puestos de trabajo y fijaría población. Eso nunca puede ser despilfarro sino inversión
Lo innegable es el altísimo coste que los incendios forestales tienen, en un contexto en el que, pese la obcecación de unos cuantos, todos los expertos en Medioambiente coinciden en señalar que serán cada vez más frecuentes y más difíciles de apagar. España es el segundo país en superficie forestal de la Unión Europea, y el cuarto en superficie de bosque, solo por detrás de Suecia, según datos de Eurostat. Castilla y León es la comunidad con mayor superficie forestal de todo el país. En 2021 se registraron más de 5.000 incendios. Y cada año una veintena de fuegos alcanzan la consideración de grandes incendios por superar las 500 hectáreas. Zamora casi cubre ya toda la estadística nacional de este año.
En España se destina en cada ejercicio cerca de mil millones de euros a labores contraincendios. El 80% de esa exorbitante cantidad de dinero va directamente a apagar el fuego y solo un 20% a tareas preventivas. El coste de sofocar un fuego oscila entre los 6.000 y los 10.000 euros por hectárea, según los diversos estudios publicados por universidades españolas. Las labores de extinción del último gran incendio de Zamora, el de Lober de Aliste en 2020, en el que ardieron más de 2.000 hectáreas, alcanzaron los 336.000 euros. Una simple regla de tres nos dice que, como mínimo, el de la Sierra de la Culebra ha costado más de 5 millones de euros. A eso hay que sumarle los innumerables daños ambientales y humanos. En resumen, cada incendio supone una carga económica insoportable para todos los contribuyentes, sin excepción. Ante este aluvión de datos, bien valdría revertir la inversión para dedicar más medios a la prevención.
Algunos de esos medios los tenemos en Zamora y se venían practicando: la ganadería extensiva se alimenta de pastos que limpian el bosque. Cada euro invertido en fomentarla retornará a la sociedad en forma de calidad alimentaria y cuidado del medio ambiente. El sector agrícola cobra cada vez más importancia ante el incierto panorama que arroja la situación internacional, merece la pena mimarlo. Recuperar, al menos parte, de los terrenos cultivables, además de permitir las limpiezas tradicionales de los montes y mantener limpios los cortafuegos.
Hay que revisar toda la política medioambiental, cuyas competencias pertenecen a la Junta de Castilla y León. Y rectificar aquello que, a la larga, no es un despilfarro, como la presencia activa durante todo el año de agentes forestales que vigilen y actúen. El despilfarro llega cuando se producen siniestros como el ocurrido. Contar con un dispositivo estable, aunque se refuerce en las fechas que la meteorología indique que existe un riesgo cierto, como ocurrió la semana pasada, crearía puestos de trabajo y fijaría población. Eso nunca puede ser despilfarro sino inversión.
Ojalá el arduo trabajo para poner en práctica todas las medidas anunciadas sustituya cuanto antes la indignación de miles de personas de toda la provincia y también del resto de España. Porque, a pesar de todo, queda lugar para la esperanza. Nos la dan parejas como la formada por Alberto y Laura, dos vecinos de Madrid que no renuncian a su sueño de cambiar los inconvenientes de una gran ciudad por la vida rural. Este viernes nos contaban en las páginas de LA OPINIÓN-EL CORREO que siguen adelante con sus planes y se trasladarán con sus hijos a Ferreras de Arriba, donde se inició el maldito incendio. La capacidad de resiliencia consigue repintar de verde el negro más oscuro, es pronto para bajar los brazos.
