Siento profundamente que se haya producido, precisamente en Castilla y León, la formación de un Gobierno compuesto por la derecha tradicional y constitucional, con la extrema derecha. Ese sentimiento me provoca preocupación, no solamente en el presente, también para el futuro por lo que pueda significar de retroceso en relación con el desarrollo económico, social, cultural y sobre todo de las libertades públicas y los derechos humanos fundamentalmente de las mujeres en nuestra Comunidad. Aunque este escenario podría esperarse, lo que no evita inquietud, desasosiego y desconfianza para muchos castellanos y leoneses.
Cierto es que desde la desaparición de Unión de Centro Democrático (UCD), la propuesta política de Alianza Popular (AP), después el Partido Popular (PP) ha sido convertirlo en un partido de centro intentando quitarse la franquicia franquista. Alianza Popular fue un partido político de carácter conservador, fundado durante la Transición española en su mayoría por antiguos jerarcas del régimen franquista, incluidos siete ministros de Franco, conocidos por los “siete magníficos; cuyo objetivo fue aglutinar a distintas familias del régimen en una coalición electoral. La estrategia de la ida y la vuelta hacia la moderación y el centro ha sido una constante de las diferentes derechas en España.
El propio Estatuto de Autonomía recoge en su preámbulo, que es una declaración de principios: “Que en estas tierras nacieron o pasaron una parte importante de sus vidas hombre y mujeres que contribuyeron a la formación de la cultura hispánica
Desde entonces todos los presidentes del PP y sus correspondientes direcciones han presentado sus programas, anunciando su intención e interés estratégico de moderación, supongo que para no dar miedo. Estos viajes hacia el centro ha sido una tarea permanente a lo largo de toda la trayectoria del Partido Popular, desde la transición de Alianza Popular al nuevo Partido Popular.
La nueva aparición de un partido de extrema derecha como es Vox, que compite con el actual Partido Popular y que se conocen por pertenecer sus afiliados votantes y en algún caso sus dirigentes al mismo grupo político y social, nos sitúa ante un nuevo escenario, ya que ese nuevo partido comparte Gobierno, de momento en Castillo y León, lo que significa y obliga al PP a definir con meridiana claridad cuál será su comportamiento gubernamental en esta nueva etapa de gobierno. Teniendo en cuenta que la mejor (y única) manera de esclarecer un compromiso político son las ideas y los proyectos. Algunos ya conocemos, como la derogación de la Ley de la memoria histórica y de la violencia de género; suprimir el aborto en la Sanidad Pública o suspender el espacio Schengen, entre otras lindezas. Otra paradójica ocurrencia se propone, que desde las instituciones autonómicas (la Junta) desmantelar el Estado de las Autonomías
Por cierto, el propio Estatuto de Autonomía recoge en su preámbulo, que es una declaración de principios: “Que en estas tierras nacieron o pasaron una parte importante de sus vidas hombre y mujeres que contribuyeron a la formación de la cultura hispánica. Cultura, humanismo y configuración institucional que después del descubrimiento se implantó en América. Castilla y León es una Comunidad rica en territorios y gentes, configurada por castellanos y leoneses; respetuosa con la pluralidad que la integra y defensora de la convivencia que la enriquece desde su nacimiento. Comunidad histórica y cultural reconocida, que ha forjado un espacio de encuentro, dialogo y respeto entre las realidades que la conforman y definen. Su personalidad, afianzada sobre valores universales, ha contribuido de modo decisivo a lo largo de los siglos a la formación de España como Nación y ha sido un importante nexo de unión con Europa y América. Que su autogobierno se fundamenta en la Constitución de 1978, así como en los derechos que, en el marco de ésta, amparan a los territorios de España y en el escenario europeo.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, fue fruto del consenso de las principales fuerzas políticas castellanas y leonesas y supuso el establecimiento de un sistema de autogobierno que hacía uso del derecho a la autonomía que reconoce la Constitución Española. Este rasgo es el que permite afirmar que el Estatuto es la Norma Fundamental en la que tiene cabida todos los ciudadanos de Castilla y León.
Ante esta nueva realidad los ciudadanos tienen derecho a conocer cuál va a ser la posición y el comportamiento del nuevo Gobierno y como se va a definir en algunas materias de importante trascendencia, por ejemplo en relación con la defensa de las libertades, el terrorismo, los derechos humanos, la violencia machista, la xenofobia, la homofobia, el respeto a las minorías. También el proyecto como Región Europea, que asume los valores de la Unión y vela por cumplimiento de sus objetivos y por la defensa de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico europeo.
