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La Opinión de Zamora

Francisco José Alonso

Avales para golpistas

En desacuerdo con la decisión del Tribunal de Cuentas

Por la mínima, pero la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas decidió recientemente por 2 votos contra uno –el de la Presidenta de la sección, Rebeca Laliga- aceptar los avales presentados por los golpistas de la Generalitat. Les salvan así del embargo de sus bienes y propiedades con los que debían responder de sus actuaciones delictivas. Y se produce un doble quebranto a las arcas públicas: primero por el despilfarro en sí, y luego por el propio desembolso posterior. Una situación jurídicamente aberrante en la que el erario público se erige en prestamista de los golpistas, para exonerarles de sus multas sirviéndose del dinero de los contribuyentes que ya pagaron en su momento las irregularidades de los propios golpistas.

Ante la imposibilidad de encontrar una empresa privada o entidad bancaria que quisiera avalar a los golpistas de la Generalitat crearon por Decreto-Ley un fondo con dinero de todos para que lo hiciera.

La cuestión de fondo es si una administración que, según la propia justicia, resultó perjudicada por unos gastos que considera indebidos podría ser a la vez quien garantizara las responsabilidades económicas reclamadas

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Un dinero que salió de las arcas de la Generalitat, que es una parte de la arquitectura institucional y constitucional del Estado, y que para mayor “Inri” lleva años necesitando ser insuflada periódicamente con voluminosas y recurrentes inyecciones financieras procedentes de “Madrid”.

Un “Gobierno” erigido en prestamista de los delincuentes a quien exonera de sus multas sirviéndose de fondos públicos. Y que conlleva el fin de un embargo de bienes que ya había sido acordado por la parte instructora.

La cuestión de fondo es si una administración que, según la propia justicia, resultó perjudicada por unos gastos que considera indebidos podría ser a la vez quien garantizara las responsabilidades económicas reclamadas.

Se sienta así el precedente de que una entidad pública perjudicada por malversación pueda avalar a los mismísimos responsables de dilapidar el dinero de los contribuyentes.

Se rectifica de esta manera a la delegada instructora que apenas hace 3 meses rechazó ese respaldo público “al no amparar las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave, requisitos que necesariamente deben concurrir para declarar la presunta responsabilidad contable y que, de manera indiciaria, el Delegado Instructor debe apreciar para poder declarar la existencia de una presunta responsabilidad contable y dar lugar a una liquidación provisional positiva”.

Salida de los presos polÍticos de Lledoners una vez concedido el indulto, acompañados por el President Pere Aragonès, familiares y amigos a la salida de la prisión. RICARD CUGAT

Se da la circunstancia de que uno de los consejeros -Diego Íñiguez- partidario de que los golpistas sean avalados por fondos públicos era -hasta noviembre pasado- Director de Gabinete de la Ministra de Defensa Margarita Robles, quien fue sustituido por el marido -Juan José García de la Cruz- de la otra consejera también recientemente nombrada partidaria de los golpistas. Unas personas juzgadas, condenadas por el Tribunal Supremo, y luego indultados por el Gobierno.

Aceptar los avales de la Generalitat para cubrir las millonarias responsabilidades de los anti constitucionalistas por el referéndum ilegal y la propaganda en el exterior, pago de periodistas y anuncios independentistas ...lo que constituye una auténtica burla para el conjunto de la ciudadanía.

Ninguna decisión social básica, ya sea tomada por los Tribunales o por los Gobiernos, nunca puede gozar de la aprobación unánime de una sociedad heterogénea. Por eso esta decisión tomada por el Tribunal de Cuentas no puede gozar de la aprobación de la Liga Española Pro-Derechos Humano, Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España y el Centro de Estudios Manuel Azaña.

(*) Presidente de la Liga Española Pro-Derechos Humanos, Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España y Centro de Estudios Manuel Azaña

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