Viendo la tragedia que se ha desatado en los últimos días en la Sierra de la Culebra, y que se extiende por Aliste y el Valle del Tera, hoy todas las administraciones públicas, Gobierno de España, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Zamora, Ayuntamientos y Dirección de la Reserva, todos, absolutamente todos deberían entonar el “Mea Culpa” por este Incendio de dimensiones trágicas, más de 30.000 hectáreas.
No se puede legislar detrás de un ordenador en Bruselas, Madrid, Valladolid o incluso Zamora sin conocer de primera mano las zonas quemadas, los bosques y pastizales afectados por el incendio. Son el legado de nuestros abuelos. Plantaron los pinos, podaron robles, cultivaron las tierras y hacían quemas controladas. Durante los inviernos hacían sacas de leña, pastoreaban las tierras, hacían quemas controladas, araban quiñones y suertes de tierras y leñas y, convirtieron la zona en el pulmón verde de Castilla y León. No necesitaron que la zona fuera declarada Zona de Reserva, o Parque Nacional o Reserva de la Biosfera. La inteligencia natural de nuestros antepasados, conocedores del terreno que pisaban, no ha sido superada por aquellos que nos administran desde los intereses políticos y partidistas.
La provincia se enfrenta a una debacle ecológica y económica en la que los políticos se echarán la culpa unos a otros, sin que solucionen absolutamente nada
A finales del siglo XX y principios del XXI llegaron los “legisladores” cuyo conocimiento de los pueblos era ir de vacaciones a la casa del abuelo. Declararon estas zonas Reservas de la Biosfera o Parque Natural y comenzaron las restricciones a los trabajos que antaño se hacían para mantener el bosque. Se restringieron las sacas de leña, se acabaron con las quemas controladas, se limitó el pastoreo y las zonas de cultivo, se pusieron trabas a la ganadería extensiva, se protegieron especies como el lobo, el corzo o el ciervo. En definitiva, se convirtió la Sierra de la Culebra en una selva que la gente de los pueblos, la que allí vive y ama el bosque, era muy consciente de esta tragedia anunciada.
Los bosques de pino sin entresacar, la maleza y las hierbas que todo lo cubren, el bosque bajo crecido hacía intransitable el paso. Caminos sin limpiar, los cortafuegos eran meras cicatrices inservibles entre pinares de más de diez metros de altura, cauces de ríos sin limpiar, fuentes y lagunas olvidadas,…. Todo en aras de la protección de la “Reserva”.
El fuego que ha alcanzado los cincuenta metros de altura, el fuerte viento, la sequía persistente de los últimos años y, sobre todo de este último año, fue el coctel perfecto, que ningún político previó. No hizo falta que la mano del hombre prendiera el fuego, bastó el rayo de una tormenta para desencadenar la tragedia, que todas las administraciones inconscientemente alimentaron y que no supieron evitar.
La política ecológica del Gobierno está al servicio de ecologistas de salón y ordenador. La Junta de CyL , con sus pírricas medidas contra incendios que se activan en julio y se cierran en septiembre con independencia de la meteorología, los ayuntamientos y la Diputación al obviar que deben tener planes contra incendios en cada municipio y dotarlos de medios para luchar contra un incendio: mangueras, palas, carrocetas, voluntarios, lagunas e incluso pequeños embalses que permitan disponer de agua en las zonas que sirvan de reservorio y que permitan a los helicópteros coger agua en las zonas de incendio, realización de quemas controladas durante los inviernos, desbroces y sacas de leña y, un pastoreo de ganado intensivo, hoy restringido por la sobreprotección del lobo y demás fauna silvestre.
Si no se vuelve a las prácticas de antaño, se repetirán año tras año estas tragedias hasta que cuesten vidas humanas de las que ningún político querrá hacerse cargo.
Ahora la provincia se enfrenta a una debacle ecológica y económica en la que los políticos se echarán la culpa unos a otros, sin que solucionen absolutamente nada. Los pocos vecinos que siguieron viviendo en los pueblos y evitaron que desaparecieran, serán los únicos custodios que asuman los costes de esta tragedia, que es de todos. No son incendios de sexta generación, son incendios de los que los gobernantes son corresponsables por legislar y tomar decisiones desde detrás de un ordenador con el aíre acondicionado en verano y la calefacción en invierno, sin conocer el terreno sobre el que toman importantes decisiones.
Lo dicho, los fuegos se apagan en el invierno, y a ello deben contribuir todas las administraciones, con medios y con una legislación que permita el aprovechamiento racional de los recursos de los municipios y no los convierta en una selva para que un fuego los reduzca a cenizas. Esta situación actual no protege ni la fauna ni la flora. Los bosque son tumbas para ellos ya que su situación impide que se pueda controlar un fuego en estas condiciones.
El mundo rural ha de ser de quien lo habita y son los rurales los que deben estar presentes en el diseño de su futuro haciendo gala de la inteligencia natural que han demostrado tener a lo largo de los siglos.
(*) Senador constituyente
