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La Opinión de Zamora

Editorial azul

Renovables y medio rural: un equilibrio posible e indispensable

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La polémica por la proliferación de las renovables se acentúa tanto en Zamora como en el resto de comunidades donde florecen, especialmente, las plantas fotovoltaicas. Otras provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía viven inmersas en el enfrentamiento entre los promotores de los parques solares por un lado y organizaciones agrarias y ecologistas por otro. “Renovables sí, pero no así”, es el lema de estos últimos con las últimas protestas centradas en Tábara, la comarca zamorana donde se prevé la instalación de dos nuevas planta. Se trata de intereses que no deberían ser antagonistas y que requieren de un arbitraje porque tanto agricultura como renovables son dos elementos indispensables para el futuro, no ya de una provincia sino de todo un país e incluso trasciende nuestras fronteras por la grave repercusión que puede tener la guerra de Ucrania.

Si nos centramos en Zamora, parece obvio que una extensión de 10.560 kilómetros cuadrados para una población menguante que, a principios de este año a duras penas superaba los 167.000 habitantes supone suelo en abundancia. La emigración de las zonas rurales ha dejado muchos terrenos sin cultivar. La producción agrícola y ganadera debe primarse como actividad esencial, pero la realidad impuesta es la de los cierres de explotaciones. Detrás de ese abandono se esconden muchas razones que tienen que ver con la falta de rentabilidad por la subida de costes de las materias primas y las dificultades para alcanzar, a cambio, precios justos que cubran los gastos de producción. Eso, unido a una Política Agraria Común desincentivadora está haciendo un daño de consecuencias imprevisibles en medio de un escenario tan delicado y volátil en el que vivimos.

Pero cuando el abandono se debe a causas de improductividad deben buscarse alternativas. Y una de ellas es la energía solar. Zamora dispone de casi 3.000 horas de sol al año. No es casualidad que las empresas de fotovoltaicas hayan puesto sus ojos en la provincia. Y atajar el cambio climático cuyas nefastas consecuencias se palpan en el día a día es otra de las razones por las que las renovables se han vuelto fuentes de energía imprescindibles, también por su bajo coste en comparación con otras. Terrenos baldíos de sobra y radiación solar, convierten a Zamora en candidata idónea para la instalación de huertos solares para la producción de energía fotovoltaica. Las plantas proyectadas suman en torno a los 500 millones de euros de inversión. Por el suelo zamorano se interesan las grandes sociedades.

Por qué no negociar tarifas favorables para los territorios que acogen las estaciones productoras. Justo lo que nunca se consiguió con las presas que, indudablemente, supusieron un impacto ecológico y urbanístico mucho mayor

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Las administraciones competentes para la regulación son la Junta de Castilla y León para las estructuras que producen hasta 50 megawatios y, directamente el Ministerio de Transición Ecológica para las más de mayor producción. El nuevo marco legislativo ha acabado con las primas y subvenciones de las que unos cuantos corruptos quisieron sacar tajada a principio de siglo.

Sin embargo, frente a las buenas prácticas de una serie de firmas, crece la especulación y con ella se da al traste con ese entendimiento mutuo entre quienes habitan y tienen su medio de vida en el campo y la producción de energía renovable. De ahí la importancia de que el marco regulatorio sea absolutamente estricto sobre las condiciones a cumplir. Las regulaciones a tener en cuenta abarcan los procedimientos urbanístico, industrial, energético y, sobre todo, medioambiental. Pero, a juicio de los más críticos, ese marco regulatorio es insuficiente.

Organizaciones agrarias como UPA han reclamado al Gobierno regional que publique un decreto con una normativa explícita que penalice la implantación de grandes plantas en terreno fértil o regadío.

Desde el punto de vista empresarial, las parcelas que alojen los parques deben encontrarse próximas a un punto de conexión o a una subestación para poder dar salida a la energía e incorporarla a la red eléctrica y así abaratar costes. Y eso, a veces, provoca la invasión de vegas. Es el caso de Toro o el de Tábara, donde la Administración realizó, en su día, una cuantiosa inversión para la modernización de los regadíos que ahora se vería afectada. El nuevo consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, se ha mostrado receptivo a una regulación más estricta, tal y como demandan agricultores y ecologistas. Ya en otras comunidades, como Andalucía, la Junta se ha mostrado dispuesta a ejercer de “árbitro” en las instalaciones de competencia regional.

La energía de las renovables es una exigencia incluida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), a desarrollar entre 2021 y 2030, siguiendo directrices de la Unión Europea para rebajar el nivel de emisiones un 23%. Pero la guerra de Ucrania plantea un nuevo panorama energético que obligará a acelerar y ampliar las inversiones que, solo en fotovoltaicas, pueden llegar a los 25.000 millones de euros en los próximos diez años para el conjunto de España.

Los analistas creen más que probable que la guerra se alargue en el tiempo. La Unión Europea aprieta las tuercas a sus países miembros para que las sanciones a Rusia incluyan la independencia energética total a corto plazo con objeto de cerrar la financiación del conflicto a Putin, dejando de comprar gas ruso. La factura puede ser desorbitante no sólo por el encarecimiento de los hogares. Puede llegarse a la paralización de producciones industriales que son la base de la economía y del empleo de un país.

Si España juega bien sus cartas, puede convertirse en una potencia mundial de producción energética. Pero lo que no debe conllevar, a cambio, es el desmantelamiento del sector primario ni un alto impacto ecológico, porque sería suicida. Toca buscar ese equilibrio.

Y, además, aprovechar la ocasión para que esa fiscalidad diferenciada comience a dejar su huella positiva en Zamora. Por qué no negociar tarifas favorables para los territorios que acogen las estaciones productoras. Justo lo que nunca se consiguió con las presas que, indudablemente, supusieron un impacto ecológico y urbanístico mucho mayor. Tarifas que ayuden a la implantación de otras empresas, a generar empleo y fijar población.

Existen ejemplos de buenas prácticas como el de los socios de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), a la que están adscritas más de 500 empresas. Sus consejos son estrictos en el terreno medioambiental y buscan la implicación de las gentes de los territorios en las plantas que acogerán terrenos que nunca dejarán de pertenecer al pueblo. Incluyen desde la conservación de especies vegetales autóctonas como la habilitación de pasos para fauna e incluso la posibilidad de que se puedan aprovechar zonas entre paneles como pastos.

El equilibrio, al menos, en teoría, es factible.

Pero ello no exime al deber de todas las administraciones para que se cumplan escrupulosamente los requisitos sin que colisionen los intereses agroalimentarios ni se perjudique nunca el medioambiente. En el otro lado de la balanza, las indiscutibles ventajas que pueden obtenerse, por lo que no cabe un rechazo frontal, sino un análisis profundo y la aplicación de normas claras y precisas por parte de los implicados.

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